La Adres pagó por servicios médicos a personas fallecidas
26 Marzo 2023

La Adres pagó por servicios médicos a personas fallecidas

La Contraloría le pone la lupa a los pagos de la Adres por servicios médicos a víctimas de accidentes de tránsito.

Crédito: Foto: Yamith Mariño

Según la Contraloría, están comprometidos más de 70.000 millones de pesos que la Adres pagó para atender accidentes de personas sin Soat que murieron antes de los supuestos accidentes, entre otras presuntas irregularidades. No es la primera vez que alertan sobre el tema.

Por: Sylvia Charry

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Algo muy extraño ha estado ocurriendo desde 2018 con muchas de las víctimas de accidentes de tráfico que no tienen seguro obligatorio en las ciudades de Cali, Barranquilla, Santa Marta y Montería, principalmente. Muchas de estas víctimas merecen el calificativo de "supuestas", porque fallecieron antes de la fecha del siniestro. Algunos de estos accidentes ocurrieron en vehículos que registran hasta diez siniestros en solo cuatro años, y en todos los casos las personas atendidas han sido distintas. Hay víctimas que han sido sometidas a procedimientos sin sentido, como el caso de un hombre al que le hicieron una radiografía especial para observar su útero (matriz) y trompas de Falopio. Alrededor de 12.025 de estas víctimas han tenido más de un accidente por semestre.

La Contraloría hizo una alerta sobre los pagos que ha estado haciendo la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a diferentes IPS por esos servicios médicos. Muchos de los procedimientos practicados costaron más de lo normal. 

"En promedio se pagaron 7,3 millones de pesos por cada paciente 'inexistente'".

Las alertas muestran una falta de auditoría a la destinación de los recursos para “reclamaciones no soat”, pues no es la primera vez que la Contraloría alerta sobre el tema. ¿En dónde quedaron los más de 70.000 millones de pesos pagados por la atención de pacientes inexistentes?

¿Qué es la Adres?

La Adres es la entidad que maneja los recursos de la salud en el país y entre otras cosas, es la que paga a los prestadores de salud los servicios médicos brindados a pacientes víctimas de accidentes de tránsito que no tienen un seguro obligatorio o soat que responda por el mismo. La Contraloría ha alertado que se estaría pagando por servicios que no se están prestando.

En 2022, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por casi 14.000 millones de pesos relacionado con presuntas irregularidades en reclamaciones de accidentes de tránsito 'no soat' en las vigencias 2018 a julio 2021. Ahora, en la ejecución de los recursos de 2018 a 2023 encontraron que el panorama puede ser mayor y que, a pesar de las alertas, nada ha cambiado.

Ponerle la lupa al tema es importante porque, por ejemplo, para 2022 la Adres tuvo un presupuesto de 74 billones de pesos, de los cuales destinó más de un billón de pesos para accidentes de tránsito.

Las alertas

El informe de la Contraloría dice que la Administradora de los Recursos del Sistema General e Seguridad Social en Salud (Adres) hizo pagos por 200 millones de pesos a IPS que prestaron supuestos servicios médicos a 27 accidentados que no contaban con soat, pero los peritos encontraron que esas personas habían fallecido antes de la fecha del accidente. En promedio se pagó 7,3 millones de pesos por cada paciente inexistente.

Explican los investigadores que, en cada una de las reclamaciones de las IPS a la Adres por atenciones en salud, les indican la fecha de ocurrencia del evento y los datos generales de la atención a la víctima del accidente de tránsito. Entonces, al cruzar los datos de identificación de la víctima con la página de la Registraduría, para obtener las fechas de defunción, encontraron que esas 27 personas atendidas por accidentes de tránsito estaban muertas para la fecha del siniestro.
 

Otros casos que llaman la atención son los procedimientos para mujeres practicados en hombres:

“En el Manual Tarifario Soat, se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios. Clasificando los procedimientos por sexo según el grupo en el manual tarifario y cruzando con Furips 1 y 2, se contrasta el procedimiento practicado a la víctima con el sexo de la misma (…) ahí, se encontró la inconsistencia de que hayan realizado una radiografía de útero a un hombre”, dijo uno de los investigadores a CAMBIO.

Los peritos fiscales también analizaron las placas de los vehículos relacionados en las reclamaciones de las IPS por atenciones en salud producto de accidentes de tránsito, ocurridos entre enero de 2018 y octubre de 2022 y encontraron que 4.420 placas han estado involucradas en más de un evento en ese lapso. Es decir, hay vehículos que registran hasta 10 siniestros y en todos los casos, las personas atendidas han sido distintas. La Adres ha pagado por ellas cerca de 28.846 millones de pesos.

La Contraloría también identificó reincidentes, es decir, accidentes de personas que tuvieron más de un accidente en un semestre. “Se identifican 12.025 personas con más de un evento en un semestre y por ellas se pagó un valor de 41.132 millones de pesos, distribuidos en 26.354 eventos. En promedio se ha pagado 3.420.542 pesos por cada persona reincidente”.

Por si fuera poco, los peritos encontraron que, en por lo menos 208 atenciones, el precio unitario de los procedimientos practicados a las víctimas de accidentes de tránsito excedió el precio relacionado en el Manual Tarifario, que es el que regula el valor de los servicios. Ahí, identificaron que los pagos excedentes ascienden a 152 millones de pesos.

Las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría suman cerca de 70.329 millones de pesos. Otros datos que dieron los investigadores a CAMBIO es que los peritos ya están identificando lo que podría denominarse como un modus operandi, pues son unas cuantas IPS las que concentran la mayoría de las atenciones de accidentados sin soat que presentas inconsistencias. En su mayoría, están ubicadas en Cali, Barranquilla, Santa Marta y Montería. En unos meses se conocerá si la Contraloría abre un proceso de responsabilidad fiscal y llama a las IPS y al Adres a que den explicaciones sobre el pago a unos servicios inexistentes.

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