Fiscalía le imputa cargos al exgobernador de Santander por contrato de colegio de más de 15.000 millones
El megacolegio agrícola que prometió para Suaita lleva más de dos años paralizado y, según la Fiscalía, lo construido tendría que demolerse. Es el tercer proceso penal que enfrenta el exgobernador Mauricio Aguilar, que ya espera juicio ante la Corte Suprema por los convenios con el canal TRO.
Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander entre 2019 y 2024, cargo que asumió luego de haber dejado su curul en el Senado y que ocupaba desde 2010, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Los delitos de los que se le acusan son los de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El origen de estos delitos, de acuerdo al ente investigador, sería en un proyecto de regalías para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita. Presuntamente, el miembro de la extinta colectividad de Opción Ciudadana habría incurrido en irregularidades “detectadas en la planeación, contratación y ejecución” en ese contrato que ascendería a los 15.280 millones de pesos.
En cuanto a los hechos, la Fiscalía asegura que las presuntas irregularidades empezaron en marzo de 2021. La situación está relacionada con que el predio donde estaría ubicada la obra fue adquirido por 551 millones de pesos “pese a que presentaba condiciones que comprometían su viabilidad, como fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años”.
El siguiente hecho de este caso estaría relacionado con la propia firma del convenio, dado que, primero, la delegó, y segundo, los documentos necesarios para ello estarían incompletos. Es decir, no estarían completos cosas como los estudios, diseños, licencias ambientales y partidas presupuestales.
Las irregularidades habrían continuado en octubre de 2023 cuando se solicitó una adición de 6.500 millones de pesos, “aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir el costo de las modificaciones”. Después se habría hecho un desembolso de 3.339 millones y, de ahí, es que la Fiscalía afirma que hubo un detrimento patrimonial.
El ente investigador también señaló tres particularidades. Primero, una persona de la Secretaría de Infraestructura habría establecido la inviabilidad del predio. Y, segundo, se estableció que el proyecto, además de haber sido suspendido en febrero de 2024, era innecesario debido a la existencia de 10 sedes que ya existían de otra institución educativa. Tercero, no se previó que el presupuesto tuviera capacidad de sostener nuevo personal y, tampoco, si habría suficientes estudiantes para justificar el proyecto.
Aguilar ya tiene otros dos expedientes abiertos
El 12 de agosto de 2024, un fiscal delegado ante la Corte Suprema imputó a Mauricio Aguilar por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El caso gira en torno a dos convenios que la Gobernación firmó con el canal regional TRO en 2020 y 2021, por más de 8.000 millones de pesos. El más grande, de 5.848 millones, tenía como objeto posicionar la imagen institucional del gobierno departamental.
Según la Fiscalía, esos convenios se firmaron sin estudios previos ni análisis de mercado y la propuesta la presentó el propio canal. Además, parece que entre los contratados había activistas de su campaña y empresas de personas que fueron padrinos de su matrimonio. "No me allano a los cargos que se me imputan", dijo Aguilar en la audiencia.
El 27 de octubre de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte lo acusó formalmente. El caso está a la espera de juicio, con la Contraloría y la Gobernación como víctimas.
Catorce meses después de esa primera imputación llegó la segunda. El 14 de octubre de 2025, la Fiscalía le imputó prevaricato por acción por la elección del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en 2023.
Según el fiscal, Aguilar no tramitó las recusaciones contra él y otros participantes y dejó votar a personas con posibles conflictos de interés. De esa votación salieron elegidos cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga. El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Aguilar tampoco aceptó esos cargos.
Y es que el entorno familiar del exgobernador no lo acompaña. Su padre, Hugo Aguilar Naranjo, fue condenado a 9 años por parapolítica. Su hermano, Richard Aguilar, también exgobernador, está en juicio por una red de corrupción en contratos de 2011 a 2015 que superan los 300.000 millones.
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