“No queremos volver a ser invisibles”: comunidades del sur de Córdoba esperan luz verde de la Anla para el proyecto minero El Alacrán

Para las comunidades del sur de Córdoba, la decisión que tomará la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) va mucho más allá de un trámite administrativo. Está en juego la continuidad de un proceso que ha abierto, por primera vez, oportunidades de empleo formal, inversión social y organización comunitaria en un territorio históricamente olvidado.

En ese contexto, líderes comunitarios, familias mineras tradicionales, asociaciones productivas y autoridades étnicas hacen un llamado conjunto: que la Anla apruebe la licencia ambiental del proyecto de cobre El Alacrán, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, como una apuesta real por el futuro del territorio.

‘Antes éramos invisibles’: la voz de quienes viven en El Alacrán

“Antes nadie nos veía, ni el Gobierno local, ni el departamental, ni el nacional. Éramos invisibles y lo único que había era presencia de grupos armados que se llevaban a los jóvenes. Hoy hay oportunidades reales. Pensar en que el proyecto no continúe es volver a eso”, afirma Alejandro Marulanda, habitante de la mina El Alacrán y vocero comunitario.

Su familia llegó a la zona en 1979 y, como muchas otras, subsistió durante décadas de la minería artesanal. “Es una actividad que permite sobrevivir, pero no da estabilidad. Hoy hay trabajo formal y eso se nota en el bienestar de las familias”, explica.

Desde la llegada de Minerales Córdoba, cuenta, la realidad empezó a cambiar. Brigadas médicas, atención odontológica, médicos generales y especialistas llegaron a un territorio donde acceder a servicios de salud era una excepción. A ello se suman mejoras en infraestructura, vías y un mayor movimiento económico. “Las familias invierten en sus casas, compran motos o vehículos. Incluso quienes no trabajan directamente con la empresa se benefician, porque los trabajadores consumen aquí”, señala.

Uno de los procesos más relevantes ha sido el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), construido de manera participativa durante más de tres años. El plan garantiza una reubicación digna y sostenible para cerca de 400 familias —alrededor de 1.000 personas—, mediante acceso a vivienda digna, educación, empleo estable y reconexión productiva, con acompañamiento institucional y bajo estándares nacionales e internacionales en derechos humanos.

El temor, advierte Marulanda, es que una negativa en el licenciamiento deje a la comunidad en un limbo. “Existe el riesgo de mayor persecución a la minería artesanal sin alternativas claras. Nosotros queremos formalizarnos o reconvertirnos, no quedarnos sin opciones”, afirma.

Organización comunitaria y proyectos productivos

Juan Calderón, líder comunitario de la vereda San Juan de Asís y miembro de una asociación de víctimas del conflicto armado, coincide en que la relación con la empresa ha sido clave para fortalecer el tejido social. “La compañía se ha vuelto un vecino, un aliado. Esta es nuestra región”, afirma.

Desde su experiencia, resalta el acompañamiento permanente a las juntas de acción comunal y a los procesos de liderazgo juvenil. También hace parte de una asociación productiva que impulsa un proyecto de cultivo de maracuyá. “Empezamos con recursos propios y muchas limitaciones. Con la llegada de la compañía encontramos un aliado que nos ha apoyado en fortalecimiento organizacional, insumos y herramientas. Eso nos permite pensar en sostenibilidad”, explica.

Su mensaje al Gobierno y a la Anla es directo: “Ojalá se pueda dar el licenciamiento. Sabemos que con el proyecto vendrá más desarrollo en infraestructura, vías y oportunidades para las comunidades. Para nosotros, Minerales Córdoba se ha vuelto una esperanza”.

El respaldo al proyecto El Alacrán también ha sido expresado por autoridades étnicas del territorio. En una comunicación dirigida a la Anla, el Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge manifestó el interés de su autoridad tradicional en que avance el trámite de licencia ambiental, al considerar que el proyecto puede contribuir a generar oportunidades y fortalecer la inversión social en comunidades étnicas. En el documento, el resguardo reiteró que su apoyo está condicionado a que el proyecto se desarrolle bajo criterios de respeto por los derechos de los pueblos indígenas, el cuidado del entorno y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental.

Una decisión clave para el país y el territorio

En este sentido, la Anla definirá si otorga la licencia ambiental que permitiría el inicio formal de la fase de construcción del proyecto El Alacrán. La decisión no solo marcará el rumbo de una inversión estratégica para Colombia, sino que tendrá un impacto directo en miles de familias que hoy ven en este proyecto una oportunidad real de futuro.

En el contexto global, el cobre es un insumo esencial para avanzar hacia economías bajas en carbono. Su alta conductividad lo convierte en un material indispensable para la generación de energías renovables, la electrificación del transporte, la eficiencia energética y el desarrollo de infraestructuras inteligentes. En Colombia, donde actualmente solo existe un proyecto de cobre en operación en el Chocó, El Alacrán está llamado a convertirse en el principal polo de producción de este mineral y en el proyecto de cobre más importante en la historia del país.

Un proyecto estratégico para la transición energética

El proyecto El Alacrán se desarrolla en el sur de Córdoba como una apuesta minera asociada a la transición energética y al desarrollo regional, con un enfoque que prioriza el impacto social en las comunidades del territorio.
En su fase de construcción, el proyecto proyecta la generación de cerca de 1.700 empleos directos, una cifra que incluso supera la capacidad laboral del municipio de Puerto Libertador. A esto se suman miles de empleos indirectos y una fuerte dinamización de los bienes y servicios locales. Actualmente, el proyecto ya genera alrededor de 200 empleos directos, que se multiplicarían una vez se otorgue la licencia ambiental.

La inversión en el territorio oscila entre 420 y 500 millones de dólares, y la inversión total del proyecto se estima en cerca de 700 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 200 millones ya han sido ejecutados. El actual contexto de precios del cobre, el oro y la plata ha permitido viabilizar recursos que antes no lo eran, lo que se traduce en mayores impuestos, regalías y capacidad de inversión social.

A largo plazo, el impacto económico sería significativo: se estima que el proyecto aportaría alrededor de 500 y 1.200 millones de dólares en impuesto de renta y entre 190 y 500 millones de dólares en regalías, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales. En términos de empleo, se estima la generación de cerca de 14.000 puestos de trabajo directos e indirectos a lo largo de los 13 años del proyecto.

Un proceso técnico cumplido y un camino largo

El proyecto El Alacrán cuenta con una trayectoria de 14 años de desarrollo. Durante la fase de exploración, la compañía ejecutó campañas de perforación que, en conjunto, suman aproximadamente 83.000 metros perforados y generaron la contratación acumulada de cerca de 1.500 personas a lo largo de dichas campañas. Actualmente, el proyecto cuenta con el Programa de Trabajos y Obras (PTO) aprobado, es decir, el permiso minero, y ya presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cumpliendo con todos los requerimientos exigidos por la autoridad ambiental.

En este momento, el proyecto se encuentra a la espera del concepto que emita el próximo 28 de enero el Comité Técnico Consultivo de la Anla. Un retraso prolongado en la licencia podría llevar incluso a la suspensión definitiva del proyecto, con consecuencias directas para las comunidades y para la confianza inversionista.

Desde el ámbito diplomático, el proyecto también ha sido presentado como una iniciativa de interés estratégico. En una comunicación dirigida a la Anla, el embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera Cárdenas, señaló que el proyecto minero El Alacrán, cuya fase de construcción contempla una inversión adicional cercana a los 700 millones de dólares, prevista para ser ejecutada por una empresa china con amplia experiencia en minería de gran escala, se ubica en una región históricamente afectada por la violencia, la limitada oferta de oportunidades económicas, altos niveles de informalidad laboral y una baja generación de empleo formal.

El diplomático destacó que la presencia del proyecto ha contribuido a la dinamización de la economía local y a la mejora de las condiciones de seguridad, y precisó que su comunicación tuvo como propósito trasladar, para conocimiento de la Autoridad, la información y las inquietudes planteadas por distintos actores, reiterando que la decisión sobre la viabilidad ambiental corresponde de manera exclusiva a la evaluación técnica y autónoma de la Anla.

Minería responsable y mirada de largo plazo

El proyecto El Alacrán busca alinearse con la transición energética también desde su propia operación. La compañía proyecta la instalación de una granja solar de entre 20 y 40 megavatios, que permitiría cubrir entre el 50 por ciento y el ciento por ciento de la demanda energética del proyecto, con posibilidad de generar excedentes para comunidades energéticas locales. Además, cerca del 80 por ciento del combustible utilizado sería biodiésel producido a partir de plástico reciclado.

En materia de formalización minera, actualmente existen cuatro subcontratos vigentes que benefician a unas 120 familias, y se espera firmar un quinto que impactaría a otras 70. La expectativa de las comunidades es clara: avanzar hacia una minería responsable, formal y con reglas claras.
La decisión que tomará la Anla no solo evaluará variables técnicas y ambientales. Para el sur de Córdoba, está en juego la continuidad de un proceso que ha traído empleo, inversión social, organización comunitaria y alternativas frente a economías ilegales.

Para las comunidades, El Alacrán es mucho más que un proyecto minero. Es la posibilidad de no volver a ser invisibles y de construir, por primera vez, un futuro distinto en su propio territorio.