'No podemos desfallecer en la lucha por una transición democrática para Venezuela': Goebertus

Venezuela volvió a ser noticia de primera plana en Colombia la semana pasada por la revelación del régimen de un documento en el que Edmundo González, quien se encuentra bajo asilo político en España, habría validado la reelección de Nicolás Maduro. “O firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado”, dijo el líder de 75 años de edad y que, según las actas publicadas por la oposición, obtuvo la mayoría en las urnas.

Tras las elecciones del 28 de julio, todos los focos se pusieron en ese país y en las masivas manifestaciones lideradas por María Corina Machado. El tema, sin embargo, fue perdiendo interés, mientras que la represión no cesa y el número de migrantes que salen aumenta. Con un impacto directo para Colombia, porque muchos optan por tomar la ruta del Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá, con la ilusión de llegar a Estados Unidos.

Se trata de una serie de hechos tan distantes pero relacionados, a los que Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones más respetadas dedicadas a proteger los derechos humanos, les hace seguimiento diario. Su directora para la división Américas es la politóloga y abogada colombiana Juanita Goebertus. CAMBIO la entrevistó.

CAMBIO: ¿Cómo le parece el caso del documento firmado por el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, en el que aparentemente habría validado a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones?

Juanita Goebertus: La situación hay que ponerla en contexto. Lo que ocurre en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, y no solo desde las elecciones del 28 de julio, es muy grave. En el poder está un régimen que no cumple de ninguna manera con el mandato de la Carta Democrática de la OEA. Por eso, la salida de Edmundo González no se puede evaluar como un caso aislado, sino que forma parte de una serie de hechos gravísimos. Se da en un contexto de criminalización absolutamente arbitraria. No se puede hacer una valoración de lo sucedido sin tener en cuenta lo que allí ocurre.

CAMBIO: ¿Y qué está ocurriendo según han podido documentar en HRW?

J.G.: Previo a las elecciones, hubo ejecuciones extrajudiciales confirmadas, detenciones arbitrarias, restricciones al derecho al ejercicio político, inhabilitación de candidatos, como es el caso de María Corina Machado, y, por supuesto, toda clase de restricciones al ejercicio del derecho al voto.

CAMBIO: ¿Qué pasó a partir del 28 de julio, día de las elecciones?

J.G.: Un recrudecimiento de estas acciones. Como lo ha dicho el Centro Carter y el panel de expertos de Naciones Unidas, las actas publicadas por la oposición cuentan con todos los elementos para ser consideradas fidedignas, mientras que los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cuentan con ninguna evidencia. Con lo cual, todo apunta a que quien realmente ganó las elecciones, además por un amplio margen, fue Edmundo González. Ante eso, se vino una brutal represión.

CAMBIO: ¿Ustedes tienen esas violaciones registradas?

J.G.: Sí. Hemos documentado de manera muy detallada que entre el 29 y el 30 de julio, en ese contexto postelectoral, al menos 24 personas fueron asesinadas. Está documentado que, en la mayoría de los casos, participaron agentes del Estado como miembros de la Policía o de la Guardia Nacional Bolivariana, y en algunos de los casos, colectivos que son grupos armados de civiles que actúan en convivencia con las fuerzas armadas.

CAMBIO: Pero Edmundo González se fue y dejó allí a la gente…

J.G.: Hay que recordar que se le perseguía penalmente por no presentarse ante unas autoridades cooptadas por el régimen. Lo que está pasando en Venezuela no lo hemos denunciado solamente nosotros, sino que hay reportes de distintas organizaciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos han concluido que el Tribunal Supremo venezolano no es independiente, por lo que, naturalmente, Edmundo González se abstuvo de ir a este escenario. Como resultado de esto, le dictaron una orden de captura. Independientemente de las circunstancias en las que salió, es una persona que está siendo perseguida políticamente.
 

CAMBIO: Desde el día de las elecciones, las marchas de la oposición han disminuido y ahora, con lo de Edmundo González, da la sensación de que Nicolás Maduro se quedará en el poder. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se puede hacer?

J.G.: Es difícil rendirse. No es hora de desfallecer. He insistido en que, si justamente allá en Venezuela, venezolanos y venezolanas están dando la batalla heroicamente, tratando de luchar por un proceso de transición hacia la democracia, los últimos que nos podemos rendir somos nosotros. Pero, sin duda, es evidente también que los distintos canales no parecen dar resultados.

CAMBIO: ¿Entonces?

J.G.: La condena pública ha seguido. La gran mayoría de las naciones no han reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo, ni siquiera quienes han sido algunos de sus aliados políticos en la región. A pesar de ello, y a pesar de los canales diplomáticos que existen, él parece obstinado en no abrir ninguna posibilidad de negociación con miras a reconocer su derrota y dar paso a un proceso de transición hacia la democracia.

CAMBIO: ¿O sea que Maduro se quedará?

J.G.: Dicho esto, si algo nos muestran las experiencias de transiciones de una dictadura hacia la democracia en la región es que hay que sostener la presión internacional, fortalecer la organización de la sociedad civil y seguir documentando estos hechos de represión, para que finalmente, como resultado de una presión constante, se abran pequeñas ventanas de oportunidad hasta alcanzar la transición democrática.

CAMBIO: ¿Quién sostiene hoy a Maduro?

J.G.: Hay una lógica represiva muy fuerte gracias a la contrainteligencia cubana. Si los cubanos no empiezan a jugar un rol mucho más positivo en favor de la democracia en Venezuela, será más difícil. Ellos han logrado imponer un régimen de miedo, donde nadie sabe si lo va a denunciar el vecino. Así se rompe el tejido social. Hay personas que ni siquiera se atreven a contestar el teléfono, por temor a que los estén escuchando y los denuncien.

CAMBIO: ¿Hay algún otro caso en la historia de América Latina en el que el candidato que ganó las elecciones deba salir al exilio mientras el perdedor se queda en el poder?

J.G.: En los tiempos recientes no hay un antecedente similar.

CAMBIO: ¿Cómo es la vida hoy en Venezuela?

J.G.: Hay una represión muy fuerte en los barrios populares de las ciudades que eran chavistas y se consideraban más cercanos al régimen, porque salieron a votar a favor de Edmundo González. El régimen lo sabe. Por eso, gran parte de las muertes y detenciones, que ya suman más de 2.400, se han dado en muchos de estos sitios. Esto también significa que el régimen reconoce su pérdida de legitimidad. Los ciudadanos viven entre la zozobra y el terror de caer en la llamada Operación Tun Tun, que son mensajes que le llegan a la gente: “Usted es el siguiente, vamos por usted”.

CAMBIO: ¿Qué ha pasado con las personas detenidas?

J.G.: A diferencia de las protestas de 2014 y 2017, cuando hubo muchas detenciones, pero rápidamente liberaban a la gente, en este caso se les imputa inmediatamente por terrorismo. Eso está haciendo que las personas no sean puestas en libertad. Por el contrario, hemos documentado condenas exprés de hasta cinco u ocho años de cárcel por el simple hecho de salir a protestar, sin acceso a un abogado de confianza y sin posibilidad de tener comunicación con los familiares.

CAMBIO: ¿Las víctimas pueden denunciar?

J.G.: Muchas ni siquiera pueden hacerlo. Sufren en silencio porque les da miedo agravar su situación.

CAMBIO: La región vive situaciones extremas en materia de violación de derechos humanos con una paradoja: son cometidas por un régimen como el de Nicolás Maduro, que dice ser de izquierda, pero también por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que es de derecha. ¿Qué opina de esto?

J.G.: Por eso es tan importante la defensa de los derechos humanos en cualquier escenario. La discusión no es sobre ideologías ni sobre los objetivos que buscan, sino sobre el compromiso de respetar los derechos humanos.

CAMBIO: ¿Cómo está El Salvador?

J.G.: Estos dos años que llevo en Human Rights Watch coinciden con los dos años de estado de excepción en El Salvador, donde ha habido 80.000 personas privadas de la libertad, con suspensión de su debido proceso. Eso significa que se les captura sin orden de captura, sin necesidad de explicarles a ellos ni a sus familiares cuál es la razón ni cuál es el delito por el que se les investiga, sin obligación de ponerlos a disposición de un juez ni evidencia física que los vincule con algún delito, solo por denuncias anónimas, incluso en redes sociales. Lo más grave, y que creo que la mayoría de la gente no sabe, es que en estos dos años no ha habido una sola condena en contra de uno de los adultos. Las únicas condenas han sido contra menores de edad.

CAMBIO: ¿Es un encarcelamiento masivo?

J.G.: Sí. Han detenido a más de 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes, sin condenas. Es decir, es un sistema de encarcelamiento masivo, sin evidencia y sin juicios. Ni siquiera es un proceso de mano dura en el juzgamiento, sino simplemente encarcelamiento masivo. Esto va de la mano de un sistema de cooptación de los poderes.

CAMBIO: ¿Qué ha pasado con esos niños detenidos en El Salvador?

J.G.: Hemos documentado casos en los que han sido víctimas de torturas y malos tratos. Muchos de esos menores de edad habían logrado escapar del intento de reclutamiento forzado por pandillas y ahora terminan siendo reprimidos a manos del gobierno de Bukele.

CAMBIO: Volviendo a Venezuela, ¿esta situación lleva a que aumente la migración, y que la gente prefiera huir, por ejemplo, hacia Colombia?

J.G.: La semana pasada estuve en Turbo y en Necoclí y pude ver un fenómeno muy triste: familias venezolanas que llevaban viviendo en Colombia años, en algunos casos cuatro o cinco años, habían logrado establecerse aquí, tener un pequeño negocio, un empleo o a sus hijos estudiando. Ante la esperanza de un cambio en Venezuela, vendieron todo en Colombia y regresaron a su país a votar, con la ilusión de un cambio. Luego de todo lo que sucedió, se quedaron sin nada y salieron otra vez. En este momento están tratando de migrar a través del Tapón del Darién, que es una selva extremadamente peligrosa.

CAMBIO: ¿Qué vio en el Tapón del Darién?

J.G.: Es un territorio donde hay gravísimas violaciones a los derechos humanos. Allí hay hurtos, homicidios y violencia sexual. Siento una profunda desesperanza al ver a esas personas que creyeron en una pequeña ventana de oportunidad, a la que apostaron, y ahora todo se desvanece.

CAMBIO: A propósito, acaban ustedes de publicar un nuevo informe del Tapón del Darién. ¿Qué dice?

J.G.: Es el tercero de una serie de informes sobre el Darién y básicamente muestra un incremento en el número de personas cruzando por allí. En los últimos 18 meses, ya hay más de 700.000 personas que han cruzado a través del Darién, que es una selva impenetrable, y que tienen distintos orígenes y nacionalidades. Lo que vimos, además de manera palpable, es que el Estado colombiano no controla ese territorio.

CAMBIO: ¿Entonces quién?

J.G.: Claramente es el Clan del Golfo. A lo largo de todo el tiempo que estuve allí, no vi a un policía ni a un militar custodiando. Allí no hay Estado de derecho, sino que los migrantes están a merced del crimen organizado. En la actualidad, el Clan del Golfo regula las rutas habilitadas para migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede ayudarlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece “normas de conducta”, que a veces hace cumplir mediante violencia, tanto para la población local como para los migrantes.

CAMBIO: Ante esta denuncia, ¿qué respuesta han recibido?

J.G.: La respuesta que recibimos del Gobierno es que van a incorporar este tema en la negociación con el Clan del Golfo, y eso es sumamente preocupante porque, una vez más, es la capitulación del Estado ante un grupo criminal.

CAMBIO: Con todo esto, ¿cómo le parece a usted la respuesta del presidente Gustavo Petro frente a lo que está pasando en Venezuela?

J.G.: El presidente Petro, junto con los presidentes Lula, de Brasil, y López Obrador, de México, han venido tratando de buscar un camino diplomático. Nosotros hemos insistido en que es importante que ese camino diplomático exista, pero nos preocupan algunas de sus propuestas, particularmente nos preocupó la de repetir las elecciones.

CAMBIO: ¿Por qué?

J.G.: Porque es una burla al derecho que tienen los venezolanos y venezolanas a que sus votos sean contados, a que haya un escrutinio transparente y elecciones libres y justas. En ese sentido, nos parece que esa propuesta es muy desafortunada. Nos preocupó también la propuesta de confiar en las instituciones venezolanas para que resuelvan la situación. El Tribunal Supremo venezolano es un órgano absolutamente cooptado, no de ahora, sino desde antes, y no hay independencia judicial. Nos preocupó también la propuesta de otorgar una amnistía general, tanto a nivel nacional como internacional. En el caso de Venezuela, lo ha dicho la misión de establecimiento de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra: se han cometido crímenes de lesa humanidad, como tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

CAMBIO: Pero, ¿qué camino tomar?

J.G.: Debe haber un acuerdo de transición hacia la democracia. Podría haber componentes de justicia transicional, pero eso es muy distinto a pensar que simplemente habrá un borrón y cuenta nueva para crímenes tan graves que se han cometido y que se siguen cometiendo hoy en Venezuela.

CAMBIO: ¿El gobierno del presidente Petro insiste en tener ese canal para buscar una salida a la crisis?

J.G.: Es muy importante que exista ese canal diplomático, pero debe ejercerse sobre la base del respeto por el derecho internacional y los derechos humanos.