La condena de la funcionaria de Migración que cobraba por dejar salir irregularmente del país
Leidy Marcela Quinche Cante, quien trabajaba en los filtros migratorios del Aeropuerto El Dorado, fue grabada recibiendo sobres con dinero de pasajeros. Aceptó cargos y fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión domiciliaria.
Por: Juan David Cano
En los pasillos del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde miles de viajeros cruzan a diario los filtros de Migración Colombia, el tiempo suele medirse por los relojes de embarque. Pero entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, hubo una funcionaria que detuvo ese flujo a cambio de algo más que una revisión de documentos.
Leidy Marcela Quinche Cante era una funcionaria más, con su uniforme impecable y su puesto en los filtros migratorios. Saludaba con cortesía, revisaba pasaportes, sellaba salidas. Nadie imaginaba que detrás de ese gesto rutinario se escondía una trama de corrupción que pronto saldría a la luz.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Quinche aprovechó su cargo para pedir dinero a ciudadanos que no cumplían los requisitos para salir del país o que intentaban viajar con sus hijos menores de edad sin la documentación requerida.
Las pruebas que encontraron las autoridades y la condena que deberá enfrentar la funcionaria
Las cámaras de seguridad del aeropuerto la registraron en múltiples ocasiones recibiendo sobres discretos: algunos con pesos colombianos, otros con dólares.
Entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025, se documentaron al menos seis episodios en los que la funcionaria exigió y recibió pagos indebidos. No era una transacción abierta, sino un acuerdo silencioso entre la desesperación de los viajeros y el poder que otorga un sello migratorio.
La evidencia fue contundente. En los videos, Quinche aparecía tomando discretamente los sobres y devolviendo documentos con el gesto mecánico de quien no quiere dejar rastro. Pero las grabaciones, junto con testimonios y registros de los movimientos en los filtros, se convirtieron en la pieza central del caso judicial que hoy tiene sentencia.
Tras aceptar los cargos de concusión —delito que castiga a los servidores públicos que exigen dinero aprovechando su cargo—, Quinche fue condenada por un juez penal de conocimiento de Bogotá a cuatro años y tres meses de prisión. Además, deberá pagar una multa equivalente a 36.33 salarios mínimos y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por 43 meses.
El fallo judicial tuvo en cuenta su condición de madre cabeza de hogar, razón por la cual la pena será cumplida en su lugar de residencia.
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