Estados Unidos les cierra las puertas a tres exmilitares colombianos por violar derechos humanos

En lo que se lee como un nuevo espaldarazo al Acuerdo de Paz con las Farc por parte de Estados Unidos, el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, anunció que tres militares del Ejército colombiano que lideraron operaciones violadoras de derechos humanos ya no podrán ingresar a ese país nunca más.

Los tres exmiembros del Ejército son: el excoronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el excoronel Juan Carlos Figueroa Suárez y al exgeneral Iván Ramírez Quintero.

"Estados Unidos felicita a la JEP por su trabajo vital en apoyo de las víctimas y sobrevivientes del conflicto y continuará trabajando junto con socios colombianos e internacionales para apoyar la implementación total del Acuerdo de Paz de 2016": se lee en el comunicado del gobierno estadounidense.

Publio Hernán Mejía

Fue comandante de Batallón La Popa entre 2002 y 2004 y se le atribuyen 70 ejecuciones extrajudiciales de la mano con el paramilitarismo en Cesar y La Guajira.

Aunque no reconoció su responsabilidad por esos delitos ante la JEP, subalternos sí lo han nombrado durante las audiencias de reconocimiento como el líder de las operaciones en las que el Ejército organizaba las escenas de falsos combates para presentar las supuestas bajas de miembros de grupos armados ilegales.

Ante el negacionismo de Mejía, es posible que terminen los beneficios (como la libertad) que le fueron otorgados al someterse a la jurisdicción de paz. El tribunal sigue estudiando unos trinos y otras publicaciones en redes sociales que podrían estar incitando al odio, con lo que estaría expuesto a una sanción por no garantizar la no repetición.

Juan Carlos Figueroa Suárez

Sucesor del excoronel Mejía, comandante de La Popa de 2004 a 2005, tampoco ha aceptado su responsabilidad por falsos positivos. En contraste, ha dicho que mantuvo buena relación con los pueblos indígenas kankuamos, una de las comunidades con más señalamientos hacia ese batallón.

Su caso pasó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para iniciar un juicio adversial en su contra en el que podría ser condenado hasta con 20 años de cárcel.

Iván Ramírez Quintero

Es investigado por presuntamente estar relacionado con las torturas a unas 14 personas, incluidos dos estudiantes, durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, en 1985. También se le señala de estar aliado con los paramilitares en los años noventa en las operaciones que resultaron en el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica en Urabá.

En agosto de 2022, fue expulsado de la JEP por no haber hecho los aportes a la verdad a los que se había comprometido y no atender. El general (r) Ramírez Quintero incluso manifestó su deseo de eludir el proceso de diálogo con las víctimas y pasar directamente a un juicio adversarial.