Gustavo Petro rompió su promesa y anunció papeleta para convocar una constituyente: ¿por qué no puede usar ese mecanismo?

Cuando Gustavo Petro aspiraba a la Presidencia, amplios sectores de la sociedad desconfiaban de su palabra y temían que, si ganaba las elecciones, tomaría una deriva autoritaria –a semejanza de Venezuela–. Para despejar dudas, hizo una promesa solemne, grabada en mármol, que acaba de incumplir: “No convocaré a una asamblea constituyente”.

Este viernes, Petro celebró la conciliación en el Congreso del texto de la reforma laboral y, con ello, afirmó que desistirá de convocar a la consulta popular mediante el ‘decretazo’. Sin embargo, fue más allá y anunció una papeleta para convocar a la ciudadanía a un proceso de asamblea constituyente.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria”, declaró, para tranquilidad de muchos.

Sin embargo, el país político no alcanzó a tomar oxígeno cuando sentenció: “El constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia. Creo que es necesaria esa convocatoria; la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”.

“El pueblo ha visto en directo quiénes están con él, quiénes lo abofetean y condenan, quiénes prohíben que hable. Ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey: en las urnas”.

“Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”.

¡El 'decretazo' ha muerto, viva la constituyente!

De este modo, cuando el país apenas comenzaba a superar una inédita etapa de tensión política tras el 'decretazo', enfrenta ahora una nueva –y más sonora– situación de consecuencias imprevisibles.

En el fondo, lo que busca Petro de forma maniquea es reducir el debate público a la simple fórmula del sí o el no. Esta reconducción del debate a una opción binaria no solo excluye las verdaderas necesidades del país (seguridad, orden público, crisis fiscal, crisis energética, corrupción), sino que también distrae de cualquier posición crítica frente a las fallas y fracasos del Gobierno. 

Para eso, Petro busca replicar el ejemplo de la séptima papeleta promovida por los jóvenes a principios de los noventa, aunque la situación actual es muy distinta.

Esta es la historia. A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, también muchos creían que no había salidas, pero la situación era más dramática y violenta. Asesinaron a cuatro candidatos presidenciales –Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán–, el cartel de Medellín explotaba aviones, edificios, periódicos, y Pablo Escobar pagaba un millón de pesos por cada policía muerto.

Las personas iban por la calle y se cambiaban de acera al ver un carro estacionado por temor a que fuera un carrobomba. Hubo noches en las que nadie salía a la calle por temor y la gente dudaba si se tomaba un vaso de agua porque corría el rumor de que el cartel de Medellín había envenenado los acueductos.

Colombia, al filo del abismo

Colombia, en varios estudios académicos, fue considerada un Estado fallido. Sin embargo, el movimiento estudiantil encendió una luz e iluminó el camino: redactar una nueva carta magna y demostrarles a los violentos que las leyes eran herramientas más formidables que las bombas y las balas.

De hecho, esa carta creó una arquitectura institucional que hoy permite salidas jurídicas para hacer los avances sociales que reclama el presidente, como lo acaba de demostrar él mismo al celebrar la aprobación de la reforma laboral.

Antonio Navarro Wolff, uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución vigente desde 1991, ha contado cómo era vivir en aquellos tiempos aciagos:

“A finales de los ochenta había una situación de violencia exacerbada: el aniquilamiento de la Unión Patriótica, atentados, asesinatos de abogados, políticos, policías”. Eran tiempos en los que el país creía que no iba a volver a ver el amanecer del día siguiente.

En ese momento, las herramientas legales resultaban insuficientes: “Teníamos una Constitución antigua, la de 1886, que cumplía ya 104 años. Además, había sido el resultado de una guerra civil entre el Partido Liberal y el Conservador. No era una Constitución de consenso, sino de quienes ganaron la guerra civil previa a 1886”, recuerda Navarro.

En ese contexto de crisis soplaron vientos de acuerdos: “Coincidió con un proceso de paz que desarmó al M-19, al cual yo pertenecía. En 1989 se negoció en contra de la opinión de muchísima gente; salió adelante y se firmó la paz el 9 de marzo de 1990. Ahí comenzó un proceso de consensos nacionales que abrieron paso a la Constitución de 1991”.

La hora de los consensos

En efecto, hubo un acuerdo ciudadano, un consenso político, después uno institucional y, finalmente, uno en el funcionamiento de la Asamblea.

En este proceso los jóvenes fueron protagonistas: “Con el asesinato de Galán –18 de agosto de 1989– comenzaron una serie de movimientos estudiantiles que, de manera totalmente pacífica, impulsaron la idea de que Colombia necesitaba una asamblea constituyente para hacer una nueva Constitución. Lograron el respaldo de sectores académicos, de los medios de comunicación y de la opinión pública, hasta que lo consiguieron”.

Ese deseo de escuchar los argumentos del otro y de buscar un solo camino era tal que Navarro compartió la presidencia de la Constituyente con Álvaro Gómez Hurtado, a quien muy poco tiempo atrás el M-19 –la organización en la que él era uno de sus comandantes– mantuvo secuestrado y encadenado en un hueco.

Sin embargo, ambos se dieron la mano. “Fue increíblemente afortunado y cordial. Hay una cosa que se llama química entre las personas, y la verdad hubo química desde el primer momento en que nos sentamos en la sala de una casa, aquí en Bogotá, que nos prestaron para conversar una tarde”, ha recordado Navarro.

“Es increíble que, con visiones tan opuestas del país y una historia tan difícil que habíamos vivido ambos, sintiéramos la necesidad de la reconciliación, de dar un paso adelante, de hacer por Colombia algo que valiera la pena. Y eso fue la nueva Constitución que hicimos. Fue un hecho extraordinariamente positivo e importante”, cuenta.

Todos ponen 

A ese espíritu de fraternidad se sumó todo el país. Así, por ejemplo, fue conmovedor que los periódicos insertaran en sus ediciones el voto para convocar a una constituyente. La gente lo recortaba e iba a las urnas con él debajo del brazo.

Humberto de la Calle Lombana, quien instaló la Asamblea Constituyente en su condición de ministro del Interior, recuerda esos días: “El Gobierno aceptó que se contaran las papeletas que, de manera espontánea, muchos colombianos quisieron depositar en las urnas. No fue algo inventado por el Gobierno”.

Para él, hoy hay una diferencia enorme. “Lo esencial es esto: en 1991 la idea era buscar consensos, tal como ocurrió en la configuración inédita de la Constituyente. Ahora lo que se busca es lo contrario: llevar a cabo una campaña”.

“La Constitución de 1991 es tan progresista porque surgió de un gran consenso. Ese fue el elemento sobre el que se hizo. El Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, que eran dos extremos, se sentaron hasta encontrar puntos comunes”, dice Fernando Carrillo, uno de los impulsores del movimiento de la séptima papeleta. 

Por aquella época él era un muchacho que, como miles, entendió que los bárbaros no podían destruir el país y que se les debía dar una respuesta inteligente y pacífica. 

Y la diferencia actual con aquella época es que el mismo texto de la Carta Magna dejó consignado cómo hacer para convocar una nueva constituyente: a través de una decisión del Congreso, no de una papeleta como propone Petro.

Se requiere el visto bueno del Congreso

“Para convocar a una Asamblea Constituyente se requiere una ley con mayorías absolutas de Cámara y Senado que establezca la composición, el periodo y el tema que va a abordar la Constituyente”, subraya el constitucionalista Juan Manuel Charry.

“La única forma de convocar esa Asamblea Nacional Constituyente, así provenga de una iniciativa popular, es a través del Congreso de la República, que debe expedir una ley aprobatoria y someterla al control constitucional automático y previo de la Corte Constitucional”, insiste el abogado Germán Calderón.

Por eso, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez pide que alguien haga caer en cuenta del error a Petro. “No sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el año 2025, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional. No hay ninguna posibilidad de hacerlo sin que medie una ley del Congreso”. Congreso que, con excepción de los militantes del Pacto Histórico, este mismo viernes le dijeron al presidente que se olvide de tamaño despropósito.

Entre los parlamentarios de más edad, recuerdan los momentos diametralmente opuestos de la Colombia de hoy a la de los tiempos del ruido. La analista María Jimena Escandón señala que no es comparable, porque lo que pasó en 1991 con la séptima papeleta no fue un mecanismo legal para convocar una constituyente.

“Fue una manifestación simbólica, sin valor jurídico”, dice, y anota que la Asamblea Nacional Constituyente surgió de un decreto expedido por el presidente de la república en el marco del ‘Estado de Sitio’ establecido en el artículo 121 de la Constitución de 1886 y ratificado posteriormente por el Consejo de Estado.

“Esa Asamblea Nacional –en la que no participó el presidente actual– nos dejó la carta de 1991, que reguló los mecanismos para convocar una nueva asamblea nacional. Esa misma Constitución eliminó la figura del Estado de Sitio”, dice ella.

No a la improvisación 

Mientras tanto, el analista Gabriel Cifuentes anota que “un proceso constituyente no puede desarrollarse de manera improvisada ni arbitraria. Acudir a la retórica del poder soberano o del ‘pueblo’ es una ficción inducida que solo justifica la abierta arbitrariedad de pretender pasarse por alto la Constitución y las instituciones”.

Para este experto, hay dos puntos a considerar:

1. La consulta es jurídicamente inviable. A diferencia de la Constitución de 1886, la de 1991 tiene previstos los mecanismos para la reforma constitucional. La Asamblea Nacional debe ser convocada por el Congreso, con revisión previa de la Corte Constitucional, llamado a las urnas y cumplimiento de un umbral mínimo, para luego sí poder convocar a los asambleístas.

“En 1989, gracias a un decreto y a la revisión de la sala constitucional de la Corte Suprema, se avaló el conteo y registro de la famosa séptima papeleta. Sin embargo, hoy sería impensable que por “orden presidencial” se incluya una papeleta adicional cuya validez y conteo –por demás irregular– debería pasar por el filtro de la Registraduría y en todo caso surtir todo el trámite previsto. La teoría de los ocho millones de firmas es un despropósito, pues extiende una disposición de la Ley 1757 de 2015 que solo aplica para el orden local”, explica. 

2. Es inconveniente. En 1989, el país, además de tener una Constitución inflexible, no contaba con los mecanismos para sortear la crisis política, social y de orden público. La sociedad se organizó –incluso saltando las disposiciones constitucionales del momento, pero con el respaldo del Ejecutivo y la Rama Judicial– en un acto de comunión.

“Una constituyente en estos momentos solo incrementaría los niveles de polarización y fractura social. El peor enemigo hoy es la división, polarización y radicalización”, dice.

La patria boba

En conclusión, es una estrategia política cuestionable y cuyos resultados distan bastante de lo que querían los ciudadanos cuando le entregaron el poder a Petro con la promesa de cambio.

Al contrario, es probable que en adelante haya mucho ruido, se discuta bastante, se enfrenten las posiciones, pero que al final todo quede en esa etapa que en la historia del país se conoce como una ya vivida a principios de 1800: la patria boba.

Para Fabio Zambrano, historiador y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, lo que está haciendo Petro es crear deliberadamente una nueva 'patria boba' para luego presentarse como el “salvador del desorden”.