“Mi hermano, a diferencia mía, medía casi 1,80. Como había estado en el monte, era macancudo. Cuando a él lo mataron, mi mamá lo alzó. A mí me contaron eso y quedé derrumbada para toda la vida. Yo decía no, no, no, ¡¿cómo pudo alzarlo?! Ya estaba muerto, tenía que haber pesado más, y mi mamá era la típica obrera: ama de casa, flaca, desnutrida. ¡¿Cómo hizo para alzarlo?!”, recuerda Adriana Arboleda Betancur, directora de la Corporación Jurídica Libertad (CJL).

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Al final de la marcha del primero de mayo de 1990, después de tomar unas cervezas con sus amigos, Héctor Leonardo Arboleda cruzó la acera frente a la casa de su mamá en Robledo, comuna 7 de Medellín. A alias Leo, paramilitar que delinquía con la Policía, no le importó que su blanco estuviera desarmado: ser desmovilizado del M-19 bastaba para matarlo. La historia del hermano de Adriana, exescolta de Carlos Pizarro Leongómez, hace parte de un exterminio sistemático y poco documentado.

A Ligia Betancur, descendiente de cultivadores de café de Jericó y madre de once, todavía le faltaba cargar la pena de otro hijo asesinado: Edwin Alonso, en 1998.

En Navidad, el periodismo busca el lugar subjetivo ―y cliché― de los “personajes del año”, aquellos que marcan la agenda mediática. Esas listas, predecibles y reiterativas, parecen olvidar que las “noticias” son la capa más visible de realidades profundas, una puesta en escena que tras bambalinas esconde artífices definitivos del diario acontecer.

Arboleda es uno de esos personajes invisibles: “Me la paso investigando. Yo documento todos los casos [crímenes de Estado], menos los de mis hermanos”. Ella es el alma y cerebro detrás de las medidas cautelares que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a petición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha decretado desde 2018 en 34 lugares de Colombia donde posiblemente hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

Graduada de una escuela pública del barrio Doce de Octubre, a los veinte años se vinculó a procesos de la teología de la liberación con misioneros claretianos en comunidades indígenas y afrodescendientes del Alto Andágueda y Riosucio, en el Chocó. Tomaba nota en cuadernos, era la “todera” que no desamparaba a los abogados, antropólogos y sociólogos que construían lo que se convertiría en la Ley 70. De 1996 a 2000, se “patoneó” a Colombia entre comunidades de base. Con el Proyecto Colombia Nunca Más, del padre Javier Giraldo S. J., oyó por primera vez la idea de prepararse para documentar casos por si llegaba el día de una comisión de la verdad.

La Universidad de Antioquia la formó para el Derecho. En la defensa de los derechos humanos actúa guiada por la memoria de Jesús María Valle, y las voces de sus primeros mentores ―Mónica Sánchez y Fernando Valencia― y de sus colegas de la CJL. Del magistrado Rubén Darío Pinilla conserva una lección simbólica: a las víctimas se las honra recibiéndolas de pie en las audiencias.

Su compañero en la fundación del Movice, el senador Iván Cepeda, dice: “[Adriana] se ha caracterizado por su perseverancia en situaciones adversas, en su compromiso infatigable con las víctimas, en sus profundas convicciones en materia de derechos humanos, en la necesidad de que prevalezcan la justicia, la verdad y la memoria con relación a tantas personas que, especialmente en Antioquia, han sufrido los estragos del paramilitarismo y la criminalidad de Estado. Ella es imprescindible a la hora de hacer una historia de la defensa de los derechos humanos en Colombia”.

Las víctimas de crímenes de Estado lo son en primera instancia por su vulnerabilidad social; prepararlas para eventos como las audiencias implica dictar talleres que abarcan desde la pedagogía sobre la justicia transicional hasta cuándo escuchar, hablar o callar; o claves para documentar un archivo personal. ¿Cómo mirar al asesino de un hijo… más aún mientras justifica sus crímenes ante un juez? La abogada explica: “No podemos preparar a las víctimas para que lleguen llenas de rabia a la audiencia. Tenemos que prepararlas para que sean conscientes de sus derechos: ustedes tienen derecho a exigir, a reclamar”.

“Por medio de su sabiduría, tenacidad y paciencia, [Adriana] ha sacado adelante nuestro proceso a pesar de las adversidades. Su nobleza y amor por lo que hace son únicos. Inspira confianza y valor para salir adelante”, reconoce Luz Elena Galeano, del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad de la Comuna 13.

Hace años, en un taller con el Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras pasaban imágenes de la desmovilización del M-19, vio la foto de su hermano. Pese al impacto, guardó silencio. “Los defensores de derechos humanos no tenemos que mostrar un registro de defunción para sentir el dolor de una víctima ―enfatiza su indignación con un gesto en el entrecejo―. Es todo lo contrario: esta sociedad, todo el mundo, debería sentir dolor”.

Colombia supera la cifra de 100.000 desaparecidos. El Registro Único reconoce a 9’395.274 víctimas del conflicto armado. Los hermanos Arboleda Betancur nunca ingresaron al listado.

Más de 131.000 reproducciones tiene un video publicado por Matador el pasado 18 de noviembre, desde las audiencias de la JEP en Marsella, Risaralda: el caricaturista le entregó a una mujer la imagen de su popular paloma de la paz levantando una pancarta que versa “¿Dónde están?”. Ante los magistrados y asistentes, con risa nerviosa, Adriana Arboleda recibió el cuadro en nombre de las víctimas (Ver: https://onx.la/6c86b).

Ella es irrepetible, pero no la única. Como Adriana Arboleda Betancur, son personajes del año, de todos los años, aquellas mujeres que acompañan y empoderan a centenares de familiares de desaparecidos, sumidos en el mantra eterno de “¡Ven, no tardes tanto!”. María Victoria Fallon, Liliana Uribe, Martha Peña, Yaneth Bautista, Andrea Torres Bautista, Martha Murillo, Luz Stella Aponte, María Paula Lemus…

Antes que a la figura de la Justicia ―¡sin pañuelo que les cubra los ojos!―, estas defensoras evocan el mito de Atlas, titanes con el cielo cargado en los hombros. ¿Cómo hacen para alzarlo?

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