El joven que frenó la fumigación aérea en Putumayo y ahora denuncia amenazas: ‘Me llaman terrorista y narcotraficante'

Jhonatan Meneses es líder social y defensor de derechos humanos en Putumayo. Desde hace años enfrenta amenazas relacionadas con su trabajo en el territorio y con acciones para proteger a la población que vive en medio de las acciones violentas de los grupos armados. Ahora, tras la decisión de un juez de suspender provisionalmente el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, denuncia un nuevo aumento de las intimidaciones en su contra.

Le puede interesar: Nuevo Gobierno, nuevo herbicida: ¿vuelve Colombia a una vieja guerra contra la coca?

“Nos han tratado de narcos y de terroristas”, dice Meneses en conversación con CAMBIO. Los mensajes que ha recibido en los últimos días llegaron luego de que él, en representación de la organización Fundación Tiempo de Cambio acudiera a la justicia para detener la prueba de aspersión que quería implementar el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Meneses es asesor de juventudes de la Unión Europea para la región amazónica. Antes fue presidente del consejo de juventudes de Puerto Asís y ha sido asesor en programas de construcción de paz durante los gobiernos de Gustavo Petro e Iván Duque.

El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís paralizó temporalmente la medida con la que el Gobierno pretendía combatir los cultivos de uso ilícito, mientras se recauda más información técnica sobre el alcance y los riesgos para la salud y el ambiente que implicaría rociar la sustancia química en un cuadrante de hasta 1.000 hectáreas en el departamento. 

El glufosinato de amonio es un herbicida que no está aprobado para su uso como plaguicida en la Unión Europea desde 2018 y que allí está clasificado como tóxico para la reproducción, categoría 1B. Pese a esas restricciones, su uso está autorizado en otros países y ahora el Gobierno colombiano lo contempla como alternativa contra los cultivos de coca.

• ¿Sabía que puede leer hasta diez artículos de CAMBIO sin costo? Regístrese aquí

La decisión puso en pausa uno de los anuncios más polémicos de la política antidrogas del Gobierno de Abelardo de la Espriella: retomar la aspersión aérea como herramienta para combatir los cultivos de coca, esta vez con un herbicida diferente al glifosato.

“Nosotros no estamos en contra del Gobierno —sostiene—. Estamos diciéndole al Gobierno que venga y se acerque con el campesino”.

Meneses, que se identifica como un líder social del Putumayo, insiste en que no se opone a eliminar los cultivos de coca, sino a la medida que el gobierno quería implementar ese tipo de erradicación sin estudios de fondo que establezcan los posibles impactos del herbicida en la población. También cuestiona una falta de alternativas para los campesinos que aún dependen de esos cultivos.

Meneses asegura que lleva más de ocho años enfrentando este tipo de amenazas y reclamando medidas de la Unidad Nacional de Protección. Le dijo a CAMBIO que, hasta el momento, la UNP solo le ha asignado un chaleco y un teléfono celular, medidas que considera insuficientes para desplazarse por algunas zonas de Putumayo en las que los grupos al margen de la ley controlan el territorio. Ahora, luego de recibir nuevas amenazas a través de redes sociales y a su número telefónico personal, teme que la exposición que tuvo a raíz de la tutela vuelva a aumentar el riesgo en su contra.

“He recibido llamadas y mensajes masivos donde afirman que nos están buscando para destriparnos y asesinarnos, tildándonos falsamente de terroristas y narcotraficantes. Incluso han amenazado públicamente al señor juez que dictó el fallo (...) Si no nos protegen, es culpa del Estado. Si nos llega a pasar algo a mí o a mi familia, es culpa del Estado”, dijo Meneses en diálogo con CAMBIO.
 

Este lunes, el Ministerio de Justicia defendió la continuidad de esta herramienta química y aseguró que “la amenaza es el narcotráfico, no la aspersión aérea”. En un pronunciamiento firmado por el ministro Iván Cancino, la cartera sostuvo que la aspersión debe entenderse como una herramienta del Estado para combatir los cultivos ilícitos y recuperar territorios controlados por organizaciones criminales.

El Gobierno argumentó que las rentas provenientes de los cultivos ilícitos financian a estructuras armadas que, a su vez, extorsionan, reclutan menores y desplazan o confinan comunidades. Por eso, según el Ministerio, impedirle al Estado utilizar la aspersión limita su capacidad para enfrentar esas economías ilegales.

Meneses, por su parte, cuestiona que el pronunciamiento del Ministerio tenga sustento científico, al igual que la decisión de utilizar glufosinato en la aspersión.

La coca y el campesino en Putumayo

Para Meneses, una de las preguntas centrales que debería responder la política antidrogas es por qué un campesino decide cultivar coca. Su respuesta está relacionada con las dificultades para producir y comercializar alimentos en las zonas rurales de Putumayo.

Pone como ejemplo el plátano. Un campesino puede invertir, según su ejemplo, alrededor de $200.000 para sacar una producción, asumir los costos y dificultades del transporte y finalmente encontrarse con que el producto se lo compran por una cuarta parte de ese valor.

“Entonces el campesino termina más en peligro y dice: ‘No, pues mejor yo siembro coca’”, afirma.

La coca, explica, tiene para algunos productores una ventaja económica: los compradores llegan hasta las zonas donde está sembrada, mientras que sacar productos agrícolas legales implica enfrentar los problemas de transporte y comercialización.

Por eso, le propone al Gobierno que incluya en su política antidrogas líneas de crédito, asistencia técnica, capital semilla y garantías de compra para los productos campesinos.

“No solamente es fumigar”

Meneses insiste en que la erradicación debe continuar, aunque cuestiona que el método sea la fumigación por vía aérea. Propone explorar mecanismos de erradicación manual y otras alternativas más controladas y con participación de las comunidades.

“Puede ser por drones más controladas o puede ser también por fumigación, pero que sea controlada, no es solamente es fumigar”, dice.

Su propuesta, en todo caso, parte de una condición: que el Estado llegue al territorio y dialogue con los campesinos. “Que venga el presidente al territorio, hable con la gente y con los funcionarios para llegar a una propuesta clara”, reclama.