Daniel Rojas, el director de los 20 billones y escudero de Petro: “Nuestra revolución democrática necesita más de cuatro años”

Es julio de 2010. Las imágenes de video muestran a un joven muy flaco y de tez que parece casi tan blanca como la camisa que lleva puesta bajo una chaqueta negra. Casi pasa inadvertido en un rincón de la sala. A unos cinco pasos está el hoy presidente Gustavo Petro, en ese entonces un candidato que denunciaba públicamente hechos de corrupción del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, lo que al final terminó en el escándalo conocido como el cartel de la contratación.

Participar del grupo que investigó los hechos por los que después fue condenado Moreno, junto a su hermano Iván, fue uno de los primeros trabajos grandes que el jovencito Daniel Rojas Medellín hizo para el actual presidente de Colombia. Desde esos días se han mantenido cerca. Rojas es ahora el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a quien Petro le encargó la administración y el poder sobre más de 20 billones de pesos en bienes e inmuebles incautados por las autoridades por actividades ilícitas, como narcotráfico o corrupción. La cifra es un estimado y se podría multiplicar por cinco, porque el inventario aún no es claro.

Ahora tiene 36 años y en medio de la radicalización política del país, algunos lo ven con cautela y otros, con entusiasmo. Pero, en resumen ambos bandos creen que encarna fielmente el proyecto político y el ideario de su jefe, con ese discurso de una revolución social y un cambio radical en el modelo económico del país.

En conversación con CAMBIO, el director de la SAE dijo, entre otras cosas, que no están muy errados aquellos que señalan que desde su oficina se gesta una especie de reforma agraria autónoma y exprés. Habla de frente y es retador, lo que le ha granjeado duras críticas y enemigos.

La llegada de Rojas a la cabeza de la SAE tomó por sorpresa a todos, porque nunca antes hablaron del tema, ni siquiera durante la primera reunión clave del empalme de gobierno, que fue el comedor de la casa de Petro, en donde se sentaron con José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla, Jorge Iván González y Luis Espitia (q.e.p.d) a barajar nombres.

Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, le dijo a Rojas que Petro lo quería nombrar en la SAE. Rojas dijo que no le interesaba; pero la respuesta del presidente fue que “si no era ahí, no estaba en ningún lugar del gobierno”. “¿Qué le he hecho para que me toque la más fea?”, respondió y le propuso a Petro otro nombre, el presidente se negó.

La propuesta quedó en el aire. El día de la posesión presidencial, la única entidad que Petro nombró en su discurso fue la SAE. Entonces los miembros del equipo le dijeron a Rojas que aceptara, que iba a ser importante el trabajo allí. La idea lo frustraba, porque llevaba dos años soñando con trabajar en las grandes decisiones económicas del gobierno, incluso armó un equipo para planear la hoja de ruta, pues su anhelo era estar en Planeación.

Petro, finalmente, lo convenció diciéndole que con la SAE podrían impulsar un cambio en el plan económico del país. Aceptó con el acuerdo de poder constituir su propio equipo. Según Rojas durante las reuniones de empalme los funcionarios del gobierno de Iván Duque parecían tener la intención de abrumarlos y les sacaban en cara que no tenían experiencia, una crítica que aún muchos le hacen.

“La inmobiliaria más grande del país”

Rojas cuenta que cuando le entregaron el cargo le dijeron: “Bienvenido a la inmobiliaria más grande de Colombia”. El gran problema, dice, es que nadie sabe cuánto tiene la entidad, porque hay un rezago enorme en los avalúos, falta tener los reales de algunas empresas o de bienes de difícil acceso. Pero, cuando se le pide que defina a la SAE dice que “es un holding multiempresarial, que incluye desde la administración de empresas farmacéuticas, hasta moteles, que es una vaina gigantesca”.

Recién llegó a la SAE, en febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación lo suspendió del cargo, por supuesto incumplimiento del contrato de compra venta de la empresa Triple A, encargada de los servicios públicos en Barranquilla. Días después el mismo ente de control anunció que había revocado la sanción debido a unos compromisos adquiridos.

Rojas reconoce que su equipo es de gente muy joven, pero se defiende señalando que los "inexpertos" han obtenido mejores resultados. “Por su misión, la SAE hace un recaudo anual y la media de los años anteriores estuvo entre 400.000 y 600.000 millones de pesos. En el primer año de gobierno, que solo incluye cuatro meses de nuestra administración, fueron 703.000 millones de pesos. En el 2023 fueron 806.000 millones y este año tenemos la meta de recaudar 1 billón de pesos”, señala.

De los inventarios solo tienen aproximaciones, según Rojas “porque muchos bienes los encontraron sin avalúos y algunos están en ocupación irregular”. En resumen, estaría alrededor de los 20 billones de pesos, pero podría llegar a los 100 billones de pesos, porque hay empresas grandes que pueden valer mucho más con sus activos intangibles. “Ese es el maremágnum en las cifras del valor del inventario”, confiesa.

A la pregunta de si en algún momento la SAE y el país van a saber qué es lo que hay en realidad, Rojas señala que una entidad con tan poco capital humano, pero tan grande en lo que tiene que administrar genera una relación inversa que la pone muy vulnerable a que haya corrupción. Por eso, cree que lo mejor es que adelgace su inventario a gran nivel, que venda la gran mayoría de cosas o que lo ponga a disposición de la gente.

“Qué hacemos con 200.000 hectáreas las cuales no se pueden controlar con 770 trabajadores, cuya mayoría está en Bogotá. Pero, si ponemos todo en reforma agraria, contribuimos a la economía del país como está pasando. Hoy el crecimiento del 5,3% del PIB agropecuario y del 9, 3 en cultivos transitorios y permanentes es producto de la reforma agraria”, dice Rojas. Pero, esa misma mirada es la que preocupa mucho a sus críticos, quienes creen que la SAE está entregando tierras, inmuebles y bienes sin las garantías ni la claridad necesaria, lo que en el futuro puede ser un gran pérdida de dinero para el país.

El principal concepto sobre el que trabaja la SAE de Rojas son las denominadas “Alianzas Público Populares - APP”, algo que quedó dentro del programa de gobierno de Petro. El objetivo, explica, es que el Estado, en vez de ser un proveedor de transferencias monetarias, en una relación paternalista, se convierta en socio de los trabajadores, no estatizando los medios de producción, sino haciendo la propiedad colectiva. Es decir, que la tierra, las empresas, los vehículos, la maquinaria, enseres y una gran cantidad de activos puedan ponerse en los circuitos de producción.

El presidente de la SAE dice que no se están inventando nada y que, contrario a los que señalan sus contradictores, nada es regalado, “por eso no se habla de beneficiarios, todo se hace con contratos, algunos con periodos de gracias por los procesos de producción, el principal acuerdo es que se va a producir algo en términos monetarios, pero también la creación de valor público, social y ambiental”.

“Estamos haciendo nuestra propia reforma agraria, con la alianza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que es la autoridad llamada a liderar ese proceso. No porque yo diga que es una necesidad, sino que todo proceso de industrialización debe estar precedido de una”, explica.

Hasta el momento, según su propio balance de la SAE ha entregado 49.135 hectáreas y 120.000 más están en alistamiento. Pero, la meta inicial de Rojas es contribuir con el 10 por ciento del millón y medio que quiere entregar este gobierno y como techo se ha propuesto llegar a las 250 mil hectáreas. Como muchos de los predios que tiene la SAE están en proceso de extinción, han tenido que usar la enajenación temprana que obliga a que se asocien con la ANT, que compra a precios por debajo del mercado y la entrega a los sujetos.

“Están tomando decisiones improvisadas”

Para algunos expertos en el tema, sin embargo, las cosas nos son tan color de rosa como las pinta Rojas Medellín. Andrés Ávila, expresidente de la SAE, al ser consultado sobre la gestión general de la entidad, le dijo a CAMBIO que desde su análisis, en resumen, hoy puede ser el reflejo de lo que es el gobierno nacional, porque, en sus palabras, hace muchos anuncios, muchos discursos, toma decisiones sin bases técnicas, desconoce preceptos legales, favorece a los que consideran "los suyos" y hace actos contradictorios que procuran por el caos y la confusión.

“Una administración cuyas decisiones improvisadas y populistas resultarán muy caras para toda la población. Que se puede ilustrar así: desvío de recursos; déficit de los fondos que deben ser cubiertos con la productividad; demandas por asignaciones no cubiertas; falta de titularidad saneada de predios entregados; invasión de tierras en las que terminan proliferando todo tipo de mafias y acciones delictivas; y quiebra de sociedades y consecuente disminución de puestos de trabajos y aportes fiscales”, están dentro de la larga lista que hace el exfuncionario.

El especialista en el tema dice que antes para hacer la asignación de un bien, a través de la figura de destinación provisional, dentro de los requisitos mínimos estaba la expedición de pólizas que cubrían los riesgos asociados a esa destinación. Y que en el caso de los administradores, depositarios y demás se exigían garantías y había un estudio de riesgo mínimo, pero que ahora, dice el expresidente de la SAE, en la asignación no hay casi ninguna garantía.

El exfuncionario le dijo a CAMBIO también que, adicionalmente, el tema con la entrega de tierras es la falta de claridad sobre las áreas y predios que asignan, debido a que una de las principales dificultades que tiene en Colombia es la necesidad de hacer saneamientos catastrales y jurídicos de los predios. “Es un riesgo potencial de afectación a terceros. Y un riesgo para quienes de buena fe, están recibiendo esas áreas, creyendo en un justo título inexistente”, señaló.

De otra parte, dice el expresidente de la SAE que están usando figuras como el comodato, que desconocen la especialidad y particularidades de la medida cautelar de embargo y secuestro bajo el trámite de extinción de dominio, en donde no puede haber compromiso de temporalidad. Además, señala que en materia de sociedades, el desconocimiento en asuntos corporativos, ha reflejado cambios negativos patrimoniales en las sociedades.

Posiciones y opiniones directas

Las posiciones  de Daniel Rojas sobre diferentes temas son vistas como radicales por algunos. Criado en un barrio popular de la localidad de Puente Aranda, en el suroriente de Bogotá. Fiel seguidor del economista polaco Michal Kalecki. Hijo de un conductor y de una madre que naufragó por años entre las labores del hogar y trabajos informales. El presidente de la SAE cuenta que creció en la casa compartida de los abuelos maternos y, muchas veces, en medio de la angustia de que la plata no alcanzara.

Entró a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional, pero la asistencia a foros económicos y el interés en el activismo político hicieron que se saliera para estudiar economía en otra universidad. El paso por la Nacho lo marcó, pero niega que haya pertenecido a alguna organización estudiantil de izquierda como lo afirman sus críticos al catalogarlo de “rojo puro”.

Rojas también habla claramente de su respaldo a una política de legalización de las drogas, pero cree que esto tiene unas dependencias con las lógicas transnacionales y geopolíticas. Por eso, cree que su obligación legal actual es no permitir que los activos que administra la SAE sean disfrutados por las personas procesadas.

Al igual que su jefe y otros de sus compañeros de partido cree que su proyecto político, que él llama “revolución democrática”, no se logra en cuatro años. “El cambio de modelo económico del país, en el tránsito pacífico y democrático, demora mucho más. Es un proyecto de Estado que va más allá de ganar la presidencia y hacen falta cortes, un congreso y una sociedad progresista”, dice Rojas sin eufemismos.

Sobre un tema tan polémico como la posibilidad de una constituyente, reconoce que es algo que vienen discutiendo desde que comenzaron a hacer activismo con Petro. “El desmonte de la Ley 100, de la Ley 50 y la Ley 30 y toda esa consecuencia legislativa para volver a los orígenes del 91 nos va a tomar un tiempo, que pudiera acortarse si existe un movimiento social culturalmente organizado, que es en sí mismo el poder constituyente para lograrlo”, señala.

Y sobre el supuesto golpe blando denunciado por el presidente Petro, Rojas cree que sí existe y que es algo que estratégicamente ha venido ocurriendo contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica. “Hay como un manual de las derechas continentales y en España, con centros de pensamiento instruidos, que conjuga medios de comunicación, fiscalías para judicializar la política, y muchas veces buscan derrocar, no permitir la gobernabilidad o meterlos presos al final. Ya no es el golpe militar, si no que lo legitiman a través de los titulares de prensa”.

Coincidencialmente, buena parte del reconocimiento que tiene hoy Rojas en Colombia es debido a sus registros de prensa. Hace unos días, por ejemplo, apareció anunciando la entrega de 69 predios para sedes de universidades, entre estos un motel para que sea adecuado como residencia estudiantil. Y otra parte es debido a su constante actividad en redes sociales, en donde defiende a capa y a espada al Gobierno. Por lo que los conocedores de la política profunda dicen que no sorprendería que de la SAE Petro lo haga saltar a un cargo de más importancia para lo que queda del gobierno, porque el jovencito tímido del aquel video de 2010 puede considerarse hoy como uno de los “gallos tapaos” del presidente para futuras contiendas.