Juez y parte: las demandas del jefe jurídico de la UNGRD contra la entidad que él ahora defiende

La diferencia del derrumbe en Rosas, Cauca, en abril de 2019, y el que sucedió hace un mes es que en el de hace más de tres años, además de la destrucción de la vía y varias viviendas, fallecieron 32 personas. En ese momento dos abogados, Hever Henry Joaqui (padre) y Christian Fernando Joaqui (hijo), se presentaron ante los familiares de las víctimas a ofrecerles sus servicios jurídicos para demandar a las entidades del Estado que consideraban responsables de su tragedia, entre ellas la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). El objetivo: buscar una reparación directa.

En total, se presentaron siete demandas grupales por más de 35.000 millones de pesos, en las que Hever Joaqui actuaba como apoderado principal, y su hijo Christian Joaqui, como suplente. Pese a este conflicto de interés y ético, el 5 de septiembre 2022 Joaqui se posesionó como jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. Así, quedó instalado como juez y parte del proceso.

En el formato de declaración juramentada de bienes y rentas y conflictos de interés, que por ley deben presentar todos los funcionarios públicos, Joaqui mencionó que su padre es apoderado en un solo proceso en Rosas, Cauca, contra la entidad –no en siete–, y se le olvidó reseñar su propia actuación como abogado suplente en los casos.

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Cuando CAMBIO lo cuestionó, aceptó haber actuado como apoderado suplente en un solo proceso. “Fue en una audiencia de pruebas, porque ese día mi papá estaba enfermo”, dijo.

Joaqui afirmó a CAMBIO: “El conflicto de interés se materializa cuando deba actuar y tomar alguna decisión en cumplimiento de mis funciones. Cuando quiera que ello ocurra, es mi deber manifestar la existencia del conflicto de interés. Como lo hice, por ejemplo, en un comité de conciliación en el que debía votar. En ese caso, manifesté mi impedimento y se aceptó. la decisión se adoptó sin mi participación”.

Cuando se revisa el documento del impedimento, realizado dos meses después de entrar a trabajar a la entidad, se evidencia que Joaqui solo relaciona a su padre como abogado en los proceso de Rosas, Cauca, y no menciona su propia participación.

El próximo 15 de febrero se llevará a cabo una audiencia inicial en el proceso de Alcibiades Macías y demás familiares, que solicitan se les repare con 6.678 millones de pesos.  En este folio se evidencia el poder conferido el 22 de mayo de 2019 a los abogados Hever y Christian Joaqui.

El proceso de Adrián Camilo y Hermes Bolaños, en el que se pedirá una indemnización de 10.902 millones de pesos, tendrá la primera audiencia el próximo 18 de abril. El poder para demandar a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres fue conferido a Hevert y Christian Joaqui el 5 de agosto de 2019.

Pero también están los procesos grupales de la familia Galíndez en los que consideran deben ser indemnizados por 4.116 millones de pesos, de la familia Cepeda que solicita 2.952 millones de pesos, de la familia Macías que pide 7.100 millones de pesos y de la familia Paz que exige más de 415 millones de pesos.

Todas estas personas les dieron poder al hoy jefe jurídico de la oficina de la UNGRD y a su padre, que sigue actuando como apoderado. Por todos estos hechos, se radicó una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación contra el jefe jurídico de la UNGRD, argumentando "faltas gravísimas a título de dolo cometidas por infracción al régimen de inhabilidades e incompatibilidades".