El enredo administrativo entre la SAE y el Cabildo Arhuaco por el territorio ancestral Katanzama

Encuadrado por las desembocaduras de los ríos Don Diego y Palomino, entre el Magdalena y La Guajira, está el resguardo indígena Katanzama. Es la única comunidad del resguardo Kogui-Malayo que está a orillas del mar Caribe. Un verdadero oasis. Una tierra apetecida por muchos y que ha resistido, a pesar de su cercanía a las vías principales, el turismo arrollador que ha invadido muchos territorios ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta.

No obstante, un enredo administrativo tiene en riesgo la protección de este territorio, según denuncia la comunidad.

Desde julio de 2012, Los Acantilados, como se le conoce a Katanzama en español, estaba a cargo de la Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales al encontrarse dentro del Parque Sierra Nevada.

Pero en diciembre de 2021 y después de surtidos los trámites administrativos y legales, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le entregó el predio al Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, en calidad de nuevo depositario provisional.

Entre las obligaciones definidas en la resolución emitida por la SAE en 2021 quedó establecido que ese cabildo debía contratar una póliza de seguros que garantizara el cumplimiento de sus obligaciones como administrador del bien. Tal seguro debía ser equivalente al 8 por ciento del avalúo catastral y tener como beneficiaria a la SAE. Además, debía ser renovado cada dos años.

En los últimos días de noviembre de 2024, el Gobierno nacional, por medio de la SAE, les envió un ultimátum a los representantes del Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, líderes de Katanzama, en el que indicaba que deben pagar unas deudas y pólizas por más de 240 millones de pesos, “con el fin de garantizar la protección del predio frente a cualquier situación adversa o de riesgo que pueda sufrir el bien inmueble destinado”.

Los líderes de Katanzama han dicho que esa cantidad de dinero solicitada por la SAE es imposible de pagar. Además, denuncian que la situación pone en riesgo la integridad cultural del pueblo arhuaco y el territorio ancestral, pues se encuentran ante la posibilidad de que le entreguen la administración del territorio a un tercero. 

El predio está identificado bajo la matrícula inmobiliaria 080-41169, en el corregimiento de Guachaca, y tiene un área de 2.270.340 metros cuadrados, con 997 de estos construidos. Está avaluado en 3.009 millones de pesos, su destinación es para actividades agropecuarias y por su ubicación única está dentro de una zona de estrato 6 alto.

Y si los 240 millones ya son un valor difícil de pagar para el Cabildo, a eso se suma una deuda acumulada por el Impuesto Predial Unificado de 186 millones de pesos con la Alcaldía de Santa Marta.

Llamado nacional

Iku es el nombre de la lengua de los arhuacos, cuya población ronda las 40.000 personas, según los censos más recientes del Gobierno nacional. También conocido como el pueblo Ika o Bintukua, el arhuaco está distribuido en veinte zonas de asentamientos, muchas de estas compartidas con los pueblos Kogui y Wiwa.

Luis Salcedo Zalabata, gobernador del Cabildo Arhuaco, explica que le parece injusto que hoy les pidan pagar impuestos y que esto es contrario a sus derechos. El líder, además, reitera que “no tenemos la capacidad económica y estas normativas no deberían aplicarse a un pueblo ancestral como el nuestro”.

Después de una reunión realizada en la sala de juntas de la rectoría de la Universidad del Magdalena, representantes del Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, junto al rector, Pablo Vera Salazar, enviaron un mensaje al presidente Gustavo Petro Urrego para evitar la remoción del predio Los Acantilados.

El llamado al Gobierno nacional, según los líderes locales, busca garantizar el respeto a los derechos ancestrales sobre Katanzama y destacar la importancia de este territorio para la continuidad de un modelo educativo único en Colombia que está siendo desarrollado por el centro de educación superior y el Ministerio de Educación. 

El rector Vera Salazar destaca también el contexto histórico y cultural de Katanzama. “En el marco de la alianza que hemos establecido con el pueblo arhuaco desde el liderazgo de Danilo Villafaña, quien nos dejó un legado imborrable en Katanzama, hemos pedido al señor presidente que considere la resolución provisional que otorga el predio en el marco de los derechos al territorio sagrado y la ampliación del resguardo”, dice.

Para Vera, las exigencias de pago por más de 240 millones de pesos son “imposibles para una comunidad que mide su riqueza en términos de saberes, no económicos”.

Propuesta sin respuesta

Katanzama, que es considerado un puente espiritual entre la Sierra Nevada y el mar, también es el epicentro de la primera universidad intercultural de Colombia. El proyecto busca integrar los saberes ancestrales con la educación superior. Una especie de modelo que propone la reconciliación y el desarrollo sostenible, como beneficio para las comunidades indígenas y el país.

Dentro del resguardo se planea construir una sede de la Universidad del Magdalena, en medio de la estrategia de universidad intercultural que lidera el Ministerio de Educación.

El rector Vera le aclara a CAMBIO que la universidad y los líderes de la comunidad proponen que se les haga una entrega definitiva del predio, porque “retirar de este territorio a sus legítimos propietarios, el pueblo Arhuaco, sería un acto que contradice su derecho histórico y cultural”.

El plazo que le dio la SAE al Cabildo para pagar la deuda se venció el 29 de diciembre pasado, algo que no cumplió la comunidad. Hasta ahora, la entidad no se ha pronunciado sobre el futuro del enredo administrativo, por lo que el futuro de Katanzama y las comunidades indígenas que lo habitan es incierto.