¿Qué pasa con la Policía en Soacha?

John Edward Bautista murió luego de ser golpeado, torturado y empalado por sus compañeros de celda. Él, que había sido acusado de violar a su propia hija, llegó trasladado hasta el Centro Temporal de Protección (CTP) de Soacha. 

Aunque en principio la Policía aseguró que Bautista había sido atacado por sus compañeros de celda sin que existiera una explicación más allá de la rabia de los reclusos, un video publicado por Noticias Uno demostró que la golpiza se dio ante, al menos, cinco uniformados que se quedaron viendo sin hacer nada. Por el contrario, en el video se puede ver cómo se ríen. 

Esto derivó en la captura y condena de 12 personas, que, a su vez, testificaron que la orden de la golpiza la había dado el comandante del centro temporal, Duván Orlando Castiblanco. La orden había sido dada por Castiblanco al líder de una banda criminal que opera en Soacha y, más adelante, la Fiscalía determinó que existía una estrecha relación entre el comandante, los uniformados y los delincuentes, que utilizaban el CTP como centro de operaciones. 

Este hecho volvió a poner sobre la mesa una constante que ha venido siendo denunciada por activistas y políticos desde hace años: la profunda corrupción en la Policía de Soacha. Una de las denuncias fue hecha por el concejal Diego Cancino: él señaló que unos uniformados estarían extorsionando a los familiares de un detenido, a cambio de liberarlo. Posteriormente, tras realizar la denuncia, la familia tuvo que abandonar el municipio porque empezaron a enviarles amenazas de muerte.  

Entre torturas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias, asesinatos y jóvenes que fueron quemados vivos en una estación, la Policía ha creado un ambiente tensionante que los habitantes de los distintos barrios del pueblo describen como una amenaza. 

De acuerdo con ellos, y con quienes han denunciado las actuaciones de la Policía, buena parte de esta problemática se ha agravado por la actitud omisiva del alcalde, Juan Carlos Saldarriaga.

Un historial de violencia desmedida

“La Policía está desconectada de la población de Soacha. La sensación que siempre hay es de miedo. Aquí, como ellos saben eso, se aprovechan y esos privilegios los han llevado a cometer barbaries”, asegura Citrina de Colombia, una lideresa transgénero que ha organizado diversas iniciativas sociales de ayuda a menores y jóvenes en Soacha, y quien fue víctima de tortura sexual y brutalidad policíaca. Para ella, el historial de abusos es amplio y afecta, principalmente, a los jóvenes empobrecidos y a las minorías raciales y de género. 

La vinculación en el asesinato de Bautista es la última parte de una larga lista de denuncias que se han tomado el municipio. Uno de los primeros hechos ocurridos fue durante el desalojo de unas familias que habían invadido lotes en Ciudadela Sucre (un espacio ubicado entre Ciudad Bolívar y Cazucá), en julio de 2020. Durante los desalojos, que fueron ordenados por el alcalde Saldarriaga, los habitantes denunciaron que quienes dirigieron el operativo fueron hombres encapuchados y vestidos de negro, sin ningún tipo de distintivo adicional. 

Al final de la jornada de desalojos, que ocasionó fuertes disturbios, un niño de 15 años murió luego de recibir un impacto de bala tras la intervención del Esmad. En su momento, la madre de Duván Aldana denunció que su hijo, que no hacía parte de los disturbios, se había asomado a ver qué estaba pasando y había recibido un disparo por parte de un agente de la policía. Sin embargo, esta investigación no ha sido concluyente y, a su vez, el alcalde Saldarriaga aseguró que se había tratado de una serie de enfrentamientos entre bandas criminales lo que había causado el asesinato de Duván. 

Algún tiempo después, durante las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020, al menos tres personas fueron asesinadas en el municipio de Soacha durante la masacre que se vivió esa noche y que se extendió también en Bogotá. En Soacha, Christian Hurtado, de 27 años, fue impactado en la cabeza por una bala, mientras se reportaba que la Policía había salido a disparar a los ciudadanos que se manifestaban por Ciudad Verde (uno de los barrios más poblados de Soacha). Junto con él, Lorwan Estiven Mendoza, de 30 años, y Marcela Zúñiga, de 36 años, también resultaron asesinados por impactos de bala atribuidos a la actuación de la Policía. 

A este hecho se suma que tan sólo unos días antes, el 4 de septiembre, al menos 20 detenidos murieron calcinados en la estación de Soacha San Mateo, mientras sus familiares clamaban a los policías en turno que les ayudaran. Este momento quedó registrado en un vídeo que mostró la manera en que los uniformados no hicieron nada por detener el incendio, ni tampoco permitieron que los detenidos salieran de la estación en llamas. Hasta el día de hoy se desconoce cuál fue el origen del incendio. 

A esto se suman un sinnúmero de denuncias de brutalidad, torturas, detenciones arbitrarias y desmanes por parte de la Policía en desarrollo de protesta, que se vieron incrementados durante el estallido social de 2021. 

Adicionalmente, algunas denuncias particulares, como la de una activista transgénero que fue abusada sexualmente y torturada en el Centro de Traslado por Protección (CTP) de Cazucá, el 17 de marzo de 2021. También, la denuncia de dos jóvenes que fueron robados y torturados por dos policías en el CAI Hogares, en marzo de 2021. Y, finalmente, la denuncia de dos auxiliares de policía de 18 años que fueron abusadas sexualmente por un intendente de la policía en el Comando Central de la Policía, en junio de 2021. 

“Nosotros sentimos persecución y hostigamiento por parte de la Policía. Sobre todo hacia quienes hemos sido víctimas de violencia policial previamente. Cada vez que hacemos un evento conmemorativo, o que hacemos alguna denuncia, nos persiguen, nos infiltran, nos hostigan, nos han llegado amenazas y a mí, personalmente, me atacó un agente de policía en noviembre del año pasado y me amenazó por ser vocera de esta causa”, asegura Carolina Ordoñez, líder de la Corporación Rosa Negra, un colectivo formado por familiares de víctimas de abuso policial y quien también es madre de Juan David Rojas, uno de los jóvenes que murió incinerado en el CAI de San Mateo. 

A ella se suma Pilar Murillo, abogada defensora de derechos humanos, quien actualmente lleva los procesos de varias víctimas de brutalidad policiaca en el municipio, quien considera que, actualmente, las calles están llenas de tensión en la relación de la institución con la ciudadanía: “Esta relación podría describirse en dos palabras: deslegitimidad y desconfianza. La relación que existe entre la Policía y el pueblo soachuno es de una profunda desconfianza, que viene principalmente por los jóvenes del pueblo, porque la Policía se ha convertido en sus principales enemigos. Todas las denuncias que han rodeado este actuar irregular han conseguido que, actualmente, la tensión sea una generalidad entre los habitantes del pueblo hacia la institución”. 

Una Alcaldía que no escucha

Pero tal vez lo que más preocupa a quienes han interpuesto las denuncias, es la actitud del alcalde Juan Carlos Saldarriaga. Así lo considera Heiner Gaitán, concejal del municipio: “En todos los casos Saldarriaga legitimó a la Policía y nunca escuchó a las víctimas”, asegura.

Para él, y pese a que se ha intentado en múltiples ocasiones que Saldarriaga condene la actuación irregular de los uniformados, no se ha conseguido y al contrario, ha salido a apoyar más a la institución, lo que termina por dejar un mensaje que, según él, es muy claro: “Que la institución policial no tiene límites, ni siquiera los consagrados en la Constitución. Una Policía que no respeta la Constitución, que no garantiza la convivencia y el respeto de los derechos humanos se puede comparar apenas con un actor criminal que opera desde la legalidad”.

Así mismo lo dice Diego Cancino, quien, además, considera que la actitud del alcalde ha sido estigmatizar a quienes denuncian y atacar más a las víctimas: “¿Cómo es posible que el alcalde Saldarriaga salga a pedirme a mí que me enfoque en mi ciudad y no me ponga a ver lo que pasa en Soacha, solo porque estamos denunciando que la Policía de su municipio se le salió de las manos? Su actitud ha sido muy preocupante y la estigmatización constante que ha hecho de las víctimas y de los actos de protesta lo que hace es alentar el comportamiento de los uniformados que han tenido estos actos barbáricos con la ciudadanía”, asegura. 

Otra cosa que preocupa a los dos políticos, y también a la abogada Pilar Murillo, es lo que ellos aseguran es una probada complicidad entre miembros de la Policía de Soacha y bandas criminales en el municipio: “Nosotros hemos venido estudiando esta situación porque sí preocupa mucho la constante complicidad que allí existe, que es denunciada por diversos colectivos sociales que son los únicos que terminan haciéndole veeduría. Sabemos, por ejemplo, que en las partes altas de Cazucá es donde existe mayor presencia de las bandas criminales y es, también, donde más se crean estos vínculos con la Policía. Nosotros quisiéramos saber, ¿qué está haciendo la institución para investigar o desmantelar esto?”, asegura Diego Cancino. 

Pese a intentar comunicarnos en múltiples ocasiones con la Policía del municipio y con la oficina del alcalde Saldarriaga, no fue posible recibir respuesta a ninguna de nuestras preguntas. Sin embargo, el concejal Gaitán asegura que, a pesar de la insistencia de organizaciones, políticos y activistas, ni la Alcaldía ni la Policía de Soacha se han preocupado por investigar, llevar a juicio o hacer reformas pese a todas las denuncias.