Cuando se anunció el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, varios en su momento sugerimos que los nuevos entendimientos deberían conducir a un mejor tratamiento e incluso una solución para los miles de migrantes venezolanos que todos los días abandonan su país huyendo de la precariedad económica y el cierre de su sistema político. Pero, sorpresivamente, el Gobierno de Gustavo Petro ahora parece empecinado en invisibilizar el problema migratorio e incluso en negar su existencia.
Las señales son múltiples y provienen de muy diversas esquinas. El discurso ya es oficial. El mismo presidente, en su rueda de prensa con el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que de acuerdo con los datos que tiene (¿?) el flujo migratorio se había invertido y ahora eran los colombianos los que estaban llegando a Venezuela y no al revés. No es la primera vez que el presidente les queda debiendo rigurosidad a sus declaraciones. Pero en esta ocasión, la irresponsabilidad con el manejo de la información puede generar una despreocupación en el interior del Gobierno que, a su vez, prevendrá la generación de políticas públicas concretas y efectivas para pasar de la regularización al goce efectivo de derechos por parte de los ciudadanos venezolanos.
En su columna de El Espectador, Txomin Las Heras cita otras instancias: el embajador Armando Benedetti ya está hablando de un “supuesto éxodo” y estas declaraciones desde los más altos niveles sumadas a la ausencia de una política migratoria clara, hacen sospechar que el Gobierno está en el plan de invertirle mucho capital político al negacionismo en esta materia.
El más reciente intento lo llevó a cabo la viceministra de Relaciones Exteriores, Laura Gil, en la reunión de Alto Nivel sobre Migración en las Américas convocada por el gobierno de Estados Unidos. Allí declaró: “No hablemos más de crisis migratoria, la migración no puede tener una connotación negativa, a partir de ahora, Colombia solo hablará de olas migratorias”. A pesar de que la intención de evitar la estigmatización del migrante que arguye Gil pueda ser loable, creo que muy pocos migrantes estarían de acuerdo con remover el término “crisis” para definir su situación. El uso del eufemismo solo contribuye a negar la difícil y peligrosa situación a la que se enfrentan muchos venezolanos en sus trayectos migratorios. Llama poderosamente la atención que sea justamente una funcionaria conocida por su récord previo en materia de defensa de los derechos humanos, quien hoy esté intentando avanzar esta agenda.
Tan desenganchado está este Gobierno del tema migratorio, que tomó la decisión de nombrar al director de Migración Colombia tan solo días antes de la visita de Blinken y seguro a sabiendas de que Estados Unidos tenía la intención de presionar fuertemente a Colombia para trabajar en esta área. Petro nombró a Fernando García, un hombre cercano a él, con buenas intenciones, pero sin ninguna experiencia previa en el tema migratorio.
Y a propósito de Migración Colombia, según esa misma entidad, los venezolanos que viven en el país pasaron de 1,7 millones en enero de 2021 a 2,4 millones en febrero de 2022. Según Foreign Policy, un estimado de 1.700 venezolanos por día están abandonando su país, para sumar un total de 753.000 nuevos refugiados desde noviembre del año pasado. Según la misma fuente, del total de refugiados hasta el momento, Colombia ha recibido 2,5 millones de personas y Perú 1,2 millones.
De tal forma que los datos de Petro son equivocados: no son ni los datos de las entidades gubernamentales colombianas ni los datos de las organizaciones internacionales. La crisis migratoria venezolana sigue siendo una crisis y está lejos de terminarse y mucho menos de revertirse. El restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia debe ser un mecanismo que permita una mejor atención a los migrantes y no la varita mágica que se use para invisibilizar la situación de miles de venezolanos, y la necesidad de construir una política pública seria y responsable frente a ellos.
