Así funcionan los nuevos sistemas de cibervigilancia de la Policía Nacional

Primero fueron las body cams, o cámaras corporales, incorporadas a los uniformes de los oficiales de la UNDMO –antiguo ESMAD– y a los uniformes de algunos patrulleros. Luego, fueron los drones, equipados con cámaras con capacidad de reconocer rostros mientras monitorean desde el aire.

Ambos tipos de cámara están interconectadas a un sistema de reconocimiento biométrico facial, palmar y dactilar, conocido como ABIS, que, en términos sencillos, es un sistema de reconocimiento biométrico automatizado y móvil, capaz de crear bases de datos con la información que recolecta.

Estos son los dos sistemas adquiridos recientemente por la Policía Nacional para monitorear a la ciudadanía en espacios de protesta, y en el día a día. El costo es de poco más de 20.000 millones de pesos y han sido repartidos en la mayoría de las ciudades capitales de cada departamento. De acuerdo con la Policía, estos sistemas ayudan a monitorear, planear y hacer seguimiento a situaciones de orden público e –incluso– prevenir delitos. 

Las body cams, los drones y el sistema ABIS

Las 383 cámaras corporales fueron compradas entre 2018 y 2019. El primer lote, que costó 358 millones y medio de pesos, fue repartido entre los uniformados de Bogotá, Neiva, Ibagué, Pereira, Manizales, Cali, Popayán y Pasto. 

El segundo lote, que costó 441 millones de pesos, fue distribuido a los policías de Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Montería, Villavicencio, Yopal, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Tunja y Valledupar. 

Los drones fueron comprados en 2021, a un costo de 796 millones de pesos, y han sido distribuidos en Bogotá, Neiva, Popayán, Cúcuta, Medellín y Barranquilla. 

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), un cuarto contrato fue suscrito en diciembre de 2022 para incorporar el sistema ABIS, capaz de hacer reconocimiento biométrico y recolectar datos.

El objetivo del contrato es la “adquisición, instalación, configuración, adecuación, integración, comunicación, licenciamiento, pruebas, puesta en funcionamiento y transferencia de conocimiento, de equipos tecnológicos interoperables con el sistema biométrico de identificación facial, palmar y dactilar- ABIS a todo costo incluyendo el hardware, software y servicios que sean requeridos para su correcto funcionamiento”.

La Dijín aseguró a CAMBIO que la Policía también implementó 40 unidades de un despliegue tecnológico llamado "Sistema de gestión automatizada de motivos de Policía", que costó más de 6.000 millones de pesos. Sin embargo, no hay detalles oficiales respecto de qué sistemas operativos lo componen, en dónde está operando, ni qué tipo de alcance tiene.

Una fuente reservada de la Policía aseguró a CAMBIO que el sistema aún no está en funcionamiento. 

Los datos recolectados por estos nuevos sistemas, según informó la Policía a CAMBIO, son cruzados con bases de datos de la Fiscalía y tienen el objetivo de localizar a personas que ya tengan un pasado judicial. El sistema también está conectado a las bases de datos de la Registraduría, lo cual preocupa a los expertos en derechos humanos, por la posibilidad de vigilancia masiva y perfilamiento de los ciudadanos. 

El informe “Chécheres, juguetes y armas: Un inventario parcial de las tecnologías que utiliza la Policía Nacional en Colombia”, de la Fundación Karisma, advierte que el sistema ABIS no solo se restringe a las imágenes de las cámaras de la Policía, sino que puede acceder a todas las cámaras disponibles en la ciudad. Esto significa que la Policía podría, con esta nueva tecnología, realizar perfiles de cualquier ciudadano, independientemente de si es sospechoso o no, algo que podría ser violatorio de los derechos humanos. 

La anticipación del delito

El motivo para la adquisición de estos sistemas, de acuerdo con la Policía, es el monitoreo, la prevención y la atención de “hechos contrarios a la convivencia o infracciones a la ley penal, que afectan el derecho a manifestarse pública y pacíficamente”. También, para recolectar material probatorio en investigaciones por excesos en el uso de la fuerza, o en los casos en que deban llevar a posibles sospechosos ante las autoridades: “Asimismo, ha permitido apoyar el desarrollo de la actividad de policía que cumple la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en escenarios donde su misionalidad le obliga a desplegar el servicio antidisturbios entre ellas estadios, desalojos por orden de autoridad competente, operaciones contra la minería ilegal, marchas, operaciones contra el contrabando, entre otras”.

Sin embargo, la preocupación de los defensores de los derechos humanos es que ese reconocimiento facial indiscriminado en vía pública es anticonstitucional. El informe de Karisma concluye: “El reconocimiento facial podría permitir identificar a las personas sin que ellas sepan que están siendo identificadas, es decir, sin su consentimiento, y de manera posterior a la captura de una imagen del rostro. Esto hace que el anonimato en la vía pública pueda llegar a ser efectivamente imposible, salvo que se oculte el rostro. En términos prácticos, el uso del ABIS implica tratar a todas las personas como sospechosas, haciendo caso omiso al principio de presunción de inocencia. Además, constituye una desproporción en los medios, pues se puede aplicar indiscriminadamente sobre toda la población”.