Procuradora actuó como juez, verdugo y conciliador en el caso de la SAE y Triple A
Margarita Cabello, procuradora general de la nación. Foto del 19 de abril de 2022.
Crédito: Colprensa
'El Reporte Coronell' relata cómo fue la participación de la procuradora general, Margarita Cabello, en el caso de la conciliación entre la SAE y la Alcaldía de Barranquilla por la empresa Triple A.
Este viernes, en El Reporte Coronell de W Radio, el periodista Daniel Coronell habló sobre la procuradora general de la nación, Margarita Cabello.
Coronell aseguró que la alta funcionaria "jugó con la camiseta del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo" y a instancias de la Procuraduría, habría logrado que se ejecutara "un contrato de venta de acciones de la EPM, aunque existan y persistan las dudas sobre las condiciones y la valoración".
Para atender una queja de Pumarejo, Cabello designó al procurador delegado con funciones mixtas Luis Ramiro Escandón, el cual facilitó la conciliación que, en detrimento de los intereses nacionales, favorece a la Alcaldía de la capital de Atlántico.
La situación que involucra a la procuradora
En contexto, la situación inició al momento en que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) cuestionó la venta de acciones de la empresa Triple A de Barranquilla. Dicho negocio fue llevado a cabo por la administración previa y durante la presidencia de Iván Duque.
La SAE solicitaba que el contrato de compraventa fuera suspendido temporalmente y que se corroborara cuál era su valor. Esto último se debe a que, según la Superintendencia de Servicios Públicos, se estaban vendiendo las acciones por debajo de un tercio de lo que en realidad valían, lo que implica una diferencia de 1,3 billones de pesos.
En esa coyuntura fue cuando la procuradora ("cercana a la casa Char como el alcalde Jaime Pumarejo") rápidamente designó a Escandón para atender la solicitud de este último, según explicó Coronell.
Así las cosas, con tal de decidir respecto a la eventual suspensión del contrato y modificar la junta directiva, la SAE citó a la asamblea extraordinaria de Triple A el pasado 7 de febrero. Lo de la reunión es relevante porque esta continuaba siendo la que estaba durante la administración Duque.
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'La reunión de la discordia'
Entonces, Escandón pidió suspender la asamblea y cumplir con el contrato, en aras de que la SAE se viera obligada a pagar 59.000 millones de pesos como sanción por incumplimiento.
Y aunque Daniel Rojas, presidente de la SAE, manifestó que ejecutar el contrato llevaría a perder 1,3 billones de pesos (un valor 22 veces mayor que la multa), "la política tiene otras matemáticas" –expresó Coronell–.
Como Rojas "no hizo caso, tres días después, en un proceso relámpago, (...) la Procuraduría lo suspendió por tres meses de su cargo. Además, le abrieron investigación disciplinaria a él y a sus vicepresidentes jurídico y de sociedades y al superintendente de servicios públicos domiciliarios Dagoberto Quiroga, quien había cuestionado la valoración de la venta", afirmó el periodista.
Dicha suspensión, ocurrida el pasado viernes 10 de febrero, fue llevada a cabo por el viceprocurador, Silvano Gómez, "quien nos dijo aquí en el Reporte de La W, que él suspendía primero y después investigaba". Y ese mismo día, para atender la queja de Pumarejo, Escandón citó una reunión para el jueves 16.
"La procuradora Cabello tenía en una mano el pan y en la otra el rejo", expresó Coronell en el reporte de este viernes.
Consulte el Reporte del lunes aquí: El caso de Daniel Rojas y su suspensión como presidente de la SAE
La cita entre las partes en pugna
En el reporte se relata que las partes en juego fueron a la Procuraduría este jueves: por un lado, el alcalde de Barranquilla y sus acompañantes; por el otro, la SAE, aunque sin Rojas, su presidente. Héctor Carvajal, abogado, fue quien representó los intereses nacionales.
La ausencia de Rojas se debió "porque podía interpretarse que él tenía interés personal en el resultado de la conciliación porque repercutiría en la decisión disciplinaria sobre su suspensión". Por esta razón, tampoco asistió Dagoberto Quiroga, el superintendente de servicios investigado.
Además de esto, el acta de la reunión sugería que los barranquilleros y el abogado Carvajal ya se habían encontrado previamente. En el documento se lee que, según Carvajal, la Alcaldía de Barranquilla dijo en esa anterior instancia que suscribieron un memorando de entendimiento con Empresas Públicas de Medellín (EPM).
En el memorando se presenta la posibilidad de que dicha compañía compre varias acciones del contrato de compraventa. De ahí que la manera para "despejar el camino" era plantear que, al haber inversionistas públicos y no privados (es decir, EPM y la Alcaldía de Barranquilla), esta venta no implicaría un detrimentro patrimonial, a pesar de que vaya en detrimento de los intereses nacionales y que sea favorable para la capital de dicha ciudad.
No obstante, el documento –resultado de esta conciliación entre la Alcaldía y la SAE– no nombra a EPM.
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"El alcalde charista de Barranquilla negoció, a instancias de la procuradura charista desde una posición de poder, y la SAE sin su presidente… que mantenía sobre la cabeza el revólver de la suspensión esgrimido por la Procuraduría", resumió Coronell.
"Al final gana el alcalde Jaime Pumarejo que logra quedarse con la Triple A, a precio de ganga. Barranquilla tendrá el 72 por ciento y EPM el 28", concluyó El Reporte. Y en últimas, "la procuradora actuó como juez, verdugo y conciliador".
Para escuchar El reporte Coronell y conocer los detalles, consulte el siguiente video:
