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General retirado Jorge Mora
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, enfrenta una moción de censura por la muerte de tres menores en la Operación Amón.
País

Radican moción de censura contra el ministro de Defensa por la Operación Amón

Representantes cuestionan al ministro de Defensa por la Operación Amón y exigen explicar qué sabía la fuerza pública sobre la presencia de menores.

Por: Carol Tatiana Gómez

Diecinueve representantes a la Cámara, la mayoría del Pacto Histórico, radicaron este martes una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, por la muerte de tres menores de edad durante la Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare. El documento, firmado en cabeza del representante Óscar David Benavides, exige al funcionario explicar qué información de inteligencia tenía la fuerza pública antes de atacar el campamento donde murieron los adolescentes.

La Operación Amón se ejecutó el 27 de agosto contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción asociada a alias Calarcá, en zona rural de El Retorno, cerca del río Inírida. Diez personas murieron, y de las nueve inicialmente identificadas por Medicina Legal, tres eran menores entre los 15 y 16 años, según confirmó después el propio Ministerio de Defensa.

El presidente Abelardo De la Espriella y su ministro de Defensa,, general retirado Jorge Mora, en el reconocimiento de tropas en el batallón Pichincha de Cali. Foto: Comando Fuerzas Militares
Jorge Eduardo Mora asumió el Ministerio de Defensa bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, posesionado en agosto de 2026. créditos: Colprensa

Sobre esa operación, la moción plantea cuatro cargos contra Mora: responsabilidad política por la planeación y dirección sin explicar qué inteligencia existía sobre la presencia de menores; falta de claridad sobre las precauciones adoptadas y las alternativas operacionales disponibles; desconocimiento de la condición de víctimas de los menores reclutados al presentarlos como combatientes; y responsabilidad por sus declaraciones públicas tras confirmarse las muertes.

¿Qué sabía la fuerza pública antes de atacar?

Los citantes cuestionan que, a la fecha de radicación de la moción, el Ministerio no ha explicado con suficiente detalle qué información de inteligencia existía antes del ataque sobre la composición del campamento ni sobre la presencia de menores de edad. 

La proposición invoca la Norma 15 del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, que exige adoptar todas las precauciones factibles para reducir al mínimo las afectaciones a la población civil, y recuerda que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la determinación de una "función continua de combate" debe basarse en información razonablemente fiable y que, en caso de duda, debe presumirse la protección de la persona.

Un complejo esquema de seguridad  fue puesto en marcha por parte de las autoridades de Cundinamarca para dar tranquilidad durante la jornada de posesión presidencial. Foto: Ejército Nacional
La fuerza pública ejecutó la Operación Amón el 27 de agosto contra una estructura armada en el Guaviare. Créditos: Colprensa

Las preguntas que el Mindefensa debe responder ante la Cámara

La moción señala que uno de los menores presentes en el operativo fue recuperado con vida y sometido después a medidas de restablecimiento de derechos. A partir de ese hecho, los citantes piden al ministro precisar qué alternativas operacionales se analizaron antes del ataque, qué análisis de proporcionalidad se hizo, qué información existía sobre reclutamiento de menores en la estructura atacada y qué posibilidades había de captura, cerco o aislamiento en lugar del ataque aéreo.

Víctimas del reclutamiento, no combatientes: el argumento central de la moción

Los citantes sostienen que la respuesta institucional no puede reducirse a identificar retrospectivamente a los menores como integrantes de una estructura armada, porque su reclutamiento ya los convierte en víctimas del conflicto. 

La proposición cita el Auto 251 de 2008 de la Corte Constitucional, según el cual los menores reclutados son víctimas especialmente vulnerables y su aparente voluntariedad no elimina esa condición, pues responde a dinámicas de coerción y manipulación.

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Tres adolescentes de 15 y 16 años murieron el 27 de agosto durante la Operación Amón, ejecutada contra disidencias de alias Calarcá. Créditos: Colprensa

Con ese sustento, la moción marca una diferencia: no es lo mismo que una autoridad concluya, tras investigar caso por caso, que una persona específica participaba en combate, a que el Ministerio use la frase "eran combatientes" como una respuesta que cierra cualquier otra pregunta.

Lo que el ministro dijo después de la operación

El último cargo recae sobre las declaraciones que Mora hizo públicamente junto con la cúpula militar tras confirmarse la muerte de los tres menores. Los citantes dicen que, según el Decreto 1874 de 2021, dirigir la imagen institucional y la divulgación de las actividades del sector Defensa es una función directa del Ministerio, de modo que esas declaraciones no son opiniones personales del ministro.

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La Cámara de Representantes exige al Ministerio de Defensa explicar qué precauciones tomó para proteger a menores reclutados por grupos armados.

La moción cuestiona que la primera respuesta institucional se haya limitado a presentar a los tres adolescentes como combatientes, sin explicar simultáneamente qué decisiones adoptó el Estado para intentar proteger sus vidas. Combatir a los grupos armados que reclutan menores es una obligación estatal, señala el documento, pero protegerlos también lo es, y ambas pueden y deben coexistir.

¿Qué pasará ahora?

La moción exige a la Mesa Directiva de la Cámara verificar el número de firmantes, admitir la proposición, comunicar los cargos al ministro garantizando su derecho a réplica y convocar a la plenaria para el debate correspondiente. Según el documento, la votación debe realizarse entre el tercer y el décimo día siguiente a la terminación del debate.

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