Expareja de David Racero contradice al testigo del caso Fruver y revela una presunta red de allegados en el Estado
Mariana Hernández, expareja de David Racero durante casi una década, habla por primera vez sobre las denuncias que mantienen al senador bajo investigación. En entrevista con El Reporte Coronell, cuestiona la versión de Leonardo García, quien negó haber trabajado como conductor y en el Fruver del congresista, y señaló a familiares y allegados de Racero que tendrían vínculos contractuales con el Estado.
Por: Carol Tatiana Gómez
Por primera vez, Mariana Hernández, expareja por casi una década del congresista David Racero, habló en un medio de comunicación sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción que hoy tienen bajo investigación al senador del Pacto Histórico. En diálogo con El Reporte Coronell puso en duda la versión de uno de los protagonistas del proceso judicial y amplió el mapa de personas cercanas a Racero que hoy ocupan cargos en el Estado.
Racero es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por presunto uso indebido de recursos públicos, mientras que el Consejo de Estado define en segunda instancia si el senador conserva su investidura. Esta entrevista con Mariana Hernández se realiza en medio de todo ese proceso, y en ella desmintió la declaración jurada de Leonardo García, el nombre de quien desató todo el escándalo.
El escándalo del Fruver y el conductor que ella contradice
El caso al que se refirió Hernández ya había sido destapado por el periodista Daniel Coronell meses antes. En el escándalo de Racero tiene que ver Leonardo García, quien figuraba en la nómina de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces representante a la Cámara, un cargo pagado con recursos públicos y destinado a labores de apoyo legislativo.
Según las grabaciones divulgadas en su momento por El Reporte Coronell, García en la práctica se desempeñaba como conductor personal de Racero y de su familia, y además atendía un negocio de frutas y verduras (un Fruver) de propiedad del propio congresista. Es decir que el Estado le pagaba un sueldo como asesor legislativo por un trabajo que, según las pruebas, en realidad era privado y personal para Racero. Ese uso de un cargo público para labores ajenas al Congreso es el hecho que el Consejo de Estado analiza para decidir si Racero pierde su investidura.
Además, Coronell también reveló un audio que mostró una contradicción entre el discurso público de Racero como defensor de causas laborales y las condiciones que él ofrecía en su negocio privado, pues se escucha al congresista ofreciéndole empleo a otra persona en ese mismo Fruver con un salario mensual de un millón de pesos, sin prestaciones sociales, para una jornada de siete de la mañana a ocho de la noche, seis días a la semana. Ese episodio no se refiere a García, sino a otra persona contratada para atender el negocio.
Leonardo García, el conductor y empleado del Fruver, declaró bajo juramento ante el Consejo de Estado, en el marco de la investigación sobre la pérdida de investidura de Racero, que nunca ejerció funciones de conductor ni trabajó en el Fruver.
Sin embargo, Mariana Hernández afirmó que esa versión "no corresponde con la realidad": "¿Qué tiene que estar pasando para que una persona que está subordinada al congresista decida asumir bajo juramento (...) un relato (...) que no corresponde con la realidad?". La expareja del senador dijo contar con conversaciones de WhatsApp de tres años que contradicen ese relato, y aseguró haber presenciado directamente las labores de García como conductor y que incluso llegó a compartir vehículo con él en trayectos hacia su oficina.
La red de diez familiares y allegados de Racero en el Estado
Hernández también habló sobre los vínculos familiares y políticos del senador dentro de la administración pública. Dijo que hizo un ejercicio de verificación en el sistema de contratación estatal (Secop), sumado a información ya publicada por medios como La Silla Vacía, y que encontró al menos diez familiares o allegados de Racero con contratos vigentes o recientes en entidades del Estado.
El caso que más le preocupa es el de una familiar política del senador que terminó trabajando en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el organismo que investiga a los magistrados que a su vez investigan a Racero, mientras mantenía otro contrato simultáneo con una entidad nacional.
Hacia el final de la entrevista, Hernández habló de las consecuencias personales que dice haber enfrentado por su decisión de declarar ante la Corte Suprema. Dijo que desde que empezó a cuestionar algunas actuaciones de Racero, y sobre todo desde que decidió no respaldar situaciones que consideraba incorrectas, esa postura tuvo consecuencias en su relación con él. Hoy, ella lo describe como formas de violencia en su contra y retaliación.
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