Manuel Castañeda, testigo del caso de corrupción de la UNP, no está bajo custodia del Inpec, sino del Ejército

“No es cierto que el testigo en mención esté en poder de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una persona que está privada de la libertad en un establecimiento carcelario, cuya garantía de protección corresponde al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- no a la Fiscalía General de la Nación”, dice la Fiscalía en el comunicado.

CAMBIO pudo establecer que no es cierto que el testigo Manuel Castañeda, capturado en flagrancia el año pasado con 168 panelas de coca en una camioneta de la UNP y uno de los que transportó a alias Matamba en su fuga, esté en poder del Inpec.

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Fuentes del instituto carcelario le confirmaron a CAMBIO que, desde el año pasado, por evaluación de riesgo, Castañeda fue trasladado de la cárcel la Picota de Bogotá a la cárcel de Cómbita en Boyacá; y luego, para garantizarle una mayor seguridad por amenazas en su contra, a finales del año pasado fue trasladado a un batallón militar de Facatativá. Es decir, su custodia o “protección” ya no está bajo la responsabilidad del Inpec sino del Ejército.

En el pasado, cuando la Fiscalía ha tenido especial interés en los testigos de procesos de alta repercusión nacional, suele mantenerlos bajo su custodia o delegarla al Ejército o Policía. Así pasó, por ejemplo, con los testigos de casos como el Cartel de la Toga, Odebrecht, las chuzadas y el hacker Sepúlveda, que han estado recluidos en sitios especiales por la propia solicitud de la Fiscalía. El exfiscal Luis Gustavo Moreno, por ejemplo, testigo principal del cartel de la toga, estuvo en guarnición militar; el ingeniero Juan Carlos Madero, testigo estrella del caso de las chuzadas, se mantuvo recluido en las celdas del DAS y en el búnker, bajo la protección de la Fiscalía; el hacker Andrés Fernando Sepúlveda también se mantuvo recluido en las celdas del DAS; y en el caso de Odebrecht, casi todos los testigos estuvieron recluidos en sitios especiales mientras brindaban su colaboración en la Fiscalía, como el excongresista Otto Nicolás Bula, que estuvo recluido en Cespo. En todos esos casos, por tratarse de temas de corrupción y de interés general, la Fiscalía prefirió tener la seguridad de los testigos en sus manos o delegarla al Ejército o Policía para garantizarla.

Ahora, en el caso de Castañeda, la Fiscalía parece estar desentendida. Dice el comunicado que “una vez conoció de las agresiones y amenazas señaladas, dispuso todas las actividades investigativas necesarias para el esclarecimiento del hecho. Es necesario señalar que, mediante oficio del pasado 20 de enero de 2023, la Fiscalía ya había informado al director del Inpec acerca de los riesgos de seguridad indicados por el testigo”. Para ese momento, sin embargo, ya la seguridad del testigo no estaba en poder del Inpec sino del Ejército.

Finalmente, la Fiscalía informó que, sobre la denuncia presentada por Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, sobre los hechos de corrupción cometidos en esa entidad, continúan con las indagaciones respectivas y que, sobre “el hecho violento” del cual fue víctima el director de la UNP, “la Fiscalía ha desplegado toda su capacidad investigativa con fiscales, investigadores y analistas, para que sean identificados y judicializados los responsables de esta acción delincuencial”.