Las dudas y certezas del acuerdo de paz con el frente Comuneros del Sur

En medio de la avalancha de noticias sobre violencia, sigue su marcha una negociación que, si se consolida, podría servir de modelo para replicarse en otros territorios del país. El frente Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se convirtió en el primer grupo que entrega armas en la 'paz total', la bandera de reconciliación del presidente Gustavo Petro.

Para que el jefe de Estado pusiera su rúbrica, la organización alzada en armas entregó un arsenal de guerra, cumpliendo con lo pactado hasta ahora en la mesa de negociaciones. “La paz total se construye en los territorios, no solamente en los acuerdos nacionales”, subraya el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien apostó por esta iniciativa al punto de continuar con ella a pesar de las amenazas del Comando Central del ELN, que lo acusó de dividir a la guerrilla fundada hace 60 años.

Para Patiño, el tiempo apremia y no se podía dejar pasar los días sin avances concretos, mientras en los territorios hay quienes buscan silenciar los fusiles.

“La paz se mide en vidas salvadas y ahora eso es una realidad”, dice el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien expresa su satisfacción al recordar que este es el fruto de una semilla sembrada hace más de un año, cuando se empezó a dar forma a la estrategia y a las acciones de esta experiencia, enmarcada en la paz total.

Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental que trabaja para prevenir y resolver conflictos armados, destaca que este es el proceso que mejor ejemplifica la nueva estrategia de paz territorial.

Según ella, se trata de una iniciativa muy localizada, enfocada en el contexto específico de una zona, y orientada a transformar las condiciones estructurales y facilitar el tránsito de los combatientes hacia la legalidad. En ese sentido, subraya que es el proceso que más se ajusta a la estrategia de territorialización de la paz total.

¿Por qué aquí sí hubo un resultado positivo? La experta recuerda que este es el proceso que más impulso ha recibido por parte del Estado, gracias a la asignación de recursos y al respaldo de altos funcionarios. Considera que si otros procesos contaran con ese mismo nivel de apoyo, se podrían lograr avances significativos a nivel nacional. En su opinión, este caso deja lecciones importantes sobre la necesidad del respaldo institucional y del compromiso político para que los procesos de paz prosperen.

¿Cuántas armas son?

De hecho, hay acuerdos sobre la sustitución de cultivos ilícitos en 5.000 hectáreas y la reincorporación de sus 100 integrantes. Dos cifras que parecen son marginales, pero que bien manejadas se pueden multiplicar en un país hastiado de un conflicto que lleva más de medio siglo. 

Sin embargo, aún persisten varias dudas. Por ejemplo, no está claro el cronograma para la destrucción del material de guerra, ni cuántas armas se entregaron, o qué tipo de armamento fue incluido, ni cómo se garantizará que se trata de la totalidad del arsenal.

Más allá de estos aspectos técnicos, también hay interrogantes sobre la protección de los desmovilizados en una zona altamente conflictiva y donde operan grupos de gatillo fácil como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la estructura Franco Benavides, una disidencia de las Farc-EP bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Incluso, existe la posibilidad de que el ELN reaparezca en distintas áreas. “Esto significa que los excombatientes que entreguen sus armas quedarían expuestos a un riesgo elevado”, advierte Dickinson.

A esto se suman las denuncias de algunas comunidades sobre las nuevas Autodefensas Unidas de Nariño, que ya han hecho pintadas en algunas casas para anunciar su presencia y generar una sensación de temor. Según relatos recogidos en la región, preocupa que personas antes identificadas como miembros de la comunidad ahora estén actuando como parte de esta estructura armada, lo que podría representar un cambio de bando bajo una nueva fachada.

Otro tema pendiente es el del distrito minero. Aún no está claro cómo va a operar, qué mecanismos se establecerán para proteger el medioambiente y cómo se evitará que se convierta en una forma de legalizar prácticas mineras dañinas o de facilitar actividades criminales.

Las dudas jurídicas 

Por último, y no menos importante, está el tema del marco jurídico. Aunque se ha sugerido que algunos asuntos podrían ser asumidos por la justicia indígena, es probable que, al menos, los comandantes del grupo deban responder ante la justicia ordinaria. Este sistema ofrece poca flexibilidad para la reducción de penas en casos de crímenes de alto impacto, lo cual genera dudas sobre si lo que se les puede ofrecer legalmente resulta atractivo para los líderes de Comuneros del Sur, ya que podrían enfrentarse a largas penas de prisión.

En esta línea se expresan otras voces autorizadas, que conocen bien la situación de un departamento que tiene amplias extensiones sembradas de cultivos de coca. Aporta el 26 por ciento al total nacional, con 59.746 hectáreas del cultivo ilícito. Un botín demasiado atractivo para abandonarlo de la noche a la mañana.

Sebastián Guerra, asesor experto del Instituto de Paz, de Estados Unidos, señala que el Gobierno busca capitalizar este proceso, de menor envergadura dado el número de integrantes de Comuneros, en dos sentidos: primero, como contrapeso al proceso nacional con el ELN, presentando a Comuneros como un grupo con verdadera voluntad de paz; y segundo, como modelo ejemplar que podría orientar otros procesos de negociación.

Lo cierto es que la voluntad de Comuneros del Sur fue impulsada por la guerra que sostenía con otras estructuras armadas en Nariño. En la práctica, el proceso de paz fue una forma de protección que les ofreció el Gobierno para evitar su desaparición, dice él. Esta misma dinámica podría repetirse en otros casos: disidencias que, ante el asedio de otros actores armados, optan por negociar.

Uno de los principales nudos del proceso es la salida jurídica que se les dará a los integrantes de Comuneros. Llama la atención que se haya anunciado un acuerdo sobre víctimas para aplicar un mecanismo no judicial orientado a la verdad y la memoria, pero aún no se ha definido el mecanismo judicial correspondiente.

La hora del pesimismo

Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte y analista de paz, afirma que este es, en la práctica, el proceso más accesible dentro de la política de paz total. De hecho, él se muestra pesimista y augura que será el único de los 12 escenarios de diálogo iniciados por el Gobierno que concluirá con un acuerdo de fin del conflicto antes del 7 de agosto de 2026.

“Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los efectos de esta negociación serán de alcance local, ya que en Nariño operan activamente otras organizaciones armadas que no están negociando con el Gobierno, así como otras cuyas conversaciones aún están lejos de alcanzar un acuerdo final”, agrega Trejos.

En la otra orilla, hay voces que apelan al optimismo. Luis Eduardo Celis, investigador en temas de paz y conflicto armado, considera que el gobierno del presidente Petro tiene el compromiso de avanzar en procesos de paz en todos los territorios donde aún persisten formas de violencia organizada.

“El grupo Comuneros del Sur ha decidido abandonar la violencia, y allí se desarrolla un proceso con mucha madurez que debe traducirse en cambios positivos en la región de Abades, cuyo epicentro es el municipio de Samaniego y otros ocho municipios del departamento de Nariño”, dice Celis.

“Es fundamental garantizar que no se reciclen las dinámicas violentas, integrando a Comuneros del Sur en una estrategia de seguridad. Este siempre ha sido un tema polémico, pero la experiencia fallida de no incorporar a las Farc en un modelo de seguridad nos obliga a reflexionar y concertar sobre esta cuestión tan delicada”, argumenta Celis.

¿Quién les garantizará la vida?

Los antecedentes encienden las alarmas sobre lo que se debe hacer: proteger a los firmantes. Porque tras los acuerdos de paz con las Farc, en este departamento han asesinado a 43 de ellos.

El frente Comuneros del Sur se formó en 1992, siendo la primera estructura del ELN en el departamento de Nariño. En marzo de 2024 se desvinculó para comunicar públicamente su intención de avanzar con un proceso de paz territorial. Esto, en blanco y negro, es un paso adelante. El problema, como se ha dicho, es quién les va a garantizar la vida a quienes digan adiós a las armas.

El gobernador del departamento se aferra a esta iniciativa para sacar a Nariño de unos registros vergonzosos. De hecho, este es el tercer departamento con más homicidios de personas relacionadas con el conflicto armado. La Comisión de la Verdad de Colombia señala que entre 1958 y 2019 se registraron al menos 4.237 masacres en el país.

“Aquí no solo se ha destruido material de guerra de un grupo armado ilegal, lo que representa un punto de no retorno hacia la violencia, sino que también se han salvado vidas, porque la paz debe medirse en vidas salvadas”, expresó el mandatario seccional. “La paz que soñamos en Nariño tiene rostro, tiene nombre y está hecha de justicia, inclusión y territorio vivo”, agrega.

El gobernador muestra un balance positivo. Habla de una reducción del 16 por ciento en los desplazamientos forzados entre 2023 (25.344 casos) y 2024 (21.440 casos). En el primer trimestre de 2025, la disminución alcanzó el 99,1 por ciento. En cuanto al confinamiento, se reportó una caída del 40,94 por ciento entre 2023 y 2024, y en 2025 la cifra se redujo completamente.

La orden del presidente Petro

Durante el encuentro 'Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño', realizado en Pasto durante el fin de semana, las partes firmaron el acuerdo 6, enfocado en la construcción de verdad, memoria y dignificación de las víctimas, y el acuerdo 7, sobre sustitución de cultivos de uso ilícito. Además, el jefe de Estado ordenó la destrucción del armamento entregado por el grupo armado.

“Anuncio la destrucción de las armas. Como comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y cumpliendo con mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerra del frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional”, declaró el presidente.

Durante el evento, integrantes de la delegación de la guerrilla se pronunciaron. Roger Garzón reafirmó públicamente su “voluntad sincera de la paz territorial” y el cansancio de la guerra. “La lucha armada está caduca”, dijo. Y prometió que los firmantes de los acuerdos no desean volver a portar armas ni continuar con el conflicto armado. “Señor presidente, nosotros nos rehusamos a volver a la guerra”, afirmó. “Queremos construir la paz territorial”, agregó. “Somos una organización de 32 años, y muchos hemos pasado nuestra vida en las montañas de Colombia”.

“Bienvenidos a la paz, frente Comuneros del Sur del ELN, en Nariño. Transformar el territorio en favor del pueblo es la paz”, dijo Petro.

Cuestión de salvar vidas

Por su parte, la Defensoría del Pueblo celebró lo ocurrido. “Cada mina, cada mortero, cada granada que se destruye, representa vidas que se salvan”. “Las comunidades deben estar en el centro de toda construcción de paz. Para ello, es fundamental fortalecer la pedagogía y la participación comunitaria en esta nueva etapa del proceso (...). Es indispensable garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación y la no repetición mediante mecanismos sólidos y sostenibles”, exigió la entidad

Entre las voces que aplauden lo sucedido está la del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien pidió avanzar en la implementación del Pacto de Nariño y en el acompañamiento a las comunidades incluidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). “La entrega de material de guerra por parte del frente Comuneros del Sur es una buena noticia para Nariño y para Colombia. Avanza un proceso de paz que salvará vidas”, dijo.

Andrei Gómez, delegado del Gobierno en esta negociación, resume así lo ocurrido: “Hemos avanzado en las condiciones necesarias para permitir la concentración territorial de Comuneros del Sur, la activación del cese al fuego bilateral y el inicio del proceso de reintegración. También abordaremos el tema de seguridad para los miembros del grupo y garantizaremos la justicia que exigen las víctimas”.

Para Gómez se trabajará en la transformación integral del territorio, lo cual implica saldar deudas históricas con el departamento. “Esto significa construir la infraestructura necesaria para consolidar el Estado Social de Derecho y generar nuevas alternativas económicas que conviertan a estos municipios en polos de desarrollo que garanticen calidad de vida a sus habitantes”.

Para las delegaciones del Gobierno y de Comuneros del Sur, este proceso ha llegado a un punto irreversible, y ambas partes esperan firmar un acuerdo de paz definitivo durante este año.