Esperanza en el futuro de la democracia social

Al iniciarse 2026 es inocultable el deterioro de los servicios sociales, de la seguridad y el orden público, de la economía y de las relaciones exteriores de la Nación. Ese proceso se viene agudizando con una erosión sin precedentes de la calidad de las políticas públicas, con intentos de alterar el balance democrático, con los mensajes de desinformación y con el vilipendio de quienes discrepan de políticas oficiales, lo que agudiza la polarización.

La incertidumbre derivada de este contexto tiende a inhibir la esperanza en el futuro de nuestra democracia social. Esperanza que mueve a actuar solidariamente para retomar y perfeccionar la ruta trazada bajo el Estado social y democrático de Derecho que instauramos en 1991. Es decir, (i) construir un orden político, económico y social justo, donde sea posible asegurar a todos la vida, la dignidad humana, la convivencia pacífica, la justicia, la igualdad, el trabajo, el conocimiento; (ii) todo ello dentro de un marco democrático participativo y pluralista, en el cual prevalezca el interés general (Preámbulo y el art.1 C.P).

No se requiere reinventar el marco constitucional del Estado social y democrático de Derecho. Más que acomodarlo a pretensiones coyunturales, es preciso un esfuerzo de todos -sector público, privado, ciudadanía en general-, que inspire a asumir responsabilidades en defensa de conquistas incuestionables hasta ahora alcanzadas. El reto es fortalecerla en sus debilidades con visión de largo plazo, y evitar que el deterioro mencionado se agudice. Enormes desafíos a este respecto se han señalado para retomar la ruta del desarrollo social y democrático. Aqui, tres de ellos.

En primer lugar, el inmediato desafío de ajustar y subsanar los efectos de la gestión de políticas económicas, sociales e institucionales que no solo no construyeron sobre avances del pasado, sino que generaron retrocesos y desequilibrios. Entre ellos: el grave riesgo de sostenibilidad al que se han llevado las finanzas públicas y sus efectos en la economía; el deterioro de servicios y apoyos a cientos de miles de familias vulnerables en campos como la salud, la vivienda social, o los créditos para la educación superior; el disminuido ejercicio de la soberanía territorial por parte de la fuerza pública frente al avance de la criminalidad;  el deterioro de las relaciones exteriores de Colombia y los efectos perjudiciales de una conducción personalista; los retrocesos y cambios en la política de concesiones viales en perjuicio de la competitividad, de la confianza inversionista, y de los  previsibles efectos fiscales de un pretendido modelo donde el Estado asuma directamente la operación y los servicios asociados a las vías; y  la pérdida de la seguridad energética y de margen de maniobra del sector eléctrico.

La tarea de reorientar políticas públicas requiere exigencias profesionales, técnicas y éticas en la gestión de entidades gubernamentales y estatales. Igualmente, recuperar el norte del bien común en el diseño y puesta en marcha de dichas políticas. Lo que supone procesos democráticos de concertación basados en estudios -no en ideologías ni en falacias insostenibles sobre la realidad social y económica del país. Así mismo, implica dejar atrás la perjudicial cultura anti empresarial, y reconocer el papel de las empresas como actores imprescindibles de la inversión, el empleo y el desarrollo social.

En segundo lugar, el desafío de amparar la independencia y la credibilidad en las instituciones democráticas para que sigan ejerciendo sus funciones constitucionales, más aún en contextos de reiterados embates oficiales cuando cumplen tales funciones. Democracias como la colombiana están experimentado, como ha ocurrido en otras naciones, acciones y omisiones desde su interior, que inciden en sus pilares básicos. Grupos y personas que llegan temporalmente al poder público a través del ejercicio democrático, pero acudiendo a mitos de legitimidad como “darle voz a su pueblo_”, y a narrativas sin fundamento de “_conspiraciones y golpes_” de “_enemigos internos” van minando progresivamente derechos y garantías constitucionales en la búsqueda del control del poder político e institucional del Estado, y dan paso a otras “democracias” moldeadas a su parecer.

En Colombia las respuestas de órganos e instituciones democráticas a situaciones como la descrita ha sido relevante lo cual, sin perjuicio de acciones de fortalecimiento institucional, hace necesario amparar la independencia y la autonomía de los operadores judiciales, de tal modo que puedan cumplir la esencia de su misión constitucional de administrar justicia (T-238/11). Igualmente, la neutralidad y la objetividad de los Órganos de Control a los que la Constitución les confía funciones como la defensa del interés público, el control disciplinario y el ejercicio del control fiscal; de la Registraduría en su misión de garantizar la organización y la transparencia de los procesos electorales, y la confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales.

Adicionalmente, la democracia no se defiende sola por órganos y operadores. Requiere ante todo del respaldo ciudadano, comenzando por el ejercicio del derecho al voto y el cumplimiento del respectivo deber (art.258 C.P.); el rol crucial de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales, de las instituciones privadas y de las empresas, para sostenerse y consolidarse en beneficio del interés común.

En tercer lugar, el desafío de iniciar un proceso sostenido que permita construir cimientos de una sociedad guiada por la solidaridad y el compromiso ciudadano con el bienestar de todos, como premisa de una sociedad donde la dignidad humana sea la guía del reconocimiento y el respeto de otros, así pensemos diferente, y dentro de un pluralismo y tolerancia que comienza por saber explicar, escuchar y dialogar sobre diferentes posiciones y formas de pensar y actuar, como punto de partida para reiniciar la búsqueda conjunta del bien común.

Esta inaplazable tarea de hacer prevalecer el interés general debería fundamentarse en el reconocimiento de que nuestra democracia también está regida por un Estado de Derecho, donde el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes está reglado por un orden jurídico cuyo cumplimiento compromete a todos, -así dicho orden sea susceptible de mejoras mediante procedimientos democráticos-. Ningún ciudadano, ni grupo político, pueden pretender beneficiarse de tratamientos diferentes a los previstos en la Constitución y las leyes, comenzando por quienes lleguen a ocupar los más altos cargos de la Nación, por ejemplo el Primer Mandatario de la Nación, quien al jurar el cumplimiento de la Constitución, asume la obligación de simbolizar la unidad nacional y de garantizar los derechos y libertades de todos (art.188 C.P.).

Una sociedad guiada por la solidaridad, el reconocimiento y el respeto de todos, no es compatible con lenguajes de antagonismo ante el cumplimiento de funciones de las instituciones democráticas, ni con el desconocimiento de derechos ciudadanos en razón a su afiliación política, género, actividades económicas, u otras garantías amparadas por la Carta Política. La inaplazable próxima tarea de desactivar la polarización en Colombia debe comenzar por el buen ejemplo de dejar de lado lenguajes y narrativas que vulneran derechos, y que lamentablemente suelen sembrar semillas de violencia social.