"Este proyecto tiene una propuesta generosa para las bandas criminales": ministro de Justicia sobre ley de sometimiento

Los ministros de Justicia, Néstor Osuna, y del Interior, Alfonso Prada, junto con el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, radicaron en el Senado de la República el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, comúnmente conocida como ley de sometimiento.

“Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado generada a esas estructuras criminales de alto impacto (...) si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes e información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado colombiano les otorgará un trato penal más benigno que el ordinario”, manifestó el ministro de Justicia.

Los dos ministros aclararon que este proyecto de ley excluye a las organizaciones criminales que tienen vocación política y no da reconocimiento político a las demás estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

El régimen de extradición se seguirá sometiendo a las reglas ordinarias, por lo tanto, no fue modificado con este proyecto de ley, según los funcionarios. 

¿Qué dice la ley de sometimiento?

Como lo mencionó Néstor Osuna, este proyecto de ley ofrece un tratamiento penal alternativo a los procedimientos y normativas ya establecidos. Para acceder a ella, la estructura criminal deberá acogerse a obligaciones como:

• Manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
• Manifestar la intención colectiva de desmantelar la estructura armada y sus redes de apoyo.
• Suspender actividades ilícitas.
• Entregar armas, secuestrados y menores reclutados.
• Entregar el inventario de bienes vinculados a la actividad ilegal e información sobre colaboradores o beneficiarios de la estructura criminal.

Los integrantes de estas estructuras serán condenados a penas de entre seis y ocho años, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo y estudio.

Una vez cumplida la condena, tendrán cuatro años de libertad vigilada y deberán desarrollar actividades restaurativas dirigidas a reparar a las víctimas.

Por otro lado, los bienes recuperados serán utilizados por el Estado para reparar a las víctimas y, como incentivo para la entrega de todos los bienes, se les otorgará a los procesados un beneficio que puede llegar al 6 por ciento del valor de ellos, como está contemplado en la Ley de Extinción de Dominio.

La fecha límite para la suscripción del acta individual de sujeción y garantías de no repetición será de dos años, prorrogable por un año más.

Para mayor información y especificaciones del proyecto de ley, haga clic aquí para acceder al documento radicado en el Senado.