La Fiscalía de Francisco Barbosa volverá a intentar la semana entrante precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La audiencia está citada para el 10 de octubre. El risible fiscal/defensor Gabriel Ramón Jaimes derrotado y regañado por una juez ejemplar fue remplazado por otro llamado Javier Fernando Cárdenas que está siguiendo su mal ejemplo. La Fiscalía se convirtió en auxiliar de la defensa del expresidente imputado por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
Para la difícil tarea de desconocer las evidencias que obran en el caso, el fiscal Cárdenas se ha hecho acompañar de un fiscal auxiliar llamado Durley González Useda. El fiscal González tiene dos características comunes con Gabriel Ramón Jaimes: es santandereano y como él, trabajó en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.
Jaimes pidió la preclusión sin siquiera haber interrogado al señor expresidente Uribe sobre las numerosas pruebas que pesan en su contra. En el mejor ánimo de guardar las apariencias, los nuevos fiscales llamaron al exmandatario a un interrogatorio que efectuó el fiscal Durley González Useda.
Fue un continuo lanzamiento de bolas suaves para que las bateara el imputado. En los años que llevo leyendo expedientes y siguiendo audiencias judiciales, jamás había visto una diligencia tan ausente de carácter y rigor por parte de un fiscal. Una muestra de apocamiento y zalamería de quien debía actuar como investigador.
En las tres horas largas que duró la diligencia no hubo una sola contrapregunta. Uribe se explayó teatralmente, narró anécdotas, torció circunstancias, y al final de cada intervención se encontró con un sumiso “gracias, doctor”, por parte del fiscal González.
El fiscal perdió cada oportunidad de contrastar las afirmaciones de Uribe con las pruebas. Por ejemplo, el expresidente dijo que era una infamia que señalaran que casi todos los testigos a su favor tienen relación con la Oficina de Envigado.
La Fiscalía contestó con un “gracias, doctor” y no preguntó en cambio por la evidente relación de los testigos de la defensa con miembros de ese grupo delincuencial: el odontólogo Juan Manuel Aguilar es hermano de alias Rogelio, quien fue máximo cabecilla de la organización criminal; Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra figura en varios documentos judiciales como integrante de esa banda; la fiscal Hilda Janeth Niño fue condenada por recibir sobornos de Miguel Ángel Mejía Múnera, señalado enlace de la Oficina; y Ángela López, la abogada que escribió cartas atribuidas a reclusos de Cómbita a favor de Álvaro Uribe es la apoderada de alias Cesarín, el nuevo jefe de la agrupación mafiosa. Todos esos vínculos fueron registrados en una de estas columnas y están en el expediente.
El hombre que aseguraba que no renunciaría al Senado para escapar de la jurisdicción de la Corte Suprema, le habló al fiscal de su gran amor por la verdad. Sin sonrojarse sostuvo que el dinero que el autodenominado abogánster Diego Cadena le entregó al testigo Carlos Enrique Vélez, era simplemente una ayuda humanitaria incomprendida.
El fiscal no le preguntó por las declaraciones del propio Vélez sobre esos pagos, ni las de su hermana mayor, y en la práctica madre, María Helena Vélez, quien asegura que los pagos que recibieron de la oficina de Cadena fueron varios y por cuantías considerables.
La propia señora Vélez se preguntó con asombro por qué el abogado era el que le pagaba al preso y no al revés. Una pregunta que no le pasó por la cabeza al funcionario que adelantó la diligencia.
El papel del fiscal interrogador resultó tan cómodo para Uribe que su abogado Jaime Granados se limitó a asentir con la cabeza durante la mayor parte de la diligencia. Su primera intervención se produjo cuando ya habían pasado dos horas y 16 minutos y se orientó a buscar que las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema se declaren ilegales. Aquí hay una extraña paradoja. Uribe y sus abogados sostienen que las llamadas no prueban nada pero quieren a toda costa que no sean tenidas en cuenta.
Con ese propósito pretenden decir que Diego Cadena era apoderado en el proceso de Álvaro Uribe adelantado por la Corte Suprema de Justicia –condición que nunca tuvo– para que esas comunicaciones queden cubiertas bajo el privilegio cliente-abogado.
El problema es que el único poder firmado es de abril de 2018 y la mayoría de las llamadas que prueban los presuntos delitos son anteriores. En el llamado interrogatorio, Uribe admite que las acciones cuestionadas son anteriores al poder.
Ellos pretenden darle al poder una vigencia retroactiva o decir que no sirve para nada sino que se impone una supuesta relación verbal que pone a salvo tanto a Uribe como a Cadena de las investigaciones. La hipótesis es absurda porque los abogados no tienen permiso para delinquir. De lo contrario, a cualquier organización criminal le bastaría con poner un abogado en las conversaciones para que no pudieran usar interceptaciones en procesos contra ellos.
En la primera preclusión fallida, la Fiscalía aceptó la legalidad de las pruebas. Sin embargo, el fiscal interrogador parece interesado en ayudar a desvirtuarlas ahora.
Uno de los momentos más cómicos de la diligencia se presenta cuando el fiscal investigador le regala a Uribe la conveniente pregunta de enumerar sus abogados. El expresidente los menciona a todos, pero –¡Qué angustia!– olvida justamente a Diego Cadena. Granados intenta recordárselo, soplarle, primero con un sutil gesto de la mano que se va volviendo nervioso. Como Uribe no ve, el fiscal interrogador le dice “Doctor Uribe”, para que atienda al apoderado. Siguen unos segundos de mímica, dignos de Marcel Marceau, hasta que Granados se rinde y dice entre dientes: “¿Qué papel cumplió Diego Cadena?” y Uribe responde: “El de investigador”.
Un verdadero fiscal habría tenido que preguntar por la diferencia entre investigador y abogado, pero este no era en realidad un interrogatorio sino una prueba más del vasallaje de la actual Fiscalía frente al poder.
