¿Sirvieron las intervenciones a las EPS? La Contraloría encontró que sus finanzas empeoraron en 2025
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República muestra que las finanzas de esas entidades empeoraron durante 2025; la deuda total del sistema con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos subió a 58 billones de pesos y solo cuatro aseguradoras, con menos del 2 por ciento de los afiliados del país, cumplen hoy los requisitos mínimos de solvencia.
Por: Carol Tatiana Gómez
Las EPS que operan en Colombia cerraron 2025 con una deuda de 58 billones de pesos con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos. Es decir, que la cifra creció 26,5 por ciento en un año, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República. Casi todo el déficit –el 83 por ciento– pertenece a EPS que la Superintendencia Nacional de Salud ya había intervenido para corregir sus finanzas.
El informe hace parte del seguimiento permanente que la Contraloría realiza al sistema de salud y analiza los estados financieros certificados de 26 de las 29 EPS activas en el país, con corte al 31 de diciembre de 2025. El documento revisa la afiliación, el costo de la prestación de servicios, el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia exigidas por ley, y el comportamiento específico de las entidades que la Superintendencia Nacional de Salud tiene bajo intervención forzosa o medidas especiales.
Solo cuatro EPS cumplen los requisitos financieros exigidos por la ley
Casi todos los colombianos con EPS (el 98,76 por ciento) están afiliados hoy a una aseguradora que no cumple con los requisitos financieros mínimos que exige la ley. Según la Contraloría, solo cuatro entidades pasaron esa prueba al cierre de 2025: Aliansalud, Anas Wayúu EPSI, EPM y Salud Mía. Entre las cuatro suman apenas 641.713 afiliados, un poco más del 1 por ciento de la población asegurada del país.
Los requisitos como el capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas suficientes existen para garantizar que una EPS tenga con qué responder si algo sale mal. El decreto 780 de 2016 los hizo obligatorios. Una década después solo cuatro EPS los cumplen todos.
Crédito: Colprensa.
Las EPS gastan más de lo que reciben, y muchas superan lo permitido en gastos administrativos
El informe también revela que la mayoría de las EPS no logra un equilibrio básico entre lo que reciben y lo que gastan. De las 26 aseguradoras que reportaron información completa, 17 (65 por ciento) cerraron 2025 con pérdidas operativas, por un total de 5,73 billones. Solo nueve tuvieron números positivos.
Una de las razones es la siniestralidad, un indicador que mide si la plata que recibe una EPS por cada afiliado alcanza para pagar los servicios de salud que ese mismo afiliado usa. Si una EPS gasta más en atención de la que recibe, su siniestralidad supera el cienyopor ciento, y eso es justo lo que ocurrió en la mayoría del sistema, pues en promedio, las EPS gastaron el 110 por ciento de lo que recibieron por cada afiliado a través de la UPC, es decir, 10 pesos de más por cada 100 que les llegaron. Diecinueve de las EPS analizadas superaron ese umbral y eso significa que atender a sus pacientes les costó más de lo que el sistema les pagó por hacerlo.
A eso se suma que varias EPS gastan en su propia administración más de lo que la ley permite. El límite legal es del 10 por ciento de la UPC en el régimen contributivo y del 8 por ciento en el subsidiado, pero A.I.C. EPSI, Salud Bolívar y el Fondo de Pensiones de Ferrocarriles Nacionales reportaron gastos administrativos de 10 por ciento, 202,8 por ciento y 16 por ciento, respectivamente, muy por encima de ese tope.
Las EPS intervenidas por la Supersalud no mejoraron
Coosalud, Savia Salud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud y SOS llevan entre uno y varios años bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud. La medida buscaba corregir su rumbo financiero antes de que colapsen pero según la Contraloría, ninguna lo logró y las seis cerraron 2025 con patrimonio negativo, y en la mayoría de los casos la situación empeoró frente al año anterior.
Para llegar a esa conclusión, la Contraloría usó la metodología Fenix, la misma herramienta que la Supersalud aplica para vigilar a estas entidades. Este modelo mide tres cosas: cuánto patrimonio tiene la EPS frente a sus activos, qué tan endeudada está y si su operación genera ganancias o pérdidas. Savia Salud es el caso más crítico pues sus pasivos superan hoy en más de 11 veces el valor de sus activos, un indicador que pasó de -8,23 a -10,73 entre 2024 y 2025.
Nueva EPS, la más grande del país, sigue sin certificar sus cuentas de 2025
Nueva EPS concentra más del 20 por ciento de los afiliados del sistema de salud colombiano, la mayor proporción de cualquier aseguradora en el país y es la única de las 29 EPS que la Contraloría no pudo evaluar con la metodología Fenix, pues a la fecha de elaboración del informe, la entidad no contaba con estados financieros certificados y dictaminados para 2025.
Nueva EPS lleva bajo intervención forzosa desde abril de 2024, y hasta julio de este año ni siquiera había logrado certificar sus cuentas de 2023 y 2024, tras una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y un ultimátum de la Supersalud. El agente interventor, Jorge Iván Ospina, prometió entonces que los estados financieros de 2025 estarían listos en 15 días. La Contraloría confirma que, más de un mes después del plazo fijado, esos documentos todavía no existen.
La deuda de la EPS con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos sí se pudo calcular con una certificación aparte que la entidad entregó a la Contraloría: pasó de 22,18 billones en 2024 a 25,73 billones en 2025.
Crédito: Colprensa.
La deuda del sistema con hospitales y farmacéuticas no para de crecer
Las 29 EPS que operan en el país cerraron 2025 con una deuda de 58,06 billones con hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores de medicamentos, un incremento del 26,5 por ciento frente a los 45,89 billones reportados en 2024. La cifra incluye tanto los servicios ya facturados como aquellos que las EPS reconocen deber pero que los prestadores aún no han cobrado formalmente.
La deuda específica con los operadores farmacéuticos también aumentó: pasó de 2,85 billones a 3,80 billones, un alza del 33,1 por ciento. Aunque las EPS pagaron el 95,4 por ciento de lo facturado durante el año, casi el 70 por ciento del saldo pendiente corresponde a obligaciones generadas en 2025, lo que indica que la mora reciente es mayor que la acumulada en años anteriores. El informe dice que esta situación puede afectar la cadena de suministro de medicamentos y generar retrasos en la entrega de tratamientos a los pacientes.
Crédito: Colprensa.
Ni la Supersalud tiene cifras confiables sobre las EPS
Además, la Contraloría encontró que muchas EPS reportan datos distintos según a quién le rindan cuentas. Al comparar lo que las aseguradoras entregan a la Superintendencia Nacional de Salud (en un formato llamado FT001) con lo que certifican en sus propios estados financieros, aparecieron diferencias millonarias entre ambos reportes.
Compensar es un ejemplo, porque entre un documento y otro hay una diferencia de casi 8,86 billones en su cuenta de gastos. Sanitas, Famisanar, Coosalud y Sura también muestran discrepancias importantes. Para la Contraloría, esto significa que la Superintendencia podría estar vigilando al sistema de salud con información que no siempre refleja la realidad económica de las EPS.
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