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En Colombia el 80 por ciento de los adultos mayores no recibe una pensión.
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Jubilado gana pleito contra el Estado por 1.300 millones y ahora lo extorsionan: le piden el 25 por ciento

Tras años de espera, un pensionado logró que un juzgado ordenara pagarle una deuda del Estado. Ahora, al cobrarla, enfrenta un intento de extorsión. Así lo reveló el Reporte Coronell.

Por: Carol Tatiana Gómez

Un jubilado que durante años reclamó una deuda del liquidado Instituto de Seguro Social fue víctima de un intento de extorsión luego de que la justicia le diera la razón, según informó el periodista Daniel Coronell este viernes.

El Instituto de Seguro Social (ISS) fue la entidad encargada durante décadas de administrar el régimen de pensiones y salud de millones de trabajadores colombianos. La entidad fue liquidada hace varios años, a raíz de la reforma al sistema pensional que trasladó sus funciones a Colpensiones. Sin embargo, la liquidación del ISS no significó el cierre de todas sus obligaciones pendientes.

Las deudas sin pagar

Para responder por las deudas que quedaron sin pagar, el Estado creó una figura llamada Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguro Social, conocida por su sigla Pariss. Esta entidad es la responsable de asumir los compromisos económicos que el liquidado ISS dejó sin resolver, entre ellos pagos a pensionados que aún esperan que se les reconozcan sumas adeudadas desde hace años. 
La administración de esos recursos está a cargo de la fiduciaria Fiduagraria, que maneja los dineros del patrimonio autónomo y ejecuta los pagos que ordenan los jueces cuando los ciudadanos logran que se les reconozca una deuda pendiente.

Uno de esos casos es el de un jubilado, cuya identidad se mantiene en reserva, que pasó años tratando de demostrar que el Seguro Social le debía una suma de dinero. El pasado 30 de abril, un juzgado administrativo de Cartagena falló a favor del jubilado y le ordenó a Pariss pagar la deuda junto con los intereses causados durante todo el tiempo que estuvo pendiente. En total, la suma reconocida es de 1.300 millones de pesos. 

La llamada que hace la extorsión

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Al jubilado le pidieron el 25 por ciento para poder agilizar el pago.

Un día después de la audiencia que ordenó hacer el pago, el abogado del jubilado, Raúl Romero, presuntamente recibió una llamada en su teléfono celular. Un hombre que se identificó como Elkin Rengifo Montaño le dijo que si quería que a su representado le pagaran la deuda, debía entregar el 25 por ciento de los 1.300 millones de pesos.

Según el hombre, esa cuarta parte del dinero estaba presuntamente destinada a repartirse entre funcionarios de Pariss, la fiduciaria Fiduagraria y los ministerios de Salud y de Hacienda. Además, le dijo que si aceptaba, el pago se haría efectivo en quince días, pero que si no, debía prepararse para otra demora que podría tomar años. Según Romero, el hombre conocía con precisión los detalles de la decisión judicial que ordenaba el pago.

Hay una grabación

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El hombre que realizó la extorsión presuntamente habría trabajado con el Estado en el 2024.

Coronell relató que se comunicó por WhatsApp y por teléfono con el número desde el cual se hizo la llamada pidiendo “la mordida”, y logró hablar con una persona. El hombre que admitió ser Elkin Rengifo Montaño negó haber llamado al abogado Raúl Romero. Dijo que no lo conocía y que jamás se había comunicado con él.

Pero Elkin Rengifo Montaño fue grabado por el abogado de la víctima mientras pedía la plata. En la grabación revelada por el Reporte Coronell, se escucha con claridad el momento en el que pide el porcentaje a cambio de agilizar ese pago al jubilado.

De acuerdo con la investigación, Elkin Rengifo Montaño no es funcionario de ninguna de las entidades para las que dijo pedir el dinero. Su único vínculo con el Estado fue un paso por el Departamento Administrativo de la Función Pública, cargo que dejó de ejercer en 2024. Consultado por Coronell, Rengifo Montaño declinó la invitación a presentarse en el programa "El Reporte" para dar su versión.

El jubilado, tras años de trámites, sigue esperando que el Estado le pague lo que le corresponde por derecho. Sin embargo, esa suma sigue enredada entre la burocracia del Estado y presuntas redes de corrupción que buscan lucrarse de procesos judiciales legítimos. 
 

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