El caso de Daniel Rojas y su suspensión como presidente de la SAE
Daniel Rojas, suspendido presidente de la SAE, en rueda de prensa.
Crédito: Colprensa
Daniel Rojas fue suspendido por tres meses como presidente de la Sociedad de Activos Especiales en el contexto de la investigación sobre el caso de las acciones de la empresa barranquillera Triple A. 'El Reporte Coronell' relata los antecedentes de su suspensión del cargo, que fue una decisión tomada por el viceprocurador general Silvano Gómez Strauch.
Por: Redacción Cambio
Este lunes, en El Reporte Coronell de W Radio, el periodista Daniel Coronell habló sobre Andrés Ávila (el expresidente de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- durante la administración del expresidente Iván Duque), así como de su suspendido sucesor Daniel Rojas y del viceprocurador general que tomó dicha decisión: Silvano Gómez Strauch.
El contexto de las acciones de Triple A
Triple A es una empresa barranquillera de servicios públicos que maneja aseo, acueducto y alcantarillado. Esta compañía, al año, ha llegado a producir 95.000 millones de pesos en utilidades. Asimismo, el 82 por ciento de sus acciones son administradas por la SAE.
La SAE embargó las acciones debido a que la Fiscalía empezó un proceso de extinción de dominio en 2018. Se debió a que en el manejo de la empresa se hallaron indicios de corrupción, y esto compromete a la antigua titular de dichas acciones: Inassa, que es una compañía de España.
Por medio de Andrés Ávila, la entidad tomó la decisión de vender las acciones a Barranquilla en noviembre de 2021. Según las estimaciones, el valor de su venta alcanzaría los 565.000 millones de pesos. Estas se venderían a K-Yena, una sociedad que en la capital del departamento de Atlántico maneja el alumbrado público.
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Barranquilla tiene mayoría en dicha sociedad, aunque tiene también socios privados. "Ahí estaban los Daes, que dicen que hace seis meses le cedieron gratuitamente su participación a la ciudad, y está el “zar” de las basuras, el polémico empresario William Vélez quien controla un porcentaje cercano al 35 por ciento", explica Coronell.
Así las cosas, poco tiempo antes de terminar el gobierno de Duque (el 3 de agosto del año pasado), la SAE citó una asamblea extraordinaria. La administración de la entidad, próxima a finalizar, se reunió para montar una junta directiva para el nuevo gobierno.
"El primer renglón fue Jorge Gómez Mejía, vicepresidente de la organización de William Vélez", explicó Coronell. Y como suplente de la ficha de Vélez, se eligió a María Paula Correa Fernández -jefe de gabinete de Duque-. Ávila, por su parte, se autoreeligió como presidente.
Nueva administración, nuevos enredos
Luego, cuando empezó la presidencia de Gustavo Petro, Daniel Rojas llegó a la presidencia de la SAE y se revisó el negocio multimillonario. "La Secretaría de Transparencia de la Presidencia cuestionó las razones invocadas para que la SAE enajenara tempranamente las acciones de la Triple A", manifestó Coronell.
También se presentaron dudas respecto a la valoración de las acciones: según el análisis de la empresa Deloitte, valían 565.000 millones de pesos; no obstante, según la Superintendencia de Servicios Públicos, valdrían tres veces dicha cifra.
Según este segundo concepto, el valor de las acciones ascendería a 1.9 billones de pesos, lo que representa una gran subvaloración. Esto implicaría un presunto detrimento patrimonial, de más de un un billón trescientos mil millones de pesos.
La SAE, entonces, denunció esto ante la Contraloría y la Fiscalía. También citó una asamblea extraordinaria de la Triple A con tal de escoger una nueva junta directiva, sin los funcionarios del gobierno pasado (sobre todo Andrés Ávila, quien aún defendía esa controversial operación).
Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, solicitó a la procuradora general Margarita Cabello que interviniera "para salvar el negocio de la ciudad (y de William Vélez)", según Coronell.
En este sentido, el periodista recuerda que Pumarejo es un "hombre muy de los Char" y que Cabello es "también muy de la casa". La funcionaria, entonces, designó al procurador Luis Ramiro Escandón como agente especial dos semanas después.
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La asamblea extraordinaria
El pasado martes 7 de febrero, Escandón solicitó aplazar la asamblea extraordinaria que se había citado, "anotando que incumplir el contrato de venta podría activar una cláusula penal por el 10 por ciento de la transacción. Es decir, los contribuyentes podrían terminar pagando 59.000 millones de pesos".
Aún así, la asamblea siguió su curso, se retiró a los funcionarios de la administración presidencial pasada y se escogió una junta directiva renovada.
Luego, el pasado viernes 10 de febrero, el viceprocurador general Silvano Gómez Strauch empezó rápidamente una investigación disciplinaria contra Daniel Rojas (a quien también se suspendió tres meses como presidente de la SAE).
Esta investigación también envuelve a Sebastián Caballero (vicepresidente jurídico), Jairo Bautista (vicepresidente de sociedades) y Dagoberto Quiroga (superintendente de servicios públicos domiciliarios).
"Noten ustedes que tanto la SAE como la Procuraduría argumentan que están defendiendo los intereses públicos. La SAE para evitar un presunto detrimento de 1.3 billones de pesos y la Procuraduría otro de 59.000 millones", concluyó Coronell.
Teniendo lo anterior en cuenta, en El Reporte Coronell se conversó de esta cuestión tanto con Daniel Rojas como con Silvano Gómez Strauch. Cada uno dio su perspectiva de este tema.
Para escuchar por completo El Reporte Coronell y conocer los detalles que revela, consulte el siguiente video:
