La millonaria deuda que la SAE no ha cobrado por la venta de la Triple A

Una de las primeras batallas que libró el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue por la venta de la Triple A, que se llevó a cabo en diciembre de 2021, durante el mandato de Iván Duque. El presidente le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que adelantara un estudio de valoración de la compañía con el fin de aclarar si se había vendido por debajo de su valor. Lo que determinó esa entidad fue demoledor: la Triple A no costaba los 565.000 millones de pesos por los que fue vendida, valor estimado por Deloitte, una de las consultoras más grandes del mundo, sino cuatro veces más, 2,4 billones de pesos.

Ese veredicto de la Superservicios, una entidad que no es un órgano de valoración, dio para que el presidente de la SAE, Daniel Rojas, suspendiera la venta hasta que se pronunciara la Contraloría. Lo curioso es que al final, la suspendida no fue la venta sino el presidente de la SAE. La procuradora barranquillera Margarita Cabello actuó a través de dos de sus delegados. Uno, que suspendió a Daniel Rojas y a otros dos altos directivos de la SAE, y otro, que sentó a la SAE, representada por el entonces influyente abogado Héctor Carvajal, a negociar con la Alcaldía de Barranquilla. Mientras los barranquilleros jugaban de locales, la SAE, acéfala por la suspensión de su presidente, negociaba con la bota de la Procuraduría puesta en el cuello. Así las cosas, el negocio quedó resuelto en una sola sentada, en donde el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, puso las condiciones y los representantes de la SAE dijeron la última palabra: sí. El gol de la honrilla del Gobierno nacional, que salió desplumado de este negocio, fue determinar que el comprador de la Triple A sería otra empresa pública: EPM de Medellín, controlada hasta ahora por el alcalde Daniel Quintero, pero que en unos meses seguramente estará bajo el dominio de Federico Gutiérrez. 

Contrario a lo que pensaba el Gobierno Petro, en junio pasado, la Contraloría dijo que el valor estaba soportado y que no había detrimento patrimonial. Lo que nadie sabía hasta hoy es que hay una cláusula del contrato de venta que se pudo hacer efectiva desde diciembre de 2022, pero que todos han venido ignorando. Se trata del pago por earn out, una futura compensación económica que quedó estipulada en la venta y que subiría el valor de la compañía en, por lo menos, 277.000 millones de pesos. Ese saldo está en mora. Según expertos en contratación estatal, la actitud de la SAE no es normal. 

La puja por el control accionario de la Triple A se inició en 2018, cuando la Fiscalía embargó la compañía con fines de extinción del dominio y la SAE tomó posesión de las acciones de la española Inassa. En 2021, durante el gobierno de Iván Duque, la SAE, presidida por Andrés Ávila, decidió vender tempranamente la Triple A (sin que terminara el proceso de extinción del dominio), y lo hizo de manera directa a la empresa mixta Alumbrado Público de Barranquilla (Apbaq), hoy K-Yena, que está conformada por la Alcaldía de Barranquilla con un 65 por ciento (representada por el charista Jaime Pumarejo) y Capital Luz, con el 35 por ciento restante, que es de las empresas del antioqueño William Vélez y antiguamente, de la familia Daes de Barranquilla, quienes dicen que cedieron sus acciones al Distrito.

Los argumentos legales para vender la compañía de manera directa a Barranquilla fueron varios; por ejemplo, que en manos de la SAE la empresa perdía valor (bloqueo financiero y pérdida de proveedores); que Barranquilla tenía acciones en la compañía; estaba en la junta directiva y eso la ponía como primera opción en la compra, y, lo más importante, que el alcalde Jaime Pumarejo había manifestado su deseo de adquirir las acciones. Las razones políticas, según las fuentes, son que la orden del Gobierno era hacer el negocio con ellos.

Los compradores fueron los grandes ganadores del negocio porque la adquirieron “barata” por una jugada que, para muchos, fue considerada como sucia. Según fuentes, antes de que la SAE contratara a la reputada consultora Deloitte para que valorara la empresa, pasó algo que hizo que la empresa costara 277.000 millones de pesos menos.

La jugada la hizo el alcalde de Soledad, Atlántico, Rodolfo Ucrós Rosales, quien llegó a su cargo respaldado por el senador y presidente del Partido Conservador Efraín Cepeda, quien, a su vez, anunció recientemente el respaldo del partido a la candidatura de Alex Char. Entonces, antes de que la SAE contratara a Deloitte para la valoración de la empresa, el alcalde Ucrós dijo que el contrato que tenía el municipio con la Triple A, que se vencía en diciembre del 2021, no sería prorrogado.
 
Su decisión impactaba considerablemente el valor de la compañía, que es la encargada de prestar los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en Barranquilla y en otros 14 municipios del Atlántico, porque las concesiones más relevantes para la Triple A son Barranquilla y Soledad, y juntas representan más del 87 por ciento del total de sus ingresos anuales.
 
Con ese panorama, Deloitte hizo su valoración: si la concesión de Soledad se prorrogaba hasta 2033, la Triple A costaría 841.000 millones de pesos, pero sino se prorrogaba, las acciones bajaban a 564.000 millones de pesos, es decir, una sustancial diferencia de 277.000 millones de pesos.
 
En otras palabras, gracias a la decisión del alcalde de Soledad, que dijo que, supuestamente, no prorrogaría el contrato con la Triple A, Barranquilla y sus socios Vélez y Daes compraron barata la compañía (565.000 millones de pesos) con generosos plazos de pago.
 
A pesar de esa jugada del alcalde de Soledad, el expresidente de la SAE, Andrés Ávila, se curó en salud y dejó una cláusula con la que se anticipaba al cambio de decisión del mandatario municipal, como efectivamente ocurrió. Después de la venta de la Triple A, Ucrós extendió el contrato hasta el 17 de octubre de 2022 y finalmente, en diciembre de 2022 lo prorrogó hasta junio de 2024.

 
Y el cuestionamiento puntual a la SAE es: ¿por qué, si está estipulada una cláusula en el contrato denominada earn out, o compensación futura, que les da la posibilidad de recaudar más de 277.000 millones de pesos, no lo han hecho?

 
Ese cuestionamiento se lo dejó por escrito el expresidente de la SAE, Andrés Ávila, a su sucesor, Daniel Rojas, en una carta que le envió en octubre de 2022, en la que, además de renunciar a la junta directiva, le dijo que evaluara aplicar la cláusula earn out.
 
Para expertos en contratación pública, esa “pasividad” de la SAE para cobrarle a Barranquilla es ilógica.
 
“Definitivamente no me parece normal ni propio de una entidad como la SAE que deje pasar tantos meses desde la prórroga del contrato de Soledad, lo cual le permite tener derecho a ese valor adicional, y que aún no haya hecho la valoración ni haya reclamado lo que le deben”, explicó Jorge Santos, experto en contratación pública y abogado de la Universidad Externado.
 
Por su parte, la abogada Mónica Safar, autora del capítulo ‘Contratación pública y corrupción’, de la serie de libros Corrupción en Colombia, dijo que “no parece normal que la SAE no haya buscado obtener ese valor adicional, porque es una ganancia en su favor, especialmente si está pactado el peritaje como mecanismo neutral para ello”. Y añadió que, aunque “no hay una norma que diga cuándo se debe hacer valer una cláusula contractual, desde la práctica, no parece tener sentido que se adopte una posición pasiva”.
 
En todo caso, los que siguen ganando con la pasividad de la SAE son los compradores de la Triple A, es decir, la ciudad de Barranquilla y William Vélez.  

¿Qué responden la SAE y la Triple A?

En respuesta a CAMBIO, la SAE aseguró que ha cumplido al pie de la letra el contrato. Explicó, por ejemplo, que hoy en día K-Yena S.A.S ha cancelado 302.901 millones de pesos y que adeuda 282.499 millones de pesos, “suma que deberá ser pagada a seis cuotas, una por año, cada una de estas por valor de 47.083 millones de pesos”.
 
Sobre el cuestionamiento del no cobro del earn out, la entidad aseguró que ya “se encuentra en proceso de selección y contratación de una banca de inversión que cuente con la capacidad técnica, jurídica y operativa para adelantar el proceso de determinación del monto correspondiente al earn out”. Su respuesta coincidió con la que también le dio a CAMBIO la compañía Triple A, que, en comunicación escrita, afirmó: “Se han sostenido reuniones en la ciudad de Bogotá y Barranquilla entre las partes y hay acuerdo sobre la definición de una banca de inversión pública para que aplique el mecanismo de valoración respectivo y conforme a lo pactado en el contrato”.

La demora en el cobro de esa cláusula, según la SAE, es porque no existe “una valoración exacta del monto al que corresponde esta obligación, no se cuenta con la claridad suficiente del valor que representa el derecho a reclamar, lo cual es necesario esclarecer para poder solicitar el pago efectivo de este”.

Ese argumento contrasta con la valoración que hizo en 2021 la consultora Deloitte, que estimó cuánto representaría el earn out por cada año de concesión en Soledad, Atlántico. Es decir, cuánto más podría recibir la empresa en el año por la operación en ese municipio.

Si la decisión de la nueva administración de la SAE es que no tendrán en cuenta el estudio contratado por el Gobierno anterior con la firma Deloitte, deberán justificar un nuevo contrato con la “banca de inversión pública” que hará el mismo estudio del valor del earn out.

Los tiempos corren a favor de los compradores, K-Yena S.A.S, que en enero de este año firmó un memorando de entendimiento con Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el que anuncian que están explorando la posibilidad de que la empresa número uno en Antioquia adquiera sus acciones en la Triple A. En todo caso, si K-Yena S.A.S vende sus acciones a EPM tendrá plata para saldar la deuda con la SAE y guardarse un tanto más en los bolsillos. Un negocio redondo que lleva a cuestionar si realmente K-Yena S.A.S tenía el dinero para comprar la Triple A. Dicen que la política arma extrañas camas; los negocios, también. Todo indica que, sin proponérselo, Gustavo Petro terminó sirviendo en bandeja de plata un gran negocio a Federico Gutiérrez.