Iván Cepeda une al Pacto Histórico, pero empieza a alejar al centro

La derrota del 21 de junio no fracturó al Pacto Histórico. Ocurrió, por ahora, lo contrario. La decisión de Gustavo Petro e Iván Cepeda de cuestionar la legitimidad política de Abelardo de la Espriella sirvió para cerrar filas y darle un nuevo eje de acción a la oposición. Pero esa misma estrategia empieza a generar un costo político: mientras el petrismo exhibe una férrea disciplina, fuera de ese círculo crecen las voces que consideran que el camino de la desobediencia civil puede terminar afectando a otros sectores de la izquierda democrática.

A menos de un mes de la posesión presidencial, el país presencia así dos movimientos simultáneos. Por un lado, el Pacto Histórico se muestra cohesionado alrededor de la tesis de que persisten serias dudas sobre el proceso electoral. Por otro, dirigentes de centro, de centroizquierda e incluso figuras que acompañaron la candidatura de Cepeda insisten en que cualquier controversia debe tramitarse exclusivamente por las vías institucionales y con pruebas consistentes.

La demostración más reciente de esa cohesión ocurrió el martes, cuando la bancada del Pacto Histórico se reunió para escuchar al presidente Gustavo Petro. Horas antes, el mandatario había reiterado sus denuncias sobre un supuesto fraude tecnológico y afirmó que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda; el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

Fuentes en la Registraduría optaron por no responder a esta afirmación al recordar que en Colombia el proceso es manual y que cualquier ciudadano puede ingresar a las páginas para ver las copias de los resultados en los formularios físicos E-14.

De acuerdo con distintas fuentes que asistieron al encuentro a Palacio, Petro insistió en presuntas anomalías detectadas en algunas mesas de votación instaladas en Estados Unidos y pidió a los congresistas mantener una posición unificada frente a las denuncias sobre el proceso electoral.

El mensaje fue acogido sin fisuras. Al término de la reunión, el representante Gabriel Becerra afirmó que el mandatario expresó inquietudes sobre el funcionamiento del sistema de escrutinios y del software utilizado para el conteo de votos, mientras que la exministra Susana Muhamad aseguró que se adelanta una recopilación “muy seria” de las pruebas que serán presentadas ante las autoridades competentes.

En el escenario hay dos aspectos distintos, pero conectados: el supuesto fraude del que habla el presidente Petro y la legitimidad del mandatario electo, un punto sobre el que ha puesto la lupa Cepeda.

Dos días después, Cepeda reforzó esa línea de argumentación. En entrevista con Caracol Radio insistió en que ni él ni el Gobierno están promoviendo desconocer el resultado electoral, sino cuestionando la legitimidad política del presidente electo.

El senador volvió sobre una distinción que ha planteado desde el 23 de junio: la diferencia entre reconocer la legalidad de la elección y otra muy distinta considerar legítimo al elegido. “Una cosa es el reconocimiento legal de la elección y otra es la legitimidad de la persona elegida”, afirmó.

Según Cepeda, existen tres asuntos que deben ser esclarecidos antes de la posesión de De la Espriella: el juramento que hacen quienes adquieren la nacionalidad estadounidense, los interrogantes sobre una eventual relación con agencias de inteligencia de ese país y sus posiciones frente a la extradición.

“El presidente Petro y yo no hemos dicho que emprenderemos un camino mediante el cual se subvierta el orden constitucional. No ha habido una declaración en ese sentido”, sostuvo.

Y añadió: “Si el señor De la Espriella se posesiona el 7 de agosto y no deja clara su situación frente a la discusión del país, esa será una controversia que estará por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico”.

Una estrategia que fortalece al petrismo

Desde el punto de vista político, la apuesta le ha permitido a Cepeda asumir el liderazgo de la oposición al nuevo Gobierno. Ha mantenido movilizada a buena parte de la base social del petrismo, ha evitado que la derrota electoral derive en una crisis interna y ha ofrecido al Pacto Histórico un relato común en un momento especialmente delicado.

Sin embargo, ese mismo camino empieza a mostrar sus límites. Más allá del núcleo duro de la izquierda, aumentan las voces que consideran inconveniente trasladar el debate desde la legalidad de la elección –que corresponde resolver a las autoridades competentes– hacia la legitimidad política del presidente elegido.

El expresidente Ernesto Samper fue uno de los primeros en marcar distancia: “Estos no son tiempos para hablar de empalmes vengativos ni de desobediencias civiles, así sean pacíficas”.

En la misma dirección se pronunció el ahora exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, quien también se apartó de la convocatoria a la desobediencia civil. El constitucionalista Rodrigo Uprimny Yepes sostuvo que la desobediencia civil es “una figura cuya justificación filosófica puede debatirse”, pero estimó que, en las circunstancias actuales, resulta “particularmente inoportuna”.

El profesor Pedro Medellín, de la Universidad Nacional, fue más allá. A su juicio, cuando Cepeda afirma que no reconocerá a Abelardo de la Espriella como presidente, no está proponiendo una forma clásica de desobediencia civil en el sentido desarrollado por Henry David Thoreau, sino poniendo en cuestión la legitimidad de la decisión adoptada por los electores. 

Según Medellín, el principal efecto político de esa estrategia ha sido llevar al Gobierno entrante a suspender las mesas de empalme, evitando que la administración saliente deba rendir cuentas públicamente sobre buena parte de sus decisiones y contratos.

Las críticas también empiezan a llegar desde sectores independientes. La representante Cathy Juvinao, de la Alianza Verde, preguntó públicamente si existían congresistas del Pacto Histórico dispuestos a rechazar lo que calificó como “pretensiones golpistas” del presidente Petro. En otro mensaje sostuvo que Cepeda había pasado de ser “un senador serio y aplomado” a convertirse en “títere de Petro” y en “sepulturero de la posibilidad de una izquierda democrática”.

Naturalmente, muchas de estas posiciones provienen de actores con intereses políticos propios. Pero el escenario cambia cuando los cuestionamientos aparecen en voces identificadas con la defensa de la institucionalidad o incluso cercanas a la centroizquierda.

En esa línea se ubican los llamados de atención formulados por la defensora del Pueblo, Iris Marín, así como la posición del exministro Juan Fernando Cristo, quien hizo parte de la campaña presidencial de Cepeda.

Cristo defendió, en una entrevista con CAMBIO, el derecho del presidente Petro, del Pacto Histórico y de la campaña de Cepeda a presentar las acciones legales que consideren pertinentes sobre la elección, su financiación, el desarrollo del proceso o sus resultados. Pero recordó que corresponde a las autoridades competentes –el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, según el caso– resolver esas controversias dentro del marco institucional.

Ese matiz resulta decisivo. Una cosa es acudir a los recursos previstos por la ley para controvertir aspectos del proceso electoral; otra, mantener abierto un debate político sobre la legitimidad del presidente elegido una vez las autoridades han certificado el resultado.

Hasta ahora, la estrategia impulsada por Petro y Cepeda parece producir un doble efecto. Hacia adentro, fortalece la cohesión del Pacto Histórico y consolida a Cepeda como jefe de la oposición. Hacia afuera, en cambio, comienza a levantar reparos entre sectores que acompañaron su candidatura o que históricamente han defendido las causas de la izquierda democrática.

El manifiesto del centro

De hecho, un grupo de dirigentes e intelectuales del centro político publicó en las últimas horas un manifiesto en el que rechaza los cuestionamientos del presidente Petro y de Cepeda a los resultados de las elecciones, al considerar que ponen en riesgo la estabilidad institucional y desconocen un proceso electoral que califican como diáfano.

En el documento, recuerdan que al finalizar el escrutinio, Cepeda reconoció los resultados de las elecciones y que, a su vez, Petro tomó la decisión de llevar a cabo el proceso de empalme. “Sin embargo, en los últimos días uno y otro han comenzado a cuestionar los resultados electorales, en una actitud abiertamente antidemocrática colocando al país al borde de una grave crisis institucional”.

En la misiva sostienen que la desobediencia civil no tiene justificación en el contexto colombiano, pues la Constitución y el Estatuto de la Oposición ofrecen mecanismos legales para controvertir las decisiones del nuevo Gobierno. 

Eso sí, aunque reconocen que la doble nacionalidad de De la Espriella no le impide ejercer la Presidencia, le piden renunciar a la ciudadanía estadounidense para evitar posibles conflictos de interés. El manifiesto está firmado, entre otros, por Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, Moisés Wasserman, Eduardo Pizarro, Cecilia López, Jorge Humberto Botero, Juan Camilo Restrepo, Juan José Echavarría y Armando Montenegro, entre otros.

En conclusión, el desenlace de esa apuesta impulsada por Petro y Cepeda dependerá de si las denuncias logran traducirse en decisiones de las autoridades competentes o si terminan circunscritas al terreno de la disputa política. 

Por ahora, el Consejo Nacional Electoral ya entregó la credencial que acredita a Abelardo de la Espriella como presidente electo de unas elecciones de un proceso calificado como “transparente” por misiones internacionales de observación, entre ellas el Centro Carter y la Unión Europea, que respaldaron el desarrollo general de la jornada electoral.