La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez obstaculizó a la JEP en el caso de Santrich: experta de la ONU

La experta en derechos humanos Antonia Urrejola entregó un informe preliminar en el que señala que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez habría obstaculizado a la JEP en el proceso de Jesús Santrich, lo que ocasionó vulneración al debido proceso. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, designó a Urrejola en julio de este año como encargada de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016. 

En el documento, Urrejola destaca la persecución a funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la violencia contra personas que firmaron el acuerdo y las vulneraciones al derecho a la seguridad jurídica. Explicando el caso de tres exfuncionarios de la JEP encargados de autorizar la salida del país a firmantes de paz que fueron perseguidos por la entidad. 

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“Los hechos denunciados por la JEP en marzo de este año, relativo al asunto de "Jesús Santrich", se enmarcan en un contexto que generó, no sólo a través del legítimo debate político, sino también por el uso abusivo de la persecución judicial, el debilitamiento de la confianza ciudadana en el acuerdo de paz y en el sistema de justicia transicional”, menciona el documento.

Asimismo, señaló que hubo obstrucciones y demoras por parte de la Fiscalía hacia la JEP en el caso Santrich, lo que afectó el debido proceso y generó una demora excesiva. La retención del firmante de paz, según la experta, aceleró el regreso a las armas de algunos excomandantes, aunque no afirmó que fuera la única causa. Urrejola abogó por una estrategia integral de protección para los firmantes de paz y víctimas más allá de los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). 

Además, indicó que la razón por la que muchas zonas rurales del país siguen viviendo violencia, amenazas, asesinatos y violaciones derechos humanos, es la falta de medidas inmediatas del anterior gobierno frente al seguimiento de los acuerdo de paz firmado en 2016. 

“El acuerdo de paz planteaba un despliegue estatal en los territorios para construir paz y garantizar derechos,  pero no se tomaron las medidas inmediatas necesarias,  en particular el despliegue total en los territorios que dejaron las extintas FARC-EP”, expresa.

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Más adelante, se menciona que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha registrado 404 homicidios de firmantes, incluyendo indígenas, afrocolombianos y mujeres. Ante esto, Urrejola enfatizó la necesidad de mejorar la seguridad jurídica de los firmantes, muchos de los cuales desconocen su situación y derechos jurídicos.

Aunque la experta reconoció la voluntad política del Gobierno actual para implementar el acuerdo de paz, instó a continuar esfuerzos para garantizar derechos, la paz y prevenir graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.