¿Podrá Galán imponer seguridad en Bogotá sin una policía local, como propone Claudia López?

En septiembre pasado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló durante una audiencia pública que discutía un proyecto de acto legislativo para la creación de policías locales en ciudades de más de dos millones de habitantes. 

“Un cuerpo de agentes para las ciudades de más de dos millones de habitantes adicional a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, especializado en atender las demandas de seguridad particulares que se presentan en las grandes ciudades del país", aseguró la alcaldesa.

Para la saliente burgomaestre de la capital, la ciudad tiene el menor número de policías en su historia desde 2016. Por ello, la propuesta busca reclutar personas que conformarán la Policía local para ayudar a la Nacional.
 
“La Policía local atendería, de forma especializada, las conductas contrarias a la convivencia y la persecución de los delitos de menor lesividad, pero de alto impacto para la seguridad ciudadana en el ámbito de su jurisdicción, como hurtos, violencia intrafamiliar, lesiones personales, delitos sexuales, entre otros”, enfatizó López.

Los integrantes de esta policía estarían entrenados y armados, pagados con presupuesto ciento por ciento de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sus prioridades, su operación y su comandante en jefe sería el alcalde mayor y a nivel nacional el presidente de la república, seguirá siendo el comandante supremo de toda la fuerza pública.

El tema de la seguridad fue una de las principales banderas durante la campaña del nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: "Solo con atacar al ladrón, al sicario o al fletero no estamos acabando el problema de inseguridad porque hacen parte de una pieza del engranaje, lo que requiere mayor inteligencia y tener más policías para acabar con toda la organización". 

Actualmente la ciudad cuenta con cerca de 17.000 policías, cifra que para Galán no es suficiente, que por el tamaño de Bogotá y los retos que se propone deberían ser más de 24.000 uniformados, pidiendo más apoyo del Gobierno Nacional y sacando a las calles a quienes actualmente realizan labores administrativas.

La tarea para el nuevo alcalde debe estar fortalecida con mejores sistemas de información de los delitos y violencia en la ciudad, facilitando la denuncia ciudadana y un acompañamiento a las víctimas para lograr la judicialización del delincuente.

Falla del modelo 

El exsubdirector de la Policía general retirado Héctor Darío Castro afirma que Colombia ya conoció el modelo de Policía local entre 1891 hasta el año 1953, tiempo donde ocurrió el enfrentamiento más sangriento que ha tenido el país, entre liberales y conservadores en la famosa Guerra de los Mil Días. “La Policía fue utilizada, manipulada y vestida de odio para ganar la guerra a favor de uno de los partidos, lo que llevó a nacionalizar la policía”.

En opinión del presidente de la  Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), general retirado Guillermo León, la propuesta no es viable: “Las policías departamentales y municipales solo funcionan y en forma relativa, en algunos países como Estados Unidos, Canadá y Europa, donde las administraciones federales son eficientes, transparentes y respetuosas de los principios constitucionales en materia de seguridad y justicia. En países en vía de desarrollo, como es el caso de México, los uniformados municipales son mediocres, su educación es pobre y están altamente politizadas. En algunos casos están al servicio de mafias del narcotráfico y más que cuerpos policiales son aparatos armados al servicio de un patrón que las maneja bajo su libre albedrío”.

Esa opinión que es apoyada por Óscar Paredes, experto en seguridad, al afirmar que la gran mayoría de los policías locales no son buenos, no son profesionales y pueden ser permeados por la corrupción: “parecen guardias pretorianas de los alcaldes, antes que policías para defender a los ciudadanos”.

Por otra parte, indica que se debe contar con una infraestructura, logística y en especial dinero que ya está centralizado en la Policía Nacional. Esos costos hoy no se están valorando.

Propuesta en contravía

Para el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia Acore, general Guillermo León, si esta propuesta es aprobada, sería un grave retroceso, pues si bien aún hay problemas que deben solucionarse, la Policía Nacional es sólida, profesional y obedece a un único sistema compacto y coherente que rige su marco legal, administrativo y operativo.

“Se pueden presentar dificultades para asignar responsabilidades y competencias. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, puede ocurrir que un policía local no lo tome porque no hace parte de su jurisdicción, entonces las personas afectadas tendrían que ir a buscar a la Policía Nacional. Son cosas que no se pueden improvisar”, asegura el general León.

De igual manera piensa el general Castro, al asegurar que se deben tener muy bien determinados los roles y las tareas que van a cumplir, si realmente se va a sacar la Policía Nacional de las ciudades, lo que podría llevar a un aumento de los casos de inseguridad.

En opinión de Óscar Paredes, puede presentarse un corto circuito porque ciertos delitos serían prevenidos por la policía local y otros serían por la nacional, en donde al final el ciudadano tendría que ir de un lado a otro para que se le haga justicia.

Problemas con la justicia 

Para el general retirado Castro, el problema de la inseguridad no es solo por la falta de uniformados, porque, en su parecer, la Policía actúa en la mayoría de los casos con eficacia al poner a los capturados en manos de la justicia.

“La Policía realiza operativos para desvertebrar bandas delincuenciales, y la gente se queja porque los vuelve a ver ocho o diez días después en las mismas partes. Esto desmotiva a los uniformados”, enfatiza el general Castro.

Esa dificultad es apoyada por Paredes, al señalar que la ley está favoreciendo en gran medida al delincuente que es dejado libre por cometer un delito menor, que en la realidad es el que más afecta a los ciudadanos: “las personas no pueden ir a ninguna parte, porque a la salida le pueden roban un celular, cuyo costo es de uno hasta cinco millones de pesos, que por ser de menor cuantía para la ley, el delincuente tiene todos los beneficios. Entonces hay que mirar esa situación para atacar la criminalidad”.

Para el presidente de Acore, no se puede seguir improvisando, porque los delincuentes están aprovechándose de la situación. La prioridad, en su parecer, es solucionar el tema del número de uniformados que requieren las ciudades, aprovechando la infraestructura y la experiencia que ya tiene la Policía Nacional: “Lo que hay que hacer es realizar convenios interactivos para que la Policía crezca en su estructura para atender las necesidades de seguridad en la ciudades”.