El Pacífico Medio sueña con ferrocarriles y aeropuertos. ¿Qué tan viable es?

La vereda San Antonio de Guají, al occidente de Colombia, queda a 21 kilómetros del municipio de Guapi. A Gerardo Bazán le cuesta 50.000 pesos recorrer ese camino por el río Guají. Cuando llega a la cabecera municipal, le paga a algún lanchero para que lo lleve a Buenaventura. El precio por el viaje es de 150.000 pesos y dura unas cuatro horas. Si no encuentra vehículos a motor o le falta la plata, como es usual en el Pacífico, el tiempo de recorrido se triplica y debe navegar esos 175 kilómetros en canoa, ya sea por mar abierto o entre pantanos. Si tuviera tiempo y plata, podría viajar en avión de Guapi a Cali y de ahí, que algún carro o flota lo llevara a Buenaventura. Ese viaje le costaría alrededor de 600.000 pesos y unas cinco horas entre un desplazamiento y otro. 

La marea siempre manda, define cuándo y qué tan rápido se mueve Gerardo por la zona en la que ha vivido siempre. No hay de otra, andar por tierra o aire no es una opción hoy entre la mayoría de las zonas del Pacífico Medio: no hay vías que conecten, mucho menos vuelos directos entre un municipio y otro, para las 150.408 personas que habitan en Guapi, López de Micay, Timbiquí y la zona rural de Buenaventura, organizadas en resguardos indígenas y territorios colectivos afro.

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Viviendo a merced del oleaje, Gerardo se imagina cómo sería la vida si el Pacífico estuviera conectado por tierra y si hubiera aeropuertos pequeños que permitieran el movimiento más práctico por aire. También, la posibilidad de revivir la vía ferroviaria del Pacífico para conectar a estos cuatro territorios. Aparte de lo mucho que le serviría en materia de costos y tiempo, cree que con esto cambiarían las dinámicas de las comunidades de su región, azotada por las balas, la coca, el abandono estatal. Si hubiera facilidad de transporte, podrían sacar sus cultivos de arroz y banano, recibir turistas, no estar aislados permanentemente.

“La carencia de conectividad es una evidencia del abandono estructural del Estado, detrás de eso se refleja que el Estado no ha hecho las inversiones que hay que hacer, porque Colombia se ha desarrollado de espaldas al Pacífico”, dice Bazán. Tanto él como muchos de los que viven en la región han sembrado coca para sobrevivir y lo siguen haciendo, a falta de otras opciones más viables. No obstante, nada ha sido suficiente para llevar una vida sin carencias: siempre falta algo, servicios básicos, comida, educación de calidad.

Las comunidades étnicas de esos cuatro municipios le entregaron al Gobierno nacional la idea de mejorar la infraestructura del Pacífico Medio –"robustecer la conectividad territorial mediante infraestructura vial, aérea y portuaria"– y otras 628 propuestas, de las cuales se van a priorizar 161, para promover el desarrollo de la región. Lo anterior, como una estrategia que pretende traer uno de los proyectos del Acuerdo de Paz de 2016 a ese territorio: el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) del Pacífico Medio.

Este acrónimo representa un intento estatal por empujar hacia adelante a las zonas del país afectadas por el conflicto desde siempre. Aunque son 16, el Pacífico Medio es la única que no tenía un plan de implementación y propuestas, hasta ahora. Al gobierno Duque la comunidad de la región le hizo paro. Los habitantes del Pacífico sintieron que no los incluyeron en el trabajo de la paz y no les gustaba la Paz con Legalidad, que promovió esa administración y que, en mente de las comunidades, llevaba la bandera del Centro Democrático en contra de los acuerdos.

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Sin embargo, a un año de la posesión de Gustavo Petro, los habitantes sienten confianza, aunque no existe todavía certeza sobre nada. Creen que es posible lo que proponen y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), encabezada por Raúl Delgado, los ha hecho sentir parte de un proceso. Dicen que este no se ha quedado solo en conversaciones entre las alcaldías, gobernaciones y el Gobierno central, sino que también los han invitado a ellos a participar y a expresar sus necesidades. 

En contraste, Yineth García Garcés, lideresa del consejo comunitario Renacer Negro de Timbiquí, y Gladys Cuero, de la comunidad eperara siapidara de Guapi, consideran que a las mujeres las invisibilizaron: casi todos los que sirvieron de caras visibles de las comunidades para armar esta “hoja de ruta” fueron hombres. “Faltan muchas mujeres en esto (...) yo llegué y en la mesa había apenas una mujer indígena y yo. Yo no he expresado que me siento así, pero veo que sigue el maltrato”, dice García Garcés.

En cuanto a las ideas generales, aparte del transporte y la conectividad, la propuesta de las comunidades incluye trabajar en la seguridad alimentaria, mejorar la salud rural y la inclusión de los médicos tradicionales y las parteras. También quieren la construcción de una universidad en Guapi y de acueductos para los cuatro municipios, entre otros.

No hay un presupuesto establecido para implementar todo esto. En 2018 se pensó en unos 3,2 billones de pesos, pero a más de cinco años de ese cálculo, no hay forma de que ese estimado sea suficiente. El listado de propuestas solo es el primer paso, el de concertación, que si bien es clave, no significa que las ideas se vayan a materializar: la tarea, ahora en la cancha del Gobierno, es estructurar cada iniciativa con lujo de detalles, paso a paso, y después conseguir la plata. El Ejecutivo quiere que el sector privado y la cooperación internacional se monten al tren del Pdet del Pacífico Medio, aunque estos planes también se financian con el Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Regalías.

Con todo, el proyecto enfrenta otro obstáculo, aparte del de la plata: el conflicto. Aunque en el espacio de los Pdet el enfoque de la conversación no es este, en la zona del Pacífico Medio ignorar la violencia es imposible. El Gobierno extendió hasta febrero de 2024 el cese al fuego con los Shottas y Espartanos en Buenaventura, pero el el Pdet es rural y allí no están estas dos bandas. En la subregión se encuentra el ELN con su frente de guerra noroccidental, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. No por nada las comunidades tienen claro que es imposible que se cumpla el Pdet si no hay paz.

Sin embargo, aunque el Gobierno intenta avanzar en la vía del diálogo con esos grupos, con su idea de la Paz Total, tanto las disidencias como el ELN han roto los ceses al fuego pactados con el Estado. Así, las comunidades están bajo riesgo permanente. La lideresa de Timbiquí cree que lo prioritario debe ser la seguridad, que puedan andar libremente por su territorio, “como antes”. 

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Rodrigo Granda es delegado del partido Comunes en el Comité de Seguimiento y Verificación (Csivi) del Acuerdo de Paz, y piensa que el cumplimiento de lo firmado entre el Estado y la extinta guerrilla en Cuba es un paso previo a que el plan de paz de Petro pueda concretarse.

“La Paz Total es un anexo, y si se quiere, todavía no se ha firmado, eso es un deseo del presidente, desde luego muy loable, pero que todavía no se ha conseguido. El Acuerdo Final de La Habana fue firmado por dos altas partes contratantes (...) si no se cumple el Acuerdo de Paz de La Habana, jamás puede haber Paz Total en el país”, dice. No obstante, ante el escenario de violencia actual, la interdependencia de ambos procesos podría ser inevitable.