Reforma a la educación: ¿la ponencia del Gobierno cumple con las peticiones de Fecode?

Tras el quiebre de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para colaborar en un proyecto de ley estatutaria de educación, aprobado en tercer debate en la Comisión Primera del Senado, las dos partes presentaron sus propias ponencias. Ambas irán al cuarto debate en la plenaria del Senado, el último que deben superar antes de convertirse en ley.

El rompimiento del acuerdo se dio luego de que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y algunos congresistas del Pacto Histórico y Dignidad se mostraron inconformes con ciertos puntos de la ponencia colaborativa. Estos desacuerdos resultaron en un paro organizado por Fecode, que manifestó no haber sido consultado antes de que estos puntos fueran incluidos. 

Por su parte, el Gobierno presentó una nueva ponencia firmada por los senadores María José Pizarro, Ariel Ávila, Aida Quincué y Julián Gallo, que incluyó algunas de las peticiones de Fecode. Hablamos con el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, quien destacó cinco puntos de esta ponencia que responden a las solicitudes de los maestros.

Evaluación a los docentes no se basará en resultados de pruebas de Estado de los estudiantes

Reclamo de Fecode sobre ponencia inicial: "Incluye el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, generalizándola y profundizando su interés perverso y punitivo, desconociendo su carácter pedagógico transformador y constructivo".

Modificación en la ponencia del Gobierno

Becerra señala que tanto maestros como el Pacto Histórico están de acuerdo con el proceso de evaluación de docentes, el cual se explica en el artículo 40 de su ponencia: “Este tiene como finalidad el mejoramiento continuo de las capacidades de las y los maestros y su finalidad no es señalar o retirar al maestro de su labor, e incluye la realización de pruebas técnicas, pedagógicas y reflexivas sobre su práctica y la participación activa de la comunidad educativa, que sean pertinentes y relevantes desde su contexto educativo. La evaluación será una construcción grupal mediada por un proceso integrador que identifique las oportunidades de mejoramiento. El proceso de evaluación docente será de carácter obligatorio, según los criterios determinados por el Gobierno Nacional y de acuerdo con la normatividad vigente”.

En este caso, como respuesta a la solicitud de Fecode, la nueva ponencia elimina parte del parágrafo 2 de la primera ponencia, que consiste en la evaluación del docente a partir de los resultados de las pruebas de estudiantes: “para la mejora continua de la calidad de la educación los resultados que obtengan las y los estudiantes en las pruebas de estado servirán como criterio de evaluación de los docentes”.

Le puede interesar: Reforma a la educación: la costosa factura política que está pagando la ministra por concertar con la oposición

Garantía de la educación desde la primera infancia

Reclamo de Fecode sobre ponencia inicial: "Niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre-jardín en las instituciones educativas públicas bajo administración del Estado, con planta docente titulada y vinculada por concurso, como debe corresponder a todas las áreas, niveles y modalidades educativas".

Modificación en la ponencia del Gobierno

Gabriel Becerra explica que, respecto a este punto, el artículo 15 de su ponencia titulado como Derecho Fundamental a la Educación Inicial de las niñas y de los niños menores de seis (6) años establece que “el Estado financiará, ofrecerá y garantizará de forma progresiva los dos (2) ciclos de la educación inicial en la educación pública estatal”.

Sobre el primer ciclo, que va desde el nacimiento a los 3 años, se dice: “En el marco de la atención integral, la educación inicial basada en las actividades de juego y exploración en el hogar, la escuela y el espacio público, deben llegar a todos los niños y niñas para garantizar el desarrollo pleno de capacidades que les deben acompañar a lo largo de la vida. Para ello es necesario articular los esfuerzos del sistema de bienestar familiar y el sistema educativo en todos sus niveles territoriales y entidades involucradas”.

El segundo ciclo es de 3 a 6 años e incluye los grados pre-jardín, jardín y transición. 

Eliminación de la educación terciaria en los artículos de la ponencia

Reclamo de Fecode sobre ponencia inicial: "Sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario".

Modificación en la ponencia del Gobierno

El congresista Becerra señaló que en esta nueva ponencia se eliminó todo lo relacionado a la educación terciaria y su referencia como derecho fundamental.

Becerra recuerda que en el proceso educativo colombiano la primera vía de educación es la educación formal (primaria, secundaria, universidad, etc.) y la segunda vía es la educación para el trabajo y el desarrollo humano. La tercera vía son, por ejemplo, los cursos, diplomados o micro credenciales para los que no es necesario contar con educación profesional técnica o tecnología. “Si tú lo lees como derecho fundamental, lo que va a pasar es que el Estado tiene que estar comprometido para la financiación. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones privadas con el discurso de la flexibilización? Lo que quieren es seguir ofertando cursos de 160 horas o de 600 horas elevarlo como derecho fundamental y canalizar recursos oficiales”, señaló Becerra.

Lea también: "La enmienda fue muy equivocada y hay que corregir": las voces críticas de la reforma a la educación en el Congreso

Priorización del fortalecimiento de los establecimientos educativos oficiales

Reclamo de Fecode sobre ponencia inicial: "Incorpora un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y mercantilización de la misma bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado".

Modificación en la ponencia del Gobierno

La ponencia del Gobierno prioriza el fortalecimiento y la inversión de los establecimientos oficiales e instituciones de educación superior públicas, lo que se ve reflejado en los artículos 7 y 12 del documento.

“Lo que nosotros estamos luchando es para que los recursos que tenga el Estado vayan dirigidos prioritariamente a fortalecer la oferta pública”, dijo Becerra.

Por ejemplo, el artículo 7 de la nueva ponencia, titulado 'Asequibilidad (Disponibilidad)', establece: “Invertir recursos suficientes para garantizar la materialización efectiva del derecho fundamental a la educación. El Estado priorizará el fortalecimiento de los establecimientos educativos oficiales e instituciones de educación superior públicas”.

Becerra afirma que este tema es lo que genera “una gran tormenta” en la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y en las universidades privadas. “Ese es un tema los profesores están de acuerdo en nuestra ponencia, se mantiene como viene de Cámara”, agregó.

Quitar la palabra “esencial”

Según Becerra, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia “querían meterle la palabra esencial” a la ponencia, defendiendo la educación como un derecho “esencial”. Becerra explica que la educación es un derecho y un servicio público, pero que en realidad no merece tener ese calificativo.

“Ahí no están pensando en la educación de la gente, lo que están pensando es en cobrarle a Fecode para que cuando usted meta esencial sencillamente se prohíba el derecho a huelga. Realmente no es un derecho esencial en Colombia, hay alrededor de nueve puntos todavía de analfabetismo y, pues la sociedad vive así. En cambio, si yo hago paro en urgencias de un centro de salud ahí se pone en riesgo la vida”, señaló el congresista.

Un punto que no fue incluido y fue propuesto por maestros

Becerra comenta que los profesores provisionales que están, por ejemplo, en el Catatumbo, quieren que el Gobierno los nombren en propiedad de facto. “Los niños del Catatumbo en las veredas más lejanas pueden durar meses sin profesor porque el profesor, que es de allá, pero que es provisional y no pasó el concurso, no puede seguir siendo profesor. En cambio, le traen uno que viene de Cúcuta, pero apenas llega a la vereda y se da cuenta que hay guerra y hambre, deja botado el puesto”, explicó.

Sin embargo, se consideró como una propuesta inviable pues lo que ha dicho la Corte Constitucional es que es que ningún Gobierno puede nombrar un funcionario público en cualquiera de sus categorías sin hacer un concurso de mérito. “¿Para qué vamos a meter algo en la ley estatutaria que ya la Corte Constitucional tiene una larga jurisprudencia sobre ese tema? Cuando hagan el control de constitucionalidad tumban el artículo”.