Gobierno anuncia refuerzo de seguridad en la cárcel de Itagüí tras denuncia de un presunto plan de fuga masiva

La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) verificar la información sobre un presunto plan de fuga masivo en la Cárcel y Penitenciaría La Paz de Itagüí.

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Rusinque también anunció que el Director Regional Noroeste se desplazará al centro carcelario junto con una comisión de la Dirección General para revisar los controles de seguridad. Además, indicó que solicitó apoyo de la Fuerza Pública al Ministerio de Defensa.

Aunque la funcionaria informó que los voceros de la mesa de diálogo que funciona en Itagüí negaron la existencia de un plan de fuga, dejó claro que eso no altera las medidas ordenadas.

"Sin perjuicio de lo anterior, he dispuesto mantener un monitoreo permanente y reforzar la coordinación con las autoridades penitenciarias, judiciales y locales para verificar cualquier alerta y adoptar, de manera preventiva, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del establecimiento y la tranquilidad de la ciudadanía. Toda alerta sobre seguridad penitenciaria debe atenderse con rigor, anticipación y responsabilidad institucional, sin escatimar esfuerzos para prevenir cualquier riesgo", dijo.

¿Cómo comenzó la controversia?

La decisión se tomó debido a la denuncia de Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, quien informó a la Fiscalía sobre la existencia de una operación armada que buscaría sacar de la cárcel a los principales jefes de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá antes del 7 de agosto, fecha en la que se posesionará el presidente electo Abelardo de la Espriella.

El funcionario contó que recibió una llamada de un ciudadano que aseguró conocer, a través de un tercero, que la operación estaría lista con motocicletas de alto cilindraje, conductores, parrilleros armados y personal externo al establecimiento coordinados para sacar a los cabecillas antes del cambio de gobierno.

El concejal aseguró que con el plan se buscaba la fugo de los internos más peligrosos del lugar: alias Douglas, Lindolfo, Tom, Carlos Pesebre, Albert, Naranjo y Mundo Malo, jefes de estructuras que agrupan a varios miles de integrantes en Medellín y el área metropolitana. 

"Colombia no puede recibir al nuevo Gobierno con los máximos criminales del país fugados. No se trata de presos comunes. En Itagüí están recluidos los máximos cabecillas de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá. Entre todos, las estructuras que dirigen agrupan a varios miles de integrantes en más de 350 combos en Medellín y su área metropolitana", dijo.

El ministro de justicia designado se pronunció

Iván Cancino, coordinador del equipo jurídico de empalme y ministro de Justicia designado por De la Espriella, también se pronunció sobre este caso y envió una carta a la Fiscalía para pedir que la información se atienda "con carácter prioritario y urgente" y en coordinación con las autoridades penitenciarias y de policía judicial.

"Esta comunicación no pretende atribuir veracidad a los hechos narrados, ni añadir elementos probatorios, ni mucho menos sugerir orientación alguna sobre el ejercicio de las funciones investigativas que la Constitución y la ley asignan de manera autónoma a su entidad", dijo.

Y añadió: "Solicito respetuosamente que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las autoridades penitenciarias y de policía judicial que resulten del caso, se adopten con carácter prioritario y urgente las medidas de cuidado, prevención y verificación que la gravedad de la situación demanda".

¿Qué está pasando en Itagüí?

El penal de la controversia es, desde 2023, el centro de la llamada Mesa de Itagüí, el espacio en el que el Gobierno Petro negocia con voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá dentro de la política de paz total.

Por cuenta de esa negociación, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra 23 de esos cabecillas a solicitud de la Consejería Comisionada de Paz. El 20 de mayo, sin embargo, el Consejo de Estado reactivó las capturas de siete de ellos al advertir un riesgo inminente de fuga.

A ese antecedente se suma que el establecimiento operó durante casi tres años sin cámaras de seguridad en funcionamiento, un vacío de vigilancia que hoy Rusinque asegura estar cubierto con las 36 cámaras de última generación instaladas tras la parranda vallenata del pasado 8 de abril en el mismo penal.