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JEP ordena arresto de alto funcionario del Ministerio del Interior. ¿Por qué?
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la detención de Franklin Castañeda Villacob, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La decisión se da a partir de la actuación de Castañeda frente a la formulación de una política pública para la intervención en cementerios.
Por: Redacción Cambio
En un fallo judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la detención de Franklin Castañeda Villacob, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por su incumplimiento en la entrega de información sobre la formulación de una política pública para la intervención de cementerios del país.
La JEP solicitó a Franklin Castañeda Villacob información sobre el progreso en el cumplimiento de las órdenes emitidas durante una audiencia pública en Valledupar en donde se abordaron las medidas cautelares adoptadas sobre el ‘Cementerio de los Pobres’ de Aguachica, Cesar, lugar en el que se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, Castañeda no habría cumplido con las peticiones de la entidad dentro de las fechas establecidas.
Para profundizar
Según informó la JEP, se identificó la carencia de coordinación interinstitucional, la ausencia de políticas públicas adecuadas para la búsqueda de personas desaparecidas por fuerzas externas y la insuficiencia presupuestal en el país.
En respuesta, a finales de mayo, ordenó al Ministerio del Interior establecer una mesa interinstitucional, conformada por entidades como la UBPD, el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la FGN, el INML y la UIA, para desarrollar la política pública de intervención en cementerios que incluya un plan de acción integral para abordar los cuerpos no identificados.
Para esta tarea, se le dio al Ministerio del Interior un plazo de 90 días para presentar esta política a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR).
Asimismo, se le exigió al ministerio emitir una circular en 30 días que establezca la obligación de los alcaldes y gobernadores salientes de rendir cuentas sobre las acciones tomadas durante su mandato en relación con las víctimas de desaparición forzada, durante el proceso de transición con los nuevos mandatarios territoriales.
Los incumplimientos del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
En julio, la SAR le solicitó al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, enviara información en relación con el avance en el cumplimiento de las órdenes mencionadas. Sin embargo, no hubo respuesta.
Por ello, a través del Auto SAR-AT-338 del 11 de septiembre de 2023, le ordenó a Castañeda cumplir integralmente con las órdenes. Ante este requerimiento, el funcionario presentó un memorial el 21 de septiembre, en donde mencionó que convocó la mesa interinstitucional el día 14 del mismo mes.
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“Esto evidencia que transcurrieron más de 3 meses para que iniciaran las labores tendientes al acatamiento de lo dispuesto en la diligencia judicial. En otras palabras, este funcionario sólo convocó a la mesa interinstitucional en respuesta a lo exigido en la mencionada providencia”, dice el fallo.
Además, la respuesta proporcionada por Castañeda fue incompleta. Por consiguiente, se le solicitó formalmente que presentara un cronograma detallado que estableciera claramente la fecha de entrega del documento final sobre la política pública de intervención de cementerios.
Como tampoco recibió una respuesta en los tiempos estipulados, la SAR inició un proceso de medidas correctivas debido al incumplimiento del director. Frente a esta acción, el funcionario en cuestión envió un escrito el 17 de noviembre adjuntando los documentos requeridos.
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“Aunado a esto, lo cierto es que hasta la presente fecha la referida cartera ministerial no ha terminado de formular la política pública de intervención de cementerios en el territorio nacional, en tanto solo ha remitido el cronograma de actividades que tiene proyectado ejecutar durante seis meses para la culminación de la citada política pública”, se lee en el fallo.
¿Cuál es la sanción?
Como consecuencia, la SAR ordenó un arresto de dos días debido al incumplimiento del director. Además, se reiteró al Ministerio del Interior la entrega definitiva de la política pública de intervención en cementerios para el 30 de abril de 2024, con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. En caso de incumplimiento, se continuará con el incidente de medidas correctivas.
