Entre la descertificación y la extradición. Por Julio Londoño

La reciente descertificación a Colombia por parte de la administración Trump ha merecido todo tipo de comentarios, incluyendo los de algunos que critican que hubieran certificado a Venezuela, señalada hasta hace poco como sede del denominado “Cartel de los Soles”, y no a nuestro país.  

Sin entrar a referirse a los detalles del texto de la disposición, que incluye la abierta censura a la administración de Petro y las perspectivas favorables que se vislumbran con el nuevo gobierno colombiano, hay que preguntarse por qué el gobierno de los Estados Unidos se arroga el derecho de certificar o no a una nación sobre la lucha contra el narcotráfico.

Es comprensible que esa decisión sirva de referencia para definir la ayuda que Washington otorga a las naciones más afectadas por ese flagelo. Sin embargo, coloca a los estados descertificados en la picota pública ante el mundo. Ahora estamos en la dudosa compañía de Bolivia, Afganistán y Myanmar.

Petro mantuvo una dilatada polémica sobre la forma de medir las hectáreas cultivadas de coca y trató de hacer valer que su gobierno había luchado contra el narcotráfico, incluso más que sus predecesores. Lo cierto es que los miembros de los grupos armados, todos vinculados activamente con el narcotráfico, aumentaron en un 80 %.

Esas certificaciones las hacían también sobre derechos humanos e incluso sobre el número de veces en las que había coincidencia con USA en las votaciones de resoluciones y proyectos en organismos internacionales, empezando por las realizadas en Naciones Unidas. En los casos en que las coincidencias con USA fueran muy pocas, el país de marras tendría problemas.  

¿Qué tal que las certificaciones fueran hechas por un estado o grupo de estados a los Estados Unidos sobre cualquier materia?

Sin embargo, cabe preguntarse cuántas hectáreas de coca habría y cuantas toneladas de cocaína se producirían en Colombia, si no existiera la amenaza de la descertificación norteamericana. Es significativo, porque con certificación o sin ella, se supone que existe una obligación del estado colombiano para luchar contra la producción de cocaína, especialmente porque alimenta a los grupos armados que tienen asolado al país.

No debe olvidarse también que los gobiernos, incluyendo el de Petro, han mencionado con satisfacción el número de extraditados a los Estados Unidos, como una demostración importante de la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, objetivamente eso parecería demostrar la incapacidad de la justicia y en general del estado para aplicar con severidad penas que se deriven de esos delitos.

Ojalá que llegue el momento en que no se requiera de la certificación ni de la extradición, para actuar como se debe en este país del Sagrado Corazón. Eso sí que sería un verdadero milagro.