El creciente e innecesario ruido por la insistencia de Abelardo de la Espriella en posesionarse en una unidad militar

Lo más trascendental, hasta ahora, de la controversia por la intención del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse el próximo 7 de agosto en una unidad militar no es la discusión política, sino la reacción de las Fuerzas Armadas: un alto nivel de respeto por la institucionalidad civil.

A diferencia de otros momentos de la historia reciente –como el gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuando sectores políticos y de opinión cuestionaban la enorme influencia del general Luis Carlos Camacho Leyva en la política de seguridad y en la aplicación del Estatuto de Seguridad–, hoy varios oficiales expresan incomodidad con la idea de una posesión presidencial en una unidad militar, por considerar que podría reabrir un debate que el país creía superado: el de la relación entre el poder civil y el poder militar.

CAMBIO habló con varias fuentes del mundo castrense que coincidieron en un punto: consideran que el ruido generado alrededor de este tema era innecesario. Todos, sin excepción, afirmaron que acatarán la decisión que finalmente adopten las autoridades competentes y el presidente elegido por los colombianos.

Uno de los oficiales consultados, que pidió mantener en reserva su identidad, sostuvo que la discusión no se limita a la tradición de posesionarse ante el Congreso, sino al significado de utilizar una guarnición militar para la ceremonia. A su juicio, el asunto toca directamente el principio de subordinación del poder militar al poder civil.

“El presidente electo es plenamente legítimo, pero el Congreso representa a la nación en su conjunto. Por eso la posesión debe realizarse ante el Congreso, no solo por tradición, sino por el simbolismo democrático que encarna”, explicó.

Según esta fuente, si el mandatario quisiera rendir homenaje a militares y policías, podría hacerlo después de la posesión, con un acto especial en una base emblemática como Tolemaida o Larandia. “La posesión misma debe hacerse en el lugar que corresponde: el Congreso”, insistió.

El oficial agregó que ha discutido el tema con otros militares, activos y retirados, y que varios comparten la preocupación de que el uso recurrente de símbolos militares en escenarios políticos por parte del gobierno que arranca termine afectando la percepción de la institución. “Una cosa es la institución militar y otra el militarismo. Lo que preocupa es el uso político de los símbolos”, señaló.

Otra fuente expresó inquietud por el ambiente que podría abrirse durante los próximos cuatro años frente a una relación que en los últimos años ha mejorado porque cada cual sabe su rol. Aunque evitó hablar de divisiones internas, sí admitió que para muchos uniformados resulta extraño verse involucrados en una controversia de este tipo. Sin embargo, aclaró que dentro de la institución activa nadie se pronuncia públicamente sobre el tema.

También hubo voces que relativizaron la discusión. Un oficial retirado afirmó que, entre las personas con las que habló extraoficialmente, predominaba una posición de indiferencia: “Simplemente se acata la orden. No es un asunto que genere mayor preocupación operativa”.

Debate por el Ministerio de Defensa

La conversación derivó luego de otro tema sensible: el nombramiento de un militar retirado al frente del Ministerio de Defensa. Las fuentes consultadas recordaron que en Colombia existe una larga tradición de ministros civiles en esa cartera, aunque ha habido excepciones recientes, como la designación del general (r) Pedro Sánchez por parte del presidente Gustavo Petro.

Uno de los oficiales señaló que, aunque respeta profundamente la trayectoria de los militares que han asumido responsabilidades políticas, considera que el Ministerio de Defensa exige una capacidad de negociación política y de articulación con el Congreso que no siempre hace parte de la formación profesional militar. Citó como ejemplo a Carlos Holmes Trujillo, quien, sin ser experto en asuntos de defensa, tenía experiencia política para gestionar recursos y construir mayorías.

CAMBIO también conoció que, entre sectores de militares retirados, existe la percepción de que faltó más comunicación alrededor de la idea de realizar la posesión en una unidad militar. Algunos consideran que los mandos activos deberían expresar respetuosamente al presidente electo que, aunque valoran el gesto de reconocimiento hacia las Fuerzas Armadas, preferirían que la ceremonia se realizara en otro escenario y que, una vez posesionado, fuera recibido con honores en instalaciones militares.

El pulso en el Congreso

De la Espriella ganó esta semana un primer pulso político en el Congreso. La mayoría del Senado aprobó una proposición para que la ceremonia de posesión se realice con el Congreso sesionando en el departamento del Cauca y no en Bogotá. La iniciativa obtuvo 55 votos a favor, 32 en contra y 16 senadores se abstuvieron de votar.

La proposición fue presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, aliado del presidente electo. Sin embargo, la aprobación de esa iniciativa no resuelve la controversia sobre una eventual realización del acto en una guarnición militar.

La inquietud no surge solo de los militantes de izquierda, como son los congresistas del Pacto Histórico. El senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza, por ejemplo, sostuvo que el acto de posesión no puede separarse del principio de subordinación del poder militar al poder civil. “El presidente de la república se posesiona frente al Congreso de la República, no por un capricho, sino porque el presidente ejecuta las leyes que el Congreso hace”, afirmó.

Y añadió: “En un Estado de derecho y en una democracia, el poder militar tiene que estar clara y evidentemente subordinado al poder civil”.

El congresista uribista precisó que, si la posesión se realiza con el Congreso reunido en el Cauca, seguiría existiendo el elemento central de la fórmula constitucional: la presencia del Congreso. Pero advirtió que hacerlo dentro de un cuartel sería, en su opinión, un error, independientemente de la ciudad o departamento donde se celebre.

Las objeciones no provienen únicamente de sectores militares o de algunos dirigentes de derecha. En el Congreso también comenzaron a surgir voces que consideran que el escenario de la posesión tiene un valor constitucional y simbólico que no debería alterarse.

La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) anunció que no asistiría a la ceremonia si esta se realiza en una guarnición militar. “No estaré en ese acto si esa posesión implica un mensaje y un símbolo de sujeción y de sometimiento del poder popular, de este Congreso e incluso del mismo presidente, al poder militar”, afirmó.

En la misma línea, la senadora Carmen Patricia Caicedo (Pacto Histórico) sostuvo que “no es un buen mensaje definir un acto de posesión constitucional, como jefe de Estado, en una guarnición militar”. La congresista añadió que la relación institucional de De la Espriella con militares y policías “la va a tener una vez sea el comandante en jefe y tenga la investidura”.
 

La posición de Petro

La controversia aumentó después de que el presidente Gustavo Petro manifestara públicamente que no autorizará el uso de instalaciones militares para la posesión del presidente electo. A través de sus redes sociales, sostuvo que las guarniciones están bajo el mando del presidente en ejercicio hasta el último día de su cargo y que la transmisión del mando debe realizarse ante el Congreso de la República.

Petro insistió en que la ceremonia debe ajustarse a las normas vigentes y que el uso de recintos militares para ese acto no cuenta con su autorización.

La intención de De la Espriella, insiste, es la de rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y enviar un mensaje de respaldo a militares y policías que en su concepto fueron maltratadas durante la administración de Petro. El problema es que, según las fuentes consultadas, el debate podría terminar produciendo el efecto contrario.

Tras el debilitamiento del conflicto armado tradicional, las Fuerzas Militares han debido replantear buena parte de su misión: enfrentar amenazas transnacionales, combatir economías criminales y asumir nuevas responsabilidades en materia de protección ambiental y control territorial. En ese contexto, el uso de los símbolos militares en la disputa política se ha convertido en un asunto especialmente sensible.

Por eso, la discusión sobre el lugar de la posesión presidencial trasciende el protocolo. Lo que está en juego es el mensaje institucional que recibirá el país sobre la relación entre el poder civil y el poder militar. Y, a juicio de varios oficiales consultados por CAMBIO, es precisamente ahí donde el ruido empieza a volverse innecesario.