Bienes de la SAE fueron entregados a cambio de coimas que se cobraron a nombre de Daniel Rojas y Juan Fernando Petro

La Fiscalía tiene en su poder denuncias de personas que dicen haber entregado miles de millones de pesos a una reconocida política antioqueña, a cambio de acceder a la entrega irregular de bienes de la Sociedad de Activos del Estado (SAE). Lo más llamativo del asunto es que, según los denunciantes, esa persona les pedía las coimas a nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y de Daniel Rojas, presidente de la SAE. Otros denunciantes aseguran haberle entregado los dineros como anticipo del negocio.

La mujer a la que se refieren los denunciantes es Carmen Yaneth Bran Jaramillo, quien en 2019 fue candidata al concejo de Medellín por el Partido Conservador y quien, desde 2021, se jacta de ser directiva de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, y, en especial, de trabajar de la mano de Juan Fernando Petro, alto comisionado del cuerpo de paz de esa organización social.

Al parecer, esta es la carta de presentación con la que Bran Jaramillo ha logrado hacer múltiples chanchullos relacionados con la entrega de bienes en poder de la SAE.

Las actuaciones en Colombia de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos han sino más bien sospechosas. El primer escándalo a su alrededor estalló en 2022, cuando se destapó el denominado Pacto de La Picota, mediante el cual, supuestamente, Juan Fernando Petro, el abogado Pedro Niño y Danilo Rueda –quien iba a convertirse en alto comisionado para la paz del Gobierno Petro– les ofrecieron a varios presos la posibilidad de no ser extraditados y de convertirse en “gestores sociales”, a cambio de que aportaran votos al entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro. 

Ese revelación, que hoy es objeto de investigación, cayó como una bomba dentro de la Comisión y sus integrantes comenzaron a lanzarse responsabilidades unos a otros. Muchos de ellos salieron de ahí, incluido el abogado Niño. La Comisión, entonces, quedó conformada así:  Rodrigo Ricaurte quedó como director para América Latina y el Caribe; Juan José Palacios, como representante de esa ONG en Colombia, y Juan Fernando Petro, como alto comisionado del cuerpo de paz. Aunque Carmen Yaneth Bran Jaramillo fue nombrada en la Comisión como directora internacional y, luego, como directora departamental de Antioquia, fue expulsada en septiembre de 2021 por supuestos vínculos con personas no gratas.

Sin embargo, Ricaurte le dijo a CAMBIO que Bran Jaramillo ha seguido usando las credenciales, el uniforme y las fotos con directivos de la Comisión para hacer negocios non sanctas que hoy están en la lupa de la justicia. Ricaurte asegura que, incluso, denunció a Bran por haberse robado la representación legal de la empresa en Colombia, los dominios de las páginas web y hasta las redes sociales.

La versión de Bran Jaramillo es la opuesta. En diálogo con CAMBIO, aseguró que Ricaurte ya no es director general de la Comisión y que fue expulsado por el manejo irregular de los recursos. Sobre las denuncias que hay en su contra, sostiene que todas son falsas.

Lo cierto es que, según fuentes de la Fiscalía, Bran Jaramillo tiene 15 procesos activos en los que aparece como indiciada por delitos como estafa, falsa denuncia, fraude a resolución judicial, falsedad en documento público y lesiones, entre otros.

CAMBIO conoció el documento de las denuncias que resumen un aparente modus operandi de Bran Jaramillo para negociar bienes de la SAE a cambio de jugosas coimas.

La operación estafa

El modo de actuar de Bran Jaramillo da luces sobre el andamiaje de corrupción en distintas entidades del Estado. Trabaja en compañía de una mujer llamada Karen, quien, al parecer, es empleada de la inmobiliaria Consultores Santo Domingo SAS, la mayor depositaria de la SAE, con 638 bienes a cargo. Con ese amplio catálogo de bienes, Bran y Karen van a donde posibles clientes y les ofrecen que, a cambio de coimas que van –supuestamente– para Rojas y Juan Fernando Petro, les venderán bienes en tiempo récord bajo el modelo de enajenación temprana, una figura con la que cuenta la SAE para vender los inmuebles antes de que su dominio sea extinguido en juicio.  

Uno de los casos conocidos por CAMBIO fue puesto en conocimiento de la justicia hace un par de meses. Dice el denunciante que en noviembre de 2022 le entregó a Bran Jaramillo 150.000 dólares para que le entregara un apartamento ubicado en el barrio El Poblado que pertenecía al extinto narcotraficante Francisco Iván Cifuentes Villa alias Pacho Cifuentes, expiloto de Pablo Escobar y mafioso desde los 90. El apartamento hacía parte de los bienes que tenía bajo su mando la inmobiliaria Consultores Santo Domingo SAS:

“Ella pidió que le entregáramos 150.000 dólares en Tulcán para ella entregarlos más fácil al doctor Juan Fernando Petro, hermano del actual presidente, quien supuestamente era el enlace con la SAE. Después de pagar los dólares, el 29 de noviembre de 2022 nos entregaron la casa unos funcionarios de la SAE. También estuvo presente Karen Yazmín Hernández, y dijo en la administración que nosotros éramos los nuevos propietarios. Entonces nos autorizaron el ingreso. Estábamos felices de ver nuestro sueño realidad”. 

Sin embargo –continúa el denunciante– el negocio empezó a oscurecerse cuando Bran Jaramillo les pidió 60 millones de pesos para trámites y escrituras, y que nunca le traspasaron el bien a su nombre. Eso sí, siguen teniendo la posesión del inmueble.

En otro caso, la denunciante advierte que Bran Jaramillo le vendió un edificio de cinco pisos en el barrio Laureles, en Medellín, por 1.700 millones de pesos. El inmueble perteneció en el pasado a Nicolás de Jesús del Río Jiménez, afectado con una medida de extinción del dominio de la Fiscalía, y que también estaba bajo el dominio de la inmobiliaria Santo Domingo. El inmueble fue transferido a una mujer de apellido Parra que denunció a Bran por estafa.

En otra de las denuncias conocidas por CAMBIO, se cuenta que Bran Jaramillo, en alianza con supuestos funcionarios de la SAE, entregó en arriendo una bodega ubicada en Itaguí por un bajo precio, con el compromiso de que pagaran casi un año de arriendo por adelantado. Así lo lo hicieron. Sin embargo, siete meses después, la SAE les notificó que eran ocupantes irregulares y les ordenó desalojar el inmueble.

La información que se repite en las denuncias recientes es que las víctimas le creen a Bran Jaramillo porque ella porta las insignias de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y se jacta de que es un negocio que hace con el hermano del presidente, que es su supuesto enlace con la SAE.

Como lo reveló CAMBIO en una publicación anterior, la inmobiliaria Consultores Santo Domingo SAS recibió 638 bienes de la mafia, aun cuando solo se sabe que tiene un exiguo capital de apenas 120 millones de pesos y que su representante legal es Julio César Picón Arias. El régimen de sociedades por acciones simplificadas (SAS) permite mantener en reserva el nombre de los accionistas, ya que no están obligados a tener registro público mercantil. 

En todo caso, según las víctimas consultadas por CAMBIO, que pidieron reserva de sus nombres por temor a represarías, la corrupción podría ser más grande, pues la señora Bran Jaramillo estaría trabajando en alianza con el depositario más importante de la SAE. A pesar de las denuncias –dicen– no ha pasado nada. Incluso, advierten, podría existir la complicidad de empleados de una notaría en Bogotá que se presta para hacer los papeles de compraventa que son presentados, posteriormente, en las oficinas de registro.

Fuentes de la SAE dijeron que el comité de depositarios aprobó remover a la inmobiliaria Consultores Santo Domingo SAS como depositaria, por incumplimiento de las obligaciones. Aunque no ha salido la resolución, la SAE dice que “se está haciendo el plan para recibir los más de 600 activos”.

Por su parte, Juan Fernando Petro le dijo a CAMBIO: “Están usando mi nombre en una cosa en la que nunca me he metido. Lo que me molesta es que, aunque cuide mis actuaciones, aparecen personas que ni siquiera conozco y empiezan a usar mi nombre para sacar provecho”.

La Fiscalía tendrá que definir quiénes son los responsables de este escándalo de corrupción relacionado con los bienes de la mafia en poder de la SAE.