Juan Esteban Cortés Orozco, director encargado de la CRQ, y Susanna Muhammad, ministra de Ambiente.
Crédito: Fotoilustración: Yamit Mariño.
Irregularidades y malos manejos: las denuncias que rodean a la Corporación Autónoma del Quindío
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La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que denunciará ante la Fiscalía la elección de Juan Esteban Cortés Orozco como director encargado de la entidad. Además, la Contraloría reportó más de diez hallazgos administrativos. Consejeros de la CRQ se defienden argumentando que las recusaciones son de otro proceso y dicen que tienen un plan de mejoramiento frente a lo determinado por el ente de control.
Por: Claudia M. Quintero
Violaciones a las leyes y los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ): esas son las irregularidades que han denunciado veedurías de Armenia y el departamento desde hace varios meses. La situación incluso motivó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a objetar la elección de Juan Esteban Cortés Orozco como director encargado de la CRQ. La funcionaria también aseguró que presentará una denuncia ante la Fiscalía.
La CRQ es una entidad clave para administrar y proteger el medio ambiente en el Quindío. Tiene un presupuesto de 32.206 millones de pesos, así como autonomía administrativa y financiera. Sin embargo, en los últimos meses, la entidad ha estado inmersa en una inestabilidad administrativa.
El 18 de julio de 2024 el Consejo de Estado anuló la designación de Jaider Arles Lopera Soscue como director general de la CRQ. Esto, porque se advirtió que durante la convocatoria se presentaron una serie de recusaciones en contra de algunos miembros del consejo directivo, pero no se les dio trámite y se procedió con la elección.
Después, el Ministerio de Ambiente denunció que en el proceso de elección de nuevo director encargado también se presentaron recusaciones y en una sesión extraordinaria del pasado 13 de agosto, estas se remitieron a otra instancia. Sin embargo, en la sesión del 15 de agosto, cuatro consejeros recusados participaron en la decisión de aceptar la renuncia de Lopera y nombrar a Juan Esteban Cortés como director encargado.
Cortés venía desempeñándose como subdirector administrativo y financiero de la entidad, lo cual no supone ninguna inhabilidad. Además, fue subdirector de departamentos administrativos y contratista en la administración de José Manuel Ríos Morales en la Alcaldía de Armenia. Ríos ganó las elecciones de 2019 con el aval del Mais y cuatro años antes aspiró al mismo cargo por Cambio Radical.
Pero más allá de la experiencia de Cortés, tanto la ministra de Ambiente como líderes ambientales del Quindío critican que el actual director encargado es hermano de José Manuel Cortés, quien fue director de la entidad entre 2020 y 2023.
A su vez, la cartera de Ambiente y los ambientalistas denunciaron que al momento de la elección de Cortés como director encargado no se tenían las mayorías necesarias: “solo se lograron seis de los siete votos que se necesitaban”. El consejo directivo de la CRQ tiene 13 miembros y se requiere la participación de al menos siete para deliberar válidamente. Sin embargo, solo están disponibles 11 miembros, porque no se han nombrado a los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
¿Qué encontró la Contraloría en la más reciente auditoría financiera?
El informe de auditoría de la Contraloría presentado en junio pasado reportó al menos 10 hallazgos administrativos —no fiscales— relacionados con irregularidades en el manejo de la entidad en la vigencia 2023.
Uno de ellos tiene que ver con la deficiencia en el mantenimiento de inventarios. Otro menciona que la reserva presupuestal que soportaba un contrato con la Unión Temporal de Servicios Integrales Ambientales para la interventoría del proyecto restauración activa del corredor biológico Barbas Bremen al Ocaso, expiró y se quedó sin respaldo financiero.
“Durante la vigencia fiscal 2023 se efectuaron pagos por 194.056.637 pesos, quedando un saldo no ejecutado a 31 de diciembre de 2023 por 194.056.637 pesos, valor que expiró de acuerdo con las normas presupuestales vigentes, sin que se evidencie respaldo financiero para su ejecución y pago en la vigencia 2024”, se lee en el informe de la Contraloría al CAMBIO tuvo acceso. Este hallazgo tiene un presunto alcance disciplinario.
La Contraloría también determinó que —al cierre de 2023— el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) reportó reservas presupuestales que obedecen a compromisos no ejecutados, que no fue ajustado dentro del término previsto en las normas. Esto quiere decir que al no hacerse los ajustes, los recursos no pueden volver a la Nación para ser utilizados en otros gastos.
Otro de los hallazgos del órgano de control menciona deficiencias en el seguimiento y control de un convenio interadministrativo que la CRQ suscribió con la Universidad del Quindío para determinar la dinámica ecosistémica de la flora y fauna. El contrato era por 748.580.000 pesos, pero se terminaron generando “inconsistencias en el reconocimiento y pago de valores superiores a lo acordado en la propuesta metodológica y económica y en los estudios previos”.
Al momento de la auditoría, ese convenio estaba en estado ‘terminado sin liquidación’ y aunque la CRQ ya había pagado 360.000.000 pesos, la universidad solo había ejecutado 217.800.000 pesos. Es decir, había un saldo sin soportar ni legalizar de 142.200.000 pesos. Así, la institución deberá devolverle este último saldo a la CRQ. Este es otro de los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.
La Contraloría también reportó irregularidades en los registros de predios que tenían porcentajes de sobretasa ambiental que no correspondían a la renta del municipio de La Tebaida, Quindío. Es decir, pagaban menos que lo que debían.
Por ejemplo, el informe detalla que se encontraron 5.142 registros de predios cuyo porcentaje aplicado aparece registrado con valores inferiores al 1,5 X 1.000, por los cuales el municipio de La Tebaida recaudó un total de 286.051.596 pesos. Pero, según el cálculo efectuado a los avalúos de los predios, el valor de recaudo debía ser de 891.156.009 pesos, una diferencia de recaudo que supera los 600 millones de pesos. Estos hechos también tienen presunta incidencia disciplinaria.
Un elemento clave es que la Contraloría encontró que la CRQ tuvo una a baja inversión en descontaminación hídrica en el departamento del Quindío con los recursos que recauda por concepto de tasa retributiva y muchos usuarios no estaban pagando esa tasa. ¿Por qué se cobra eso y por qué es importante? Este cobro se hace a quienes vierten residuos contaminantes a cuerpos de agua y la CRQ debe invertir eso en proyectos para descontaminar.
Entonces, el órgano de control determinó que en la vigencia de 2023 hubo 1.068 usuarios que deberían pagar la tasa, teniendo en cuenta sus actividades económicas; pero no lo estaban haciendo. Además, en otros comercios solo se hizo el cobro de la tasa algunas sedes, mientras que a otras no.
En este caso puntual, la Contraloría dejó claro que este es un problema que se viene registrando de tiempo atrás. “Esta situación es recurrente y la misma ha sido comunicada por la Contraloría a la corporación en auditorías pasadas sin que se hayan realizado acciones o gestión que mitiguen lo detectado en el hallazgo”. Así las cosas, se mantuvo la presunta incidencia disciplinaria en este hallazgo.
En este punto, la veeduría Armenia y Quindío señaló que Don Pollo, una de las empresas a las que no se les cobró la tasa retributiva en varias de sus sedes, habría sido fundada por Juan Carlos Uribe López, quien fue miembro del consejo directivo de la CRQ.
¿Qué responde la CRQ frente a las denuncias y a los hallazgos?
Juan Brito, alcalde de Quimbaya y miembro del consejo directivo de la CRQ, le dijo a CAMBIO que “ellos recibieron con extrañeza el comunicado de la ministra de Ambiente, porque muchas de las cosas que ella menciona no ocurrieron”.
Brito detalló que en el caso puntual del 15 de agosto existían unas recusaciones a algunos consejeros para continuar con el proceso de elección después del fallo del Consejo de Estado. “Resulta que cuando se reanuda el consejo directivo para resolver las recusaciones, nos encontramos con que el director que estaba toma la decisión de renunciar al cargo. Entonces, las recusaciones que tienen los compañeros eran para la elección del cargo de director de acuerdo al fallo, pero al tener una renuncia, eso implica un proceso distinto. Por eso decimos que son dos actuaciones diferentes”, dijo.
Así, como no se podía dejar a entidad sin director, dicen, ellos nombraron a Juan Esteban Cortés en encargo.
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Por su parte, Cortés le dijo a CAMBIO que su nombramiento no tiene ningún impedimento o inhabilidad. En principio, porque su hermano no lo postuló ni lo nominó. Además, su hermano renunció a su cargo en enero de 2024. “De acuerdo con la estructura orgánica de las corporaciones autónomas, quien postula y nomina al director es el consejo directivo y mi hermano ahora no tiene nada que ver”.
En cuanto a los hallazgos administrativos de la Contraloría, Cortés aseguró que “el informe de cierre dice que hay diez hallazgos administrativos, quiere decir ello que se debía montar un plan de mejoramiento en el que propusieran las acciones a desarrollar para que eso no vuelva a suceder”.
Así, la CRQ ya envió ese plan de mejoramiento. Por ejemplo, en el caso de la tasa retributiva, aseguró que es casi que imposible tener el control de todo el territorio, pero para darle solución, lo que hicieron fue promover un grupo encargado de visitar los territorios.
En el caso puntual de Don Pollo, desde la CRQ le dijeron a este medio que si bien Juan Carlos Uribe sí hizo parte en algún momento del consejo directivo, “era representante del sector de los empresarios, pero nunca ha estado en las sesiones, sino que siempre iba Sebastián García, que era el suplente. Entonces, García representaba a otro sector empresarial”. Por último, insistieron en que a los representantes del sector empresarial en el consejo directivo los eligen los mismos empresarios del departamento.