Del excelente discurso de posesión del nuevo presidente quedan en claro los retos prioritarios en lo fiscal que tendrá que afrontar, en el corto plazo, la administración de ADLE.
El primero consiste en empezar a construir el impostergable ajuste fiscal ante la calamitosa situación que deja la administración Petro.
Nunca en la historia de la hacienda pública se habían manejado las cosas con tanta improvisación y mala fe como lo hizo el Gobierno Petro.
El reto consiste en empezar a arreglar las cargas hacendísticas rápidamente, antes de que el legado de mal manejo que heredamos nos conduzca al despeñadero de la insolvencia. Del cual no estamos lejos.
El déficit fiscal que recibe ADLE es del 7,8 por ciento del PIB, lo que en cifras redondas significa 160 billones de pesos. Probablemente el déficit fiscal más alto registrado desde la guerra civil de los Mil Días.
¡El desfase entre los estimativos de ingresos y los compromisos de gasto es de 160 billones! Suma difícil de imaginar.
Las primeras medidas que se anuncian irán enderezadas a corregir esta grave anormalidad de nuestras finanzas públicas. Ya empiezan a vislumbrarse según los anuncios del discurso de posesión del nuevo presidente: se advierte, en primer término, una congelación de la diabólica rueda dentada del gasto público que dejó funcionando Petro; se señala también que habrá pronto un recorte del gasto público del 1 por ciento del PIB que equivale a cerca de 20 billones de pesos; y para septiembre llegará al Congreso un proyecto de reforma tributaria.
Estas son las medidas de choque; pero habrán de llegar otras en los próximos meses: se adelantará con los acreedores un reperfilamiento de la deuda puesto que hay una concentración inconveniente de vencimientos en el corto plazo; y se presentará un ‘plan de ajuste integral’ que será la carta de presentación del nuevo Gobierno ante la comunidad financiera internacional. Será la cuantificación y explicación de cómo iremos saliendo gradualmente del pantanero que recibe la nueva administración.
El problema fiscal que recibe De la Espriella es de tal magnitud que no es aventurado pronosticar que los cuatros años de ADLE se le irán en el ajuste y corrección del desbarajuste fiscal que deja la administración Petro.
El segundo desafío consiste —tal como lo precisó ADLE en su discurso— en las medidas de auditoría forense en las que se viene trabajando para deshacer y llevar ante los tribunales la orgía de contratos con que se despidió la administración Petro.
Según Transparencia por Colombia, en las últimas semanas de ese mandato se celebraron atropelladamente cerca de 50.000 contratos por un valor de 7,6 billones de pesos. Seguramente una gran parte de esta orgía contractual se realizó sin observar las normas de la contratación pública, y por lo tanto son contratos susceptibles de ser rescindidos o cancelados.
Será una tarea urgente y prioritaria que debe arrojar como lección una radiografía de moralidad pública inobservada de manera descarada por el Gobierno que terminó el 7 de agosto.
A las tareas anteriores habría que agregarle —y todo esto a ejecutar en el segundo semestre de 2026— la confección del Plan Nacional de Desarrollo (2026-2030) que debe estar aprobado antes de concluir el mes de noviembre, y cuyo liderazgo corresponderá al director del Departamento Nacional de Planeación que aún no ha sido designado.
También se requerirá modificar el presupuesto para la vigencia de 2027, pues el que dejó presentado la administración Petro está lleno de los caprichos tóxicos que acompañaban el anterior mandato.
El primer semestre de la administración ADLE será, pues, muy nutrido en lo atinente al saneamiento de las finanzas públicas. Probablemente el grueso de las energías de la nueva administración las consumirá esta tarea impostergable. Que será dolorosa y exigirá sacrificios colectivos. Pero que resulta ineludible.
POSDATA:
Es hora de grandeza y de solidaridad: no de mezquinos oportunismos políticos. Toda la solidaridad con las víctimas del terremoto del lunes 10 de agosto.
Las noticias que se están divulgando hoy muestran que los estragos del sismo son mucho más graves de lo que se percibió en un primer momento.
La reconstrucción de la zona afectada exigirá un gran esfuerzo financiero, y una gigantesca organización institucional, tal como se hizo en 1999 con la reconstrucción de Armenia y la zona afectada en aquel entonces.
La reconstrucción del tejido social y físico del área afectada implicará, también, replantear muchos aspectos de la política presupuestal que estaba empezando a diseñar el Gobierno de ADLE.
Se requerirá, obviamente, un esfuerzo financiero descomunal del Estado, acompañado de la cooperación internacional y la del sector privado. La experiencia que se tuvo exitosamente en 1999 arroja lecciones importantes para esta dura prueba que enfrenta Colombia en esta ocasión.
La unidad nacional y el compromiso colectivo se imponen ahora: de allí que la mezquina interpretación de Petro sobre este terremoto debe censurarse con toda energía.
Es hora de la grandeza y de la unidad nacional en el gran propósito de la reconstrucción que viene.
No es la hora de la pequeñez ni de los oportunismos políticos.
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