De la Espriella quiere sacar el poder de Bogotá: ¿empieza la verdadera descentralización de Colombia?

En las últimas horas, Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, explicó por qué el presidente electo, Abelardo de la Espriella, va a despachar desde Barranquilla y por qué, cuando esté en Bogotá, no lo hará desde la Casa de Nariño, sino desde el Palacio de San Carlos, actual sede de la Cancillería.

Según Lara, el presidente electo envía así un mensaje de profunda descentralización al convertir a Barranquilla en capital alterna del país, una decisión que considera uno de los actos políticos más importantes de las últimas décadas en Colombia.

“Se busca volcar al país hacia sus costas, que han sido territorios olvidados y con inmensas disparidades sociales. Y, al mismo tiempo, abrir el país al mundo, cambiarle el chip a Colombia en muchos aspectos: pasar de un país que ha sido bastante mediterráneo a uno con una mirada más global”.

Lara recuerda la expresión del expresidente Alfonso López Michelsen, quien decía que Colombia era una especie de Tíbet latinoamericano: un país ensimismado, que se mira bastante el ombligo y desconoce el inmenso papel que puede jugar en el escenario global por la importancia geoestratégica de su ubicación. “Los países deben mirar al mundo, y el mundo se mira desde las costas”.

Pocas decisiones del presidente electo han despertado un debate tan inmediato como la de gobernar desde sedes alternas en Barranquilla, Medellín y Cali. Desde Defensores de la Patria se argumenta que la propuesta encierra tres elementos claves: acercar el Gobierno nacional a las regiones, reducir el peso histórico de Bogotá en la administración pública y enviar un mensaje de reconocimiento a territorios que durante décadas han reclamado una mayor participación en las decisiones del Estado.

La iniciativa, sin embargo, trasciende el simple cambio de oficinas. En realidad, revive una de las discusiones más antiguas de la organización política: si el país debe seguir gobernándose desde un único centro de poder —que para las nuevas generaciones se simboliza con la imagen de la Casa de Nariño— o avanzar hacia un modelo en el que las regiones dispongan de mayor autonomía política, administrativa y fiscal.

No es una discusión nueva. Desde los primeros años de la República, Colombia ha oscilado entre dos modelos de Estado. Durante la llamada Patria Boba, el enfrentamiento entre federalistas y centralistas no fue únicamente una disputa ideológica, sino una lucha por definir quién debía ejercer el poder sobre un territorio profundamente diverso. Décadas más tarde, la Constitución de 1886 consolidó el modelo centralista que convirtió a Bogotá en el gran centro político, administrativo y presupuestal del país.

Aunque la Constitución de 1991 fortaleció la autonomía territorial y amplió las competencias de gobernaciones y alcaldías, la realidad muestra que buena parte de las decisiones estratégicas y de los recursos públicos continúa concentrándose en el Gobierno nacional. Esa percepción explica, en buena medida, la acogida que ha tenido el anuncio del nuevo mandatario en amplios sectores regionales.

Los estudios sobre descentralización coinciden en que numerosos municipios y departamentos siguen dependiendo de las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones para financiar buena parte de sus funciones. A ello se suma que muchas entidades territoriales carecen de capacidad fiscal propia suficiente para asumir con plena autonomía las responsabilidades que la ley les asigna. El Acto Legislativo 03 de 2024, precisamente, ordenó un incremento gradual de esas transferencias durante los próximos años, aunque persisten diferencias sobre el ritmo y el alcance que deberá tener ese proceso.

En ese contexto, la propuesta de De la Espriella adquiere una dimensión política que va más allá del traslado físico del despacho presidencial. Para unos representa un primer paso hacia una relación más equilibrada entre Bogotá y las regiones. Para otros, en cambio, constituye una medida de alto impacto simbólico que difícilmente modificará la estructura profundamente centralizada del Estado colombiano.

Lo bueno de la descentralización

El principal valor de la propuesta radica en el mensaje político que transmite. Durante décadas, gobernadores y alcaldes han reclamado una presencia más activa del Gobierno nacional en las regiones, no solo durante las emergencias, sino también en la definición de políticas públicas.

Despachar periódicamente desde Cali, Medellín o Barranquilla podría facilitar una interlocución más directa con las autoridades locales, reducir tiempos de respuesta frente a problemas específicos y ofrecer una percepción de mayor cercanía entre el Ejecutivo y los ciudadanos.

La medida también reconoce el peso económico y demográfico de ciudades que concentran buena parte de la actividad empresarial, industrial y portuaria del país. Para sus dirigentes, la presencia periódica del presidente constituye un reconocimiento institucional que trasciende el protocolo y refuerza la idea de que las regiones pueden desempeñar un papel más relevante en la conducción nacional.

Sin embargo, las ventajas empiezan a encontrar límites cuando el debate deja de ser simbólico y se traslada al terreno institucional. Es allí donde aparecen las principales preguntas sobre el verdadero alcance de la iniciativa.

Lo malo de la propuesta

El mayor interrogante de la propuesta no está en su intención, sino en su alcance. Gobernar algunos días desde Barranquilla, Medellín o Cali puede acercar simbólicamente al presidente a las regiones, pero no modifica, por sí mismo, la arquitectura institucional del Estado.

La verdadera descentralización supone transferir competencias, recursos y capacidad de decisión a gobernaciones y alcaldías. Significa que los territorios puedan planear, ejecutar y financiar una parte mucho mayor de las políticas públicas sin depender permanentemente de la autorización o de los recursos del Gobierno central. Nada de eso cambia, al menos por ahora, con el traslado del despacho presidencial.

En la práctica, los ministerios, los organismos de control, los altos tribunales y la inmensa mayoría de las entidades nacionales seguirán funcionando desde Bogotá. Eso obligará a mantener un permanente ir y venir de funcionarios, equipos técnicos, esquemas de seguridad y sistemas de comunicación para acompañar las jornadas de trabajo del presidente fuera de la capital.

A ello se suman los costos logísticos. Mantener sedes operativas en varias ciudades implica adecuaciones físicas, sistemas de seguridad, personal de apoyo y una coordinación administrativa mucho más compleja que la actual. 

También existe un riesgo de generar expectativas difíciles de cumplir. La presencia periódica del presidente en una ciudad no garantiza una solución más rápida a los problemas locales si las decisiones continúan dependiendo de una estructura administrativa altamente centralizada.

Lo feo de la idea

Los obstáculos más complejos aparecen cuando la discusión abandona el terreno político y entra en el jurídico e institucional.

Si el propósito es convertir esas ciudades en sedes permanentes del Gobierno o modificar la organización territorial del Estado, será necesario tramitar reformas legales e incluso constitucionales que deberán pasar por el Congreso. No se trata únicamente de trasladar un despacho, sino de redefinir competencias y estructuras que hoy están previstas en el ordenamiento jurídico.

Existe además un problema menos visible, pero igualmente importante: la capacidad de los propios territorios para asumir una mayor autonomía. El economista Salomón Kalmanovitz ha advertido desde hace años que numerosos municipios continúan rezagados en materia catastral, presentan una baja capacidad para generar ingresos propios y dependen excesivamente de las transferencias nacionales. 

En esas condiciones —sostiene—, aumentar los recursos sin fortalecer primero la capacidad administrativa puede traducirse en ineficiencia, despilfarro o corrupción antes que en un verdadero proceso de desarrollo regional. Por eso insiste en que la descentralización debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional de gobernaciones y alcaldías y de mecanismos de cooperación entre regiones que permitan alcanzar economías de escala.

Rodrigo Uprimny comparte la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía territorial, pero advierte que el país mantiene un ordenamiento profundamente desigual. Existen departamentos con capacidades administrativas y fiscales muy distintas sometidos al mismo régimen jurídico, mientras regiones con identidad económica y cultural propia permanecen fragmentadas entre varias entidades territoriales. Desde esa perspectiva, incrementar las transferencias sin corregir previamente esas asimetrías puede terminar profundizando las desigualdades en lugar de reducirlas.

A esas dificultades se agregan problemas de seguridad y gobernabilidad. Buena parte del territorio nacional continúa afectada por la presencia de grupos armados ilegales que limitan la acción del Estado. Despachar desde distintas regiones implica desplegar complejos esquemas de protección y garantizar condiciones que no siempre existen en las zonas donde el Gobierno pretende fortalecer su presencia.

Del sueño a la realidad

El propio presidente electo ya experimentó algunas de esas dificultades. Su intención inicial de realizar la posesión presidencial en una guarnición militar de Popayán terminó chocando con objeciones constitucionales, dificultades logísticas derivadas de la actividad del volcán Puracé y hasta problemas de seguridad en la vía Panamericana. Finalmente, la propuesta tuvo que replantearse. El episodio mostró que entre la voluntad política y la ejecución práctica suele existir una distancia considerable.

Las reacciones de los gobiernos regionales muestran, sin embargo, que la iniciativa encuentra terreno fértil. Cali ofreció la antigua sede de la FES, Barranquilla respaldó la idea de convertirse en capital alterna, y desde Antioquia se pusieron a disposición instalaciones oficiales para recibir al presidente durante sus visitas. Más allá de los inmuebles ofrecidos, el mensaje político es claro: las regiones quieren un Estado más cercano y una mayor participación en las decisiones nacionales.

Pero esa aspiración conduce a una pregunta mucho más profunda que la ubicación física del despacho presidencial: ¿qué significa realmente descentralizar un país?

Si la respuesta consiste únicamente en mover la oficina del presidente algunos días al mes, el impacto probablemente será limitado. Si, por el contrario, el objetivo es redistribuir competencias, fortalecer la autonomía fiscal, modernizar la administración territorial y construir instituciones regionales más fuertes, el país estará hablando de una reforma del Estado de enormes proporciones.

En ese sentido, la decisión de Abelardo De la Espriella tiene un innegable valor simbólico. Rompe una tradición de más de un siglo que convirtió a Bogotá en el centro casi exclusivo del poder político. Sin embargo, el verdadero éxito de la iniciativa no dependerá de cuántos días despache el presidente en Cali, Medellín o Barranquilla, sino de su capacidad para convertir ese gesto en políticas públicas que otorguen a las regiones más autonomía, mejores herramientas de gestión y una participación real en las decisiones nacionales.

Esa será, en últimas, la diferencia entre una descentralización de escenario y una descentralización del Estado. La primera cambia el lugar desde donde se ejerce el poder; la segunda transforma la manera como ese poder se distribuye. Y esa es la discusión de fondo que apenas comienza.