Aunque hay avances, el camino para lograr un censo real de la población afro es largo, dicen las comunidades

¿Qué va a hacer el Dane para evitar que en el próximo censo nacional no se cometan los mismos errores y omisiones que llevaron a que el 30 por ciento de la población afrodescendiente fuera invisibilizada en el censo de 2018?

Esa pregunta todavía no tiene una respuesta concreta que dé tranquilidad a las voceras de múltiples organizaciones sociales que empezaron un proceso judicial que cuestionó que el censo de 2018 borró a 1,4 millones de personas, pues en 2005 se reconocían 4,3 millones y en 2018 solo quedaron 2,9 millones.

En 2022, la Corte Constitucional falló a su favor y el Dane tuvo que hacer un informe de lecciones aprendidas que condensara las razones que permitieron tal invisibilización.

Ese documento fue un trabajo conjunto con las comunidades que impidieron que se publicara una versión parcial. No obstante, aunque es un avance que el Dane haya reconocido fallas metodológicas, técnicas y de racismo estructural, esto es apenas un paso. ¿Qué falta? Identificar y poner en marcha las metodologías para superar cada una de las fallas encontradas.

CAMBIO habló con Dayana Blanco, directora general de Ilex Acción Jurídica; y con Glenda Palacios de la Asociación Colombiana de Economistas Negras, quienes iniciaron el proceso judicial junto a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas; la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados; Proceso de Comunidades Negras, y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

Primero, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional

En primer lugar, Dayana Blanco explicó que la existencia del informe es solo una de las órdenes que dictó la Corte Constitucional en la sentencia 7-276 de 2022 que reconoció que la invisibilización del censo tiene implicaciones sociales, por lo cuál no se trata solo de hacer la corrección.

La Corte ordenó que ese estudio fuera socializado ante las principales organizaciones del movimiento afrocolombiano y representantes del Espacio Nacional de Consulta Previa en un acto público. Pero lo que se hizo fue un evento, presencial y virtual, al que apenas se conectaron 80 personas.

“El auditorio estaba vacío y al evento solo se conectaron 80 personas y eso lo dieron como una socialización”, explicó Blanco.

Por eso, insisten que el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá, encargado de vigilar que estas órdenes se cumplan, aún no debe darlas por cumplidas. De hecho, Blanco explicó que están a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre una petición que le hicieron para que sea el Alto Tribunal la que vigile el cumplimiento de esta sentencia.

Las órdenes que dictó la Corte y que todavía no se han cumplido incluyen que el Dane, con acompañamiento y coordinación del Ministerio del Interior y de la Procuraduría, evalúe y discuta con los pueblos afro “la viabilidad, riesgos y conveniencia de incluir en la próxima Encuesta de Calidad de Vida un piloto de criterio de heterorreconocimiento en las operaciones estadísticas que realiza el Dane para complementar los resultados que ofrece el sistema de autorreconocimiento”.

La razón de esta orden es que no basta que el Dane pregunte sobre cómo se autorreconocen las personas que censan, sino que el heterorreconocimiento “permite que el entrevistador, como observador externo, identifique rasgos visibles del sujeto entrevistado, o haga preguntas dirigidas a ese fin; como, por ejemplo, la pertenencia étnica de sus ascendientes”.

La Corte Constitucional, además, ordenó al Dane que siga implementando el enfoque diferencial étnico-racial, que le dé continuidad a la Agenda Integral Étnica y a otras acciones para “ampliar la oferta estadística de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”. Esos avances deberán ser presentados en a los representantes del Espacio Nacional de Consulta Previa y a la Comisión Legal del Congreso de la República para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana.

Dayana Blanco dijo que ya se elaboró la agenda étnica, pero que los documentos no han sido debidamente socializados, por lo que deben seguir las conversaciones con las organizaciones que adelantaron el proceso judicial. Además, es crucial que las ‘lecciones aprendidas’ sean implementadas en los procesos que vienen, antes del próximo censo, como la Encuesta Nacional de Calidad de Vida.

Las dificultades metodológicas

Pero esto requiere un trabajo a conciencia. Glenda Palacios, de la Asociación Colombiana de Economistas Negras, Asomanocambiada, explicó a CAMBIO que no basta con el reconocimiento de las omisiones en el Censo de 2018 si no se puede establecer concretamente a qué se debieron en cada zona geográfica y qué peso tuvo cada error en el resultado final.

“¿Qué es hablar de racismo y qué es hablar de discriminación racial en un censo y en las estadísticas? ¿Racismo en qué? Cuando hablan de omisión estadística necesitamos análisis muy desagregados para identificar esas omisiones en qué lugares se dieron y cuáles eran las condiciones geográficas, demográficas y culturales y políticas”, explicó Palacios.

En ese sentido, Palacios indicó que esto también pasa por reconocer, por ejemplo, que el conflicto sigue en buena parte del país.

“¿Cuáles son las implicaciones de ir a territorios que están todavía en disputa o que están en la periferia? Eso no lo sabemos. En esos resultados, el Dane falló en darnos una claridad y, por eso, cuando ellos hablan sobre esas causas, aún no es claro cuáles fueron las implicaciones de esas causas y, por lo tanto, no tenemos claridad en cuáles serían las soluciones”, precisó.

Palacios explicó que los vacíos también pasan por entender cómo se aplica un enfoque étnico racial en las operaciones estadísticas, si es que se trata de incluir más preguntas por parte de las personas que hacen los censos casa a casa, o si debe ampliarse el enfoque para que haya consensos y se tengan en cuenta, características geográficas y culturales “que permitan una medición más efectiva”.

Tanto Blanco como Palacios insisten en que el Dane, como entidad encargada de la producción estadística del país, es la que tiene toda la capacidad para lograr que la medición sea real y que “realmente responda por un cambio estructural en sus ejercicios censales y sus conteos”.

“Puede ser que después del próximo censo estemos nuevamente en estas discusiones si esto que estamos mencionando hoy en 2024, que mencionamos en 2022 cuando salió la sentencia y que mencionamos en 2020 cuando presentamos la demanda no se corrige (y que seguramente se presentó en el censo de 2005)”, dijo Blanco.