"Presidente se comprometió a reducir el presupuesto para la compra de armamento menos letal": Temblores

La ONG Temblores, que se enfoca en acompañar a víctimas de violencia sexual, homicida y física por parte de fuerzas del Estado, presentó un nuevo informe al Gobierno de Gustavo Petro en el que le piden que garantice tres medidas básicas para frenar el abuso policial. 

Además de las tres peticiones –que son modificar el modelo y uso de los CAI, restringir la compra de armamentos menos letales y frenar la persecución policial a usuarios de la dosis personal–, la ONG presentó las cifras de impunidad que se sostienen desde 2015. 

Aseguran que un cambio en el modelo de funcionamiento policial es más que urgente. 

Las cifras de impunidad 

Dentro de las denuncias recolectadas, Temblores encontró que desde 2015, hasta 2020,  ocurrieron 974 homicidios cometidos por la fuerza pública. De esos 974 homicidios, solo 90 han tenido sentencia condenatoria, la mayoría han sido archivados y otra buena parte continúan en etapa de indagación. 

Por otra parte, de más de 7.300 denuncias por violencia física, hay únicamente 93 sentencias condenatorias. Finalmente, de 948 denuncias por violencia sexual, solo 47 tienen sentencia. 

A la vez, presentaron el Reporte Grita!, que reúne las denuncias de los primeros tres meses de 2023. Allí encontraron que han ocurrido cuatro homicidios, 30 hechos de violencia física, dos de violencia sexual y una mutilación ocular, además de dos hechos de tortura. 

Para la organización, todos estos son hechos que continúan demostrando un funcionamiento deficiente y lleno de impunidad que ha derivado en que aún no existan garantías dadas a la ciudadanía en su relación con la fuerza pública, principalmente con la Policía Nacional. 

Por esto, extendieron tres peticiones al presidente Petro, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, al ministro de Justicia, Néstor Osuna, y al nuevo director de la Policía, el general Salamanca. 

La primera petición fue replantear el uso y la estructura física de los CAI, pues dada la privacidad que permiten tener, este es el lugar en el que ocurren la mayoría de violencia física y sexual en estos espacios: “Durante 2017, 2018 y 2019 se registraron 2.563 casos de violencia física en los que la víctima se encontraba reducida y bajo custodia de la Policía. Es por esta razón que le solicitamos una profunda transformación en el modelo de vigilancia basado en el principio de transparencia del actuar policial”.

La segunda petición fue que se deje de perseguir a los usuarios de la dosis personal, dado que portarla es legal, pero este continúa siendo uno de los principales comparendos impuestos por los uniformados: “Entre los años 2017 y 2019, la Policía interpuso 208.183 comparendos por porte de sustancias en el espacio público a nivel nacional”.

De estos comparendos el 87 por ciento fueron puestos a personas que portaban entre uno y 20 gramos de marihuana. Más del 50 por ciento fueron personas que portaban un gramo de marihuana. Por esto, solicitaron al presidente que se respete el consumo público, acorde a lo determinado por la sentencia C-127 DE 2023 de la Corte Constitucional –una sentencia que establece en cuáles lugares sí y en cuáles no se puede consumir marihuana de uso recreativo–. 

Finalmente, la tercera petición presentada por Temblores es que se reduzca la compra del armamento de mejor letalidad, utilizado por el Esmad durante la contención de manifestaciones, pues es con este armamento que durante el estallido social de 2021 más de 100 personas sufrieron mutilaciones oculares. 

Solicitaron que no se compre más este tipo de armamento y que se limite a su mínima expresión el uso de otros armamentos que, también, han sido responsables de lesiones físicas para los manifestantes. 

Alejandro Lanz, codirector de Temblores, aseguró que lograron llegar a un compromiso: “El presidente se comprometió a reducir el presupuesto para la compra de armamento menos letal. Desde Temblores seguimos insistiendo en que estos recursos sean reinvertidos en la reparación de las víctimas de traumas oculares”. 

Un llamado de atención a la Fiscalía

El informe presentado también incluye una serie de situaciones que involucran a la Fiscalía. De acuerdo con la información presentada, la Fiscalía es responsable de buena parte de la impunidad que rodea a estos casos. Por ello, solicitaron al fiscal Barbosa que les permita presentarle el informe, pues se ha negado a hacerlo hasta el momento. 

Los expedientes penales de los casos que involucran a uniformados de la fuerza pública están marcados por un bajo seguimiento a los casos, cambios sistemáticos dentro de la Fiscalía sin que se le notifique a las víctimas, procesos siendo archivados sin ninguna justificación, traslado de los expedientes a la Justicia Penal Militar sin que tampoco exista una certeza de por qué ocurre, y una mala tipificación de los delitos cometidos por uniformados. 

Esto último es especialmente complejo pues, para la Organización: “Los Fiscales no aplican los tipos penales correspondientes a los hechos denunciados por las víctimas y, así, terminan siendo cobijadas con el manto de ‘actos del servicio’ gravísimas violaciones a los derechos humanos”.