
La inédita decisión del CNE: un punto de inflexión en la discusión pública
El presidente de la República Gustavo Petro Urrego.
Crédito: Presidencia
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Haber formulado cargos a la campaña Petro Presidente 2022-2026 supone un nuevo rumbo del debate que alimenta la narrativa del presidente de un "golpe de Estado" en su contra. ¿Qué consecuencias políticas y jurídicas tendrá la decisión del Consejo Nacional Electoral? Análisis de CAMBIO.
Por: Armando Neira

La inédita decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de abrir una investigación formal y formular cargos a la campaña Petro Presidente 2022-2026 cambia todo el escenario de la discusión pública. Sus efectos resonarán en los ámbitos políticos y jurídicos y marcarán un punto de inflexión en el relato del Gobierno nacional.
De hecho, en la tarde de este martes, cuando se conoció la decisión, el presidente Petro anticipó lo que sucedería o, al menos, lo que él quisiera que pasara: “Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”, dijo.
Para el presidente, los electores deben salir a las calles a defender su voto porque, en su concepto, “ha comenzado el golpe de Estado”. Según el mandatario, “el CNE nunca puede, ni tiene la facultad para investigar al presidente de la república. Este es el inicio del golpe de Estado. Se ha violado el fuero presidencial integral, roto el Estado de derecho y el respeto al voto popular y a la democracia”.
Aunque se trata de una decisión jurídica de alcances limitados, para el presidente Petro el eco de sus palabras, pronunciadas en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, Antioquia, donde en 1996 esta comunidad fue víctima de la violencia paramilitar, desaparecieron 12 personas, incluidos tres menores de edad, y se produjo una ejecución extrajudicial, gravita ahora en la narrativa oficial.
Para el CNE, una decisión sin antecedentes
Es cierto que nunca antes el CNE había llegado a una instancia semejante. El mandatario considera que en el origen político de su composición está la semilla para buscar afectarlo. El CNE no es un tribunal, sino un organismo administrativo compuesto por políticos que actúan como magistrados y que, según esta tesis, en ocasiones anteriores miraron hacia otro lado cuando había hechos más graves para investigar.
“CNE no investigó a Duque por la ñeñepolítica. No investigó a Santos por Odebrecht. Investigan a Petro sin tener las facultades. Eso se llama golpe de Estado. No dejaremos que se roben en los escritorios lo que perdieron en los territorios y en las urnas”, afirmó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
De ahí que el presidente hable de una de las fases de lo que él llama golpe blando y que en este caso sería un “golpe de las corbatas”.
En adelante, según el analista Gabriel Cifuentes, el presidente se moverá en varias líneas. En lo jurídico, su defensa buscará no solo desestimar los hallazgos de los magistrados ponentes, sino también alegar que el CNE no tiene competencia para investigar y sancionar, aunque sea administrativamente, a un presidente en ejercicio.
También tratarán de demostrar que, pasados los 30 días después de las elecciones para investigar a un candidato y su campaña, el CNE pierde la competencia.
El Gobierno insiste en la tesis de "golpe blando"
En lo político, los efectos son otros. Por un lado, desde el Gobierno se insistirá en la idea del “golpe blando”, aunque el CNE, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, tiene facultades para investigar las campañas presidenciales, señala Cifuentes.
Aunque la investigación del CNE era un asunto que el país esperaba, y las pruebas son contundentes, anota la analista María Jimena Escandón, lo sucedido es solo la apertura formal del proceso.
Esto apenas comienza, y es probable que hasta diciembre se emita un pronunciamiento sancionatorio. En ese momento, se compulsarán copias a la Fiscalía para los casos del gerente, la tesorera, los dos auditores y los representantes de los partidos políticos.
Así mismo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes asumirá el caso del presidente. En otras palabras, el proceso aún está en una etapa incipiente y no tiene los alcances de un derrocamiento inminente del presidente.
Pero, ¿por qué esta reacción con un tono tan grandilocuente? Es natural porque se trata de un pulso entre actores políticos en el que saben que se juegan su discurso ante los electores.
En efecto, este será uno de los puntos más cruciales. Han pasado apenas horas desde que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó lo que el Gobierno ha llamado las bases de un Acuerdo Mínimo contra la Violencia y por la Democracia.
Con esta propuesta, el Gobierno nacional pretendía convocar a las fuerzas políticas, autoridades locales y regionales, organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, empresarios, iglesias y sociedad civil.
¿Para qué? Para participar en un diálogo político y social que permitiera alcanzar un Acuerdo Nacional para respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia.
¿Qué fuerzas se van a sumar a este proyecto ahora, cuando de una u otra manera sus representantes en el CNE son llamados por el jefe de Estado como “golpistas”?
Así fue la votación en el CNE
La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, con siete votos contra dos, formular cargos contra la campaña por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de los topes de gastos.
La ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) recibió el apoyo de los magistrados de la U, Cambio Radical, el Partido Conservador y Alianza Verde. Cristo ha tenido encuentros con algunos de estos colectivos para tender puentes en el Congreso.
Lo que sí está claro es que, por parte de la oposición, defenderán la ponencia y tratarán de insistir en las irregularidades de la campaña para deslegitimar al presidente y al Gobierno. También insistirán en que el presidente debe ser juzgado política y jurídicamente por las posibles irregularidades.
“Sin lugar a dudas, es un golpe político fuerte para el Gobierno, sobre todo para quienes, no desde los partidos, sino desde la ciudadanía independiente, no dejan de ser espectadores de escándalo tras escándalo”, señaló Cifuentes.
Porque, al margen de los juicios del primer mandatario, los magistrados del CNE aseguran que se atienen a las pruebas del expediente de 314 páginas de conclusiones, además de otras 8.000 páginas de pruebas, que informan que en total habrían sido ocultados de las cuentas oficiales de la campaña presidencial 6.011 millones de pesos.
Se trata de un capítulo más de los muchos que ha tenido este Gobierno y que han surgido desde su interior: las revelaciones de su hijo Nicolás Petro, los movimientos del hermano del presidente, Juan Fernando; las denuncias de Laura Sarabia contra su niñera, la pelea de ella con el embajador Armando Benedetti, el robo a los dineros públicos de la UNGRD, entidad fundamental para la atención de las víctimas en los desastres, y ahora la violación de los topes de la campaña, entre otros.
No hay tiempo para juzgar al presidente
La decisión del CNE, además de impactar con dureza al presidente, a quien no podrán tocar constitucionalmente (solo la Comisión de Acusaciones puede hacerlo, y luego la plenaria de la Cámara y posteriormente el Senado), afecta a colaboradores de extrema confianza y a movimientos políticos afines. En tiempos, esto sería casi imposible antes de 22 meses cuando termina el mandato del presidente.
De hecho, el fallo menciona a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña; Lucy Aidee Mogollón Alfonso, en calidad de tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, como auditores.
Y también a los partidos Movimiento Político Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes de la coalición del Pacto Histórico, que ahora buscan unidad de cara a las elecciones de 2026.
Para Escandón, en cuanto al presidente de Ecopetrol, es probable que tenga que dejar su cargo para enfrentar la investigación que se adelanta en su contra. Esto sería lo más prudente para la empresa y pondría a prueba la capacidad de la junta directiva para priorizar los intereses de la compañía más importante del país, por encima del movimiento político que representan.
Una compañía que está en la lupa de las agencias calificadoras, precisamente por los sorprendentes discursos del presidente Petro, quien insiste en la transición energética.
Para Carlos Arias, docente de la Universidad Javeriana, la investigación del CNE tiene un alcance limitado para determinar si se violaron o no los topes de campaña. En esa medida, el CNE abre la investigación.
“Ahora bien, si se revisan las pruebas y se confirma que se violaron los topes de campaña, la sanción sería pecuniaria y seguramente iría dirigida al gerente de la campaña, que hoy es el gerente de Ecopetrol”, dijo.
En el plano reputacional, dijo, no solo queda mal parado el presidente, sino todo el partido que lo avala, y los funcionarios de su campaña.
'El mal mensaje del presidente'
'Seguramente tendrá implicaciones que llevarán la investigación a otros escenarios, como el Consejo de Estado e incluso la Fiscalía, pero son etapas posteriores que podrían definirse incluso al final del Gobierno de Gustavo Petro´, comentó Arias.
En cuanto a las declaraciones del presidente, Arias afirmó: “Esto no es un golpe de Estado. No se trata de que lo quieran derrocar. Las instituciones y entidades están cumpliendo con su rol constitucional y legal. Es un mal mensaje que el presidente continúe señalando que se trata de un golpe de Estado cuando las instituciones cumplen sus funciones. Como cualquier ciudadano, debería acogerse a la ley.”
Para Arias, el presidente ha utilizado una estrategia sistemática de ataque y debilitamiento de las instituciones para justificar sus desaciertos, y este caso no será la excepción.
Según su lectura, orquestará una campaña mediática que busque confrontar y exacerbar los ánimos de la población, poniendo a prueba su popularidad y capacidad de convocatoria, pero es probable que no le salga bien.
Sin embargo, el malestar continuará profundizando la división ciudadana, y es factible que la agenda regulatoria se vea afectada en la medida en que los partidos políticos quieran sentar un precedente ante el trato que el presidente ha dado a los magistrados del CNE.
Por su parte, el senador independiente Humberto de la Calle comentó: “Petro tiene razón en que el CNE no puede privarlo de su cargo. En este caso, el fuero como norma especial implica pasar por el Congreso y eventualmente por la Corte. Pero esto no es un golpe blando”.
De la Calle añadió: “Muchos presidentes han sido investigados sin que surgiera esa queja. Si no fuese así, las investigaciones serían solo para las campañas perdedoras. Muchas veces hacemos leyes sin meditar las consecuencias. Se estableció solidaridad entre la campaña y el candidato, y se determinó que violar los topes daba lugar a perder la investidura. Ahora nos topamos con esta situación y algunos se sorprenden”.
Es natural que estas circunstancias aumenten el clima de confrontación entre los actores políticos, lo que podría afectar el avance de las reformas sociales en el Congreso y aumentar el posicionamiento tanto de la oposición como del oficialismo de cara a las elecciones de 2026. Y como toda campaña, todos los actores políticos optarán por hacer más ruido para hacerse escuchar.
El país, en conclusión, entra en una etapa de mucho ruido.
