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Fiscalía favorecería sobornadores por encima de sobornados en caso de Ramiro Suárez Corzo
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En El Reporte Coronell de este lunes se revela las preferencias que la Fiscalía General de la Nación tiene para quienes incurren en el delito de cohecho. Aparentemente, le va mejor a quienes sobornan que a los sobornados.
Por: Redacción Cambio
Según El Reporte Coronell, la Fiscalía se encuentra en una nueva polémica por la investigación relacionada con la corrupción en el sistema carcelario colombiano, pues, aparentemente, tiene preferencias al momento de acusar a quienes incurren en el delito de cohecho.
Mientras que la fiscal Aida Esperanza Moreno, quien está a cargo de la indagación sobre la red de corrupción en la cárcel de La Picota, solicitó que Ramiro Suárez Corzo continuara bajo atención médica en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, desde donde presuntamente dirigía campañas electorales, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía pidió que uno de los guardianes sobornados por Suárez Corzo, y quien es testigo en el caso, sea trasladado a una prisión común.
El Reporte señala que los hechos evidencian una curiosa preferencia en el tratamiento de delitos de cohecho, en la que parece ser más favorable para los sobornadores que para los sobornados.
De hecho, la Fiscalía no puede tomar como excusa que se están realizando investigaciones en contra de Suárez Corzo, pues las pruebas de soborno en este caso son innegables, ya que la Unidad Investigativa del diario El Tiempo reveló una serie de grabaciones en las que Suárez Corzo admitió haber sobornado a funcionarios del Inpec.
Además, El Reporte Coronel también había registrado que el dragoneante Cristian Oswaldo Oviedo Mogollón es uno de los sobornados y admitió haber recibido 13 millones de pesos de Suárez Corzo, aunque la suma real fue de 14 millones, depositados en una cuenta del Banco BBVA en Cúcuta.
Oviedo, quien está colaborando con la Fiscalía en la investigación, posee información valiosa no solo sobre Suárez Corzo, sino también sobre el funcionamiento de la red de corrupción carcelaria. Además, sus declaraciones podrían implicar a funcionarios del Inpec, lo que hace inseguro su encarcelamiento en una prisión controlada por colegas del mismo organismo.
Es por ello que un juez ordenó su traslado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), a pesar de esto, el pasado viernes, el CTI, que como se mencionó anteriormente es parte de la Fiscalía, solicitó que Oviedo sea trasladado a una prisión común, una decisión que él, su familia y su defensa consideran un riesgo inminente para su vida.
El Reporte consultó al director del Inpec, coronel Fernando Gutiérrez, quien afirmó que Oviedo estará protegido para que pueda declarar. Además, dijo que es razonable que el dragoneante sea llevado a un lugar en donde considere que su vida está a salvo.
“Desde el Inpec tenemos la obligación constitucional de salvaguardar la vida de todas las personas que están privadas de la libertad y respetar el debido proceso. Que pueda dar sus declaraciones con toda seguridad y con toda tranquilidad ante la Fiscalía General de la Nación. Entonces estamos a la espera de que la defensa envíe la solicitud para poder analizarla y tomar las medidas del caso en el marco de la norma, los procedimientos y los protocolos, entendiendo que los cupos en las guarniciones militares y policiales no los da el Inpec sino es otro procedimiento", se lee en El Reporte Coronell en la W Radio.
