¿Sanciones, multas o juicio político?: los escenarios para el presidente Gustavo Petro por las investigaciones de supuesta violación de topes electorales

Las noticias de los últimos días sobre la investigación en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, que está activa en el Consejo Nacional Electoral (CNE), han motivado a que el jefe de Estado alerte –otra vez– de un supuesto golpe de Estado. Sin embargo, más allá de la teoría del presidente, lo cierto es que en las próximas semanas ese organismo electoral tomará una de las decisiones más importantes de los últimos años, basado en pruebas que no dejan bien parados a Petro y a las exdirectivas de su campaña.

Según la investigación de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes de gastos y financiamiento en las dos vueltas de 2022 en 5.300 millones de pesos. Por ello, los dos investigadores radicaron una ponencia que pide formular cargos contra la campaña.

En dos semanas, la sala plena del CNE tomará la decisión definitiva sobre la ponencia, pues varios magistrados pidieron más tiempo para analizar el expediente y las pruebas recolectadas por los investigadores. 

Al ser un momento crucial, surgen varias dudas de lo que podría pasar en el caso de que el CNE decida votar favorablemente la ponencia. CAMBIO les presenta los posibles escenarios jurídicos y políticos sobre el caso de la campaña de Gustavo Petro en 2022.

¿En qué va la investigación?

En febrero de 2023 llegaron al CNE las primeras denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. 

Después, aparecieron investigaciones de medios de comunicación, audios filtrados de Armando Benedetti y un informe de auditoría de la firma Nexia Montes y Asociados. Todos fueron adjuntados al expediente para robustecer la investigación contra la campaña 'Petro Presidente'. 

En junio de ese mismo año, el CNE designó a Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada como los investigadores del caso. Ortiz ya venía como investigador de las primeras denuncias, y Prada tenía asignadas otras desde la época de las consultas interpartidistas previas a la primera vuelta.

Ambos se dedicaron a recolectar pruebas. Fue hasta mayo de 2024 cuando radicaron la ponencia a favor de formular pliego de cargos por violación de topes a Gustavo Petro, Ricardo Roa (gerente de campaña), Maria Lucy Soto (auditora), Juan Carlos Lemus (auditor) y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.

La ponencia tenía que ser votada hace una semana, pero se decidió rotar el expediente para que los magistrados pudieran seguir evaluando las pruebas que presentaron Ortiz y Prada. Por ello, la sala plena para abordar el caso de la campaña de Petro se realizaría entre el 16 y el 20 de septiembre.

¿Qué puede pasar después de la votación?

El próximo paso tiene dos escenarios posibles y ambos necesitan seis de nueve votos. El primero de ellos es que la sala plena del CNE decida archivar la investigación, tal y como pasó en octubre de 2017 con el caso de Óscar Iván Zuluaga, Odebrecht y Duda Mendoça. En esa época, la ponencia a favor del archivo fue del exdefensor del pueblo y entonces magistrado Carlos Camargo.

La otra ruta es que la sala plena decida aprobar la ponencia de formulación de cargos para iniciar una fase de debate probatorio. Es decir, se dan como suficientes las pruebas recolectadas y se abre la puerta para que los acusados puedan defenderse. Esta fase puede durar varios meses y terminar en el cierre y archivo de la investigación o en una sanción a la campaña, al gerente y los auditores.

Más allá de las pruebas y los argumentos de la ponencia, la decisión se determinará por el pulso político. Por el momento, a favor de la ponencia habría cuatro votos: los dos de los magistrados investigadores, el de Maritza Martínez (Partido de la U) y el de César Lorduy (Cambio Radical). En el bando a favor del archivo están Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Alba Lucía Velásquez (Polo Democrático) y Cristian Quiroz (Partido Verde).

Finalmente, los indecisos son: Altus Baquero (liberal que ha entrado y salido del CNE por decisiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional) y Alfonso Campo Martínez (conservador vallenato).

Pero además del mapa político en el CNE, también es necesario hacer varias claridades. Por un lado, el CNE es un órgano que solo puede imponer sanciones administrativas. Por ello las eventuales sanciones a la campaña de Petro consistirán en multas y en la devolución de los recursos que el Estado giró por reposición de votos a la Colombia Humana y la Unión Patriótica, ya sea total o parcialmente. Un duro golpe financiero a estas dos colectividades.

En ningún caso se determinará la salida del cargo del presidente Petro ni de la vicepresidenta Francia Márquez. Ni siquiera es suficiente el artículo 109 de la Constitución, el cual establece que la violación de topes implica "la pérdida de investidura o del cargo", pero no especifica qué ocurre si se trata de un aforado como el jefe de Estado.

Sin embargo, al CNE sí le corresponde compulsar copias a la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que llevan o pueden iniciar otros procesos de tipo penal y disciplinario.

Por ejemplo, la violación de topes es un delito electoral por el que hay una pena de prisión de cuatro a ocho años para quien haya administrado los recursos de la campaña: en este caso Ricardo Roa. Además, una multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

En el caso del presidente Petro, al ser un aforado constitucional, tiene como juez natural a la Comisión de Acusaciones en el Congreso. Esa célula legislativa tiene tres representantes investigadores: Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta.

En mayo pasado, los tres congresistas le pidieron al CNE el envío de todas las investigaciones en contra del jefe de Estado al considerar que el órgano electoral no era competente para investigar al mandatario.

Un mes después, el debate lo cerró el Consejo de Estado, que confirmó que “corresponde al CNE adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la investigación y posterior decisión de fondo frente a los hechos que constituyan una violación de topes de la campaña electoral”.

¿Y qué pasa en la Comisión de Acusaciones?

Al ser un aforado constitucional, como los magistrados de las altas cortes y la fiscal general, el presidente debe ser acusado, mas no juzgado, por esta instancia del poder Legislativo. Aquí ya tiene a tres congresistas investigadores –Arizabaleta, Uribe y Carrillo–, quienes todavía están en las labores investigativas.

Cuando culmine esta etapa, los tres congresistas tendrán que presentar al presidente de la Comisión de Acusaciones el proyecto de acusación o preclusión de la investigación. Cinco días después, los 18 congresistas que hacen parte de esa célula legislativa se reunirán para evaluar el proyecto y votar a favor y en contra. La mayoría para tomar una decisión debe ser absoluta, es decir, 10 de 18 votos.

Aquí las cargas tampoco están definidas por completo. Por un lado, hay congresistas leales al Gobierno: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, María Eugenia Lopera y Alejandro Ocampo. Pero también abiertamente opositores, como Hernán Cadavid, Óscar Villamizar, Katherine Miranda y Jorge Tovar (hijo del exjefe paramilitar Jorge 40).

Cualquiera que sea la decisión, esta debe ser remitida por el presidente de la Comisión al presidente de la Cámara para que lo aprobado se someta a votación de la plenaria. Aquí, el Gobierno ha demostrado mantener una mayoría importante gracias a bancadas como la liberal.

En esta etapa se abre la posibilidad de que la plenaria confirme la decisión de la Comisión o no. Si se vota a favor de la preclusión la investigación se archiva. Pero si se vota a favor de la acusación el caso pasa a la Comisión de Instrucción del Senado. Si esta instancia considera seguir adelante con el proceso, la acusación pasa a la plenaria del Senado.

Allí se tendrá la última palabra: archivar, remitir a la Corte Suprema de Justicia (si se trata de delitos comunes como los electorales) o iniciar audiencia pública para el juicio (si se trata de hechos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o en relación con las mismas). 

Ningún presidente ha llegado al escenario del Senado, ni siquiera Ernesto Samper durante el proceso 8.000, que se archivó en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, otros aforados como el exmagistrado Gustavo Malo sí completaron el ciclo. Malo fue investigado y acusado por la Cámara. La plenaria del Senado votó a favor de enviar su caso a la Corte Suprema y ese tribunal lo condenó a más de nueve años de prisión. 

En conclusión, las investigaciones y acusaciones en contra del presidente y su campaña no solo se resolverán en lo político, sino que implican un largo proceso que incluso podría llegar a su etapa final cuando haya terminado el periodo presidencial de Gustavo Petro. No obstante, las consecuencias políticas se sentirán en tiempo real para el jefe de Estado y su proyecto progresista.