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La historia de Rotorr: cómo llegó a convertirse en un problema para la Universidad Nacional
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Una vez más, la corporación Rotorr - Motor de Innovación tiene en líos jurídicos a la Universidad Nacional. ¿Por qué una de las corporaciones de la institución con más ingresos reportados se convirtió en un problema?

En mayo de 2024, miles de estudiantes de la Universidad Nacional se manifestaron en defensa de la autonomía universitaria y el derecho fundamental a la educación. En medio de la profunda crisis institucional de la universidad pública más grande del país, el nombre de la corporación Rotorr se vinculó por primera vez a las investigaciones sobre contratos millonarios y poco eficientes.

Rotorr - Motor de Innovación es una de las 18 corporaciones a través de las cuales la Universidad Nacional tercerizó durante años la contratación de múltiples servicios requeridos por diferentes sedes. Pese a que su objetivo inicial era el de fomentar la ciencia e innovación en la Universidad, Rotor se convirtió en la corporación más problemática de la institución pública.
En su primer año de funcionamiento, la corporación Rotorr recibió más de 170.000 millones de pesos por la subcontratación con la Universidad Nacional, y registró ingresos por más de 80.200 millones de pesos. Sin embargo, de esa cuantiosa cifra la institución educativa recibió un margen de utilidad menor al 3 por ciento.

Ante las revelaciones sobre la ineficiencia económica de Rotor para la Universidad Nacional, representantes del movimiento estudiantil encontraron que un grupo de exdirectivos de la institución estarían detrás de las decisiones cuestionadas y la supuesta falta de transparencia en torno a la corporación. Desde entonces, la ‘Nacho’ sostiene un pleito jurídico con la corporación que cuenta con licencia para operar por los próximos cien años.
Así funcionaba la Corporación Rotorr
CAMBIO encontró que la representación legal de Rotorr - Motor de Innovación le corresponde al director nombrado o removido por el Consejo Directivo. Entre los miembros de ese órgano se encuentran los nombres de reconocidos directivos y exdirectivos como Dolly Montoya, Camilo Younes Velosa y Jairo Villabona.
Una investigación realizada por Razón Pública reveló que la ineficiencia económica de Rotorr corresponde a que la empresa creada con algunos recursos públicos tiene autonomía y se gestiona desde una perspectiva privada. La empresa terceriza los recursos que podrían entregarse a la universidad directamente para que la institución conserve una ganancia superior.

Desde la llegada de Leopoldo Múnera a la rectoría de la Universidad Nacional, la institución ha adelantado una serie de investigaciones para establecer a qué se deben las irregularidades en la operación de Rotorr desde su creación. Los informes preliminares revelaron que la corporación presentó múltiples cambios que podrían afectar el funcionamiento de la institución.
"Los cambios planteados implican un procedimiento complejo para realizar futuras reformas estatutarias, conformar el consejo directivo, remover el director ejecutivo y resolver y liquidar la corporación. Se han eliminado los límites de cuantía para la celebración de acuerdos”, explicó la rectoría a propósito de los hallazgos iniciales sobre el funcionamiento de las corporaciones.
Meses después de la llegada de Múnera al cargo, la Auditoría General de la República reveló un informe en el que indica que los contratos entre la Universidad Nacional y la Corporación Rotor “se desarrollaron en términos de plazos, cantidades y adecuada ejecución". De esta forma, la Auditoría consideró que no hay pruebas suficientes para concluir que Rotor generó un detrimento al patrimonio público.
Después de conocer los resultados del proceso de auditoría, el profesor Diego Torres, representante de los docentes en el Consejo Superior Universitario (CSU) aseguró que los señalamientos de la actual rectoría en la gestión de las corporaciones ha construido un equivocado imaginario colectivo sobre la existencia de corrupción en estas instituciones. Además, reiteró que los señalamientos propician la destrucción de la imagen institucional.
Rotorr no respondió a la solicitud de suspender la reforma a los estatutos
Para evitar un pleito jurídico que extendería su problemática relación con Rotorr, la rectoría de la Universidad Nacional propuso establecer un acuerdo para suspender los cambios a sus estatutos que limitan el control de la institución sobre las operaciones y ganancias de la corporación.

Desde el pasado 12 de noviembre, la Universidad Nacional se mantuvo a la espera de una serie de puntos de concertación para retomar los estatutos anteriores y garantizar el correcto funcionamiento de la corporación. Sin embargo, Rotorr nunca respondió a la iniciativa de la ‘Nacho’.
Ante la falta de respuestas por parte de la corporación, la Universidad Nacional anunció que continuará con sus acciones jurídicas para proteger el patrimonio público y salvaguardar las funciones de la institución. Con este nuevo anuncio se ratifica que el capítulo con Rotorr, lejos de concluir, presentará secuelas para el próximo año.

El Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá será el encargado de dirimir el pleito jurídico y establecer si en el desarrollo de cada contrato ambas partes respondieron a lo acordado bajo la normativa aplicable.
Hasta que se tome una decisión definitiva, el director ejecutivo de Rotorr conservará el alto poder de decisión y discrecionalidad que se le otorga en la modificación de los estatutos y la corporación conservará su vigencia hasta marzo de 2133.
Rotorr se ha negado a entregar información: Universidad Nacional
En el episodio más reciente del pleito, la Universidad Nacional informó que Rotorr se ha negado a entregar la información requerida sobre convenios, contratos y actas de consejos directivos. De acuerdo con la comunicación dirigida a la comunidad estudiantil por parte de la institución, la corporación ha argumentado que la información solicitada es de carácter reservado.

Las actas solicitadas por la Universidad Nacional son claves en el desarrollo del pleito jurídico, puesto que allí quedaron consignadas las decisiones que fueron adoptadas por el consejo directivo en medio de la crisis institucional de 2024. Ante la negativa de Rottor de revelar la información, la Universidad Nacional decidió instaurar una acción de tutela.
La rectoría de la institución educativa afirmó que Rottor aún no ha entregado el listado de contratos y convenios, pese a que el pasado 7 de enero el Juzgado Noventa Municipal con función de conocimiento de Bogotá le ordenó responder de forma clara a las solicitudes de la Universidad Nacional.

Finalmente, la Universidad Nacional le comunicó a su comunidad estudiantil que ya solicitó ante el Juez la apertura formal de un incidente de desacato debido a que el Juzgado determinó que ningún documento tiene carácter reservado para la universidad.
