¿Cuál es el problema de fondo en la crisis financiera de la Universidad de Antioquia?

La Universidad de Antioquia (UdeA), que es la segunda institución pública más importante del país —según el World University Rankings— y tiene más de 200 años de historia, sigue buscando los caminos para salir de la crisis financiera que atraviesa y que se ha acentuado en los últimos años. 

Desde que comenzaron las primeras alertas, la UdeA pidió ayuda y buscó soluciones al problema financiero que —según docentes consultados por CAMBIO— pueden terminar por afectar la calidad educativa. 

Con ese propósito, la comunidad ha convocado asambleas, el ministro de Educación ha propuesto reuniones, la bancada antioqueña en el Congreso ha hecho propuestas y este 19 de noviembre se reunieron el rector y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para abordar la problemática y ver las propuestas que estaban sobre la mesa.  

Pero, ¿de dónde viene la crisis y quién tiene la culpa? 

De acuerdo con el rector de la UdeA, congresistas y expertos, la culpa es principalmente de la Ley 30 de 1992. ¿Por qué? Los artículos 86 y 87 de esa norma establecen la financiación de las universidades públicas. El problema es que lo hace utilizando como base los aportes de 1993. 

Pero los gastos de estas instituciones son mucho mayores que los recursos que les ingresa. Por simple sentido común, si se gasta más de lo que se recibe, se genera una desfinanciación y eso es lo que está pasando en la UdeA. 

Para el rector de institución, en 1992 los recursos sí alcanzaban para cubrir el 90 por ciento de los gastos de funcionamiento, porque en esa época la institución tenía 17.000 estudiantes. Además, no hacían investigación y tampoco tenían regionalización. Hoy, la universidad tiene 36.000 estudiantes, una amplía oferta académica, de investigación y nueve sedes repartidas en varios municipios de Antioquia.

No es menor que la UdeA, por ejemplo, ya acumula una desfinanciación de 340.000 millones de pesos, según le dijo a CAMBIO el rector John Jairo Arboleda. Además, en septiembre de este año necesitaban al menos 136.000 millones de pesos para terminar la operación de 2024.

Si bien el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró en noviembre que habían logrado un crédito de tesorería de 90.000 millones de pesos; miembros de la comunidad universitaria alertaron que los créditos no solucionan de fondo el problema. 

Entonces, es claro que hay un problema de fondo y que —según expertos— la solución debe enfocarse en aumentar los recursos que las instituciones públicas reciben por parte de la nación. 

• ‘La situación financiera no significa que cesarán las actividades’: rector de la Universidad de Antioquia

Las otras responsabilidades en la crisis: el tira y afloja político

Sin embargo, otras voces dicen que en la crisis también hay responsabilidad por parte de los entes territoriales. Incluso, el mismo ministro de Educación, Daniel Rojas, hace referencia al tema. 

De acuerdo con el jefe de la cartera, las transferencias de la nación a la UdeA han aumentado en la administración de Gustavo Petro. “En 2023 las transferencias de la nación a la Universidad aumentaron a 552.727 millones de pesos y en 2024 a 619.399 millones; con incrementos del 19 y 33 por ciento, respectivamente, frente a la vigencia 2022”, detalló. 

Rojas agregó que esos aumentos se deben, principalmente, a la asignación de recursos adicionales para fortalecer los presupuestos de funcionamiento e inversión, “transferencias que en 2023 llegaron a 35.253 millones y que en 2024 ya alcanzan los 33.020 millones. Una inversión sin precedentes en los últimos años y que representa un incremento del 50 y 40 por ciento con respecto a la vigencia 2022”.

Rojas detalló que a diferencia del Gobierno, los entes territoriales han disminuido su participación. “El gobierno departamental de Antioquia ha disminuido la contratación con la Universidad y en términos reales las transferencias también, por concepto de base presupuestal para la vigencia 2024 fueron girados aproximadamente 56.000 millones, es decir menos del 10 por ciento de la base que el Gobierno asume”, aseguró. 

Voces al interior de la misma universidad también critican la participación de la Alcaldía de Medellín. Si bien no tiene la obligación directa de aportar —según el alcalde Federico Gutiérrez—, los docentes piden mayores aportes, porque cerca del 60 por ciento de los estudiantes de la UdeA son de la capital antioqueña. 

Los caminos para salir de la crisis: participación de entes territoriales mientras se reforma la Ley 30

Entre las soluciones que se han propuesto hay algunas que no han calado muy bien entre la comunidad universitaria. Como lo contó CAMBIO en septiembre, los profesores estaban inconformes con una propuesta que hizo Mauricio Alviar, secretario de Educación de la gobernación del departamento. Consistía en reducir la hora cátedra por fondos generales.

Además, se han tomado varios créditos de tesorería, que si bien dan solvencia inmediata, son deudas que se tienen que pagar. Es decir, no son soluciones de fondo. 

Esta semana, luego de la reunión entre el alcalde de Medellín y el rector de la institución, se abordaron las responsabilidades de cada entidad y, en los próximos días, van a seguir teniendo reuniones para llegar a ofrecer soluciones en conjunto. 

Entre las propuestas que la universidad le presentó a la Alcaldía están: contribuciones en el marco del impuesto predial, manejo particular de las tarifas de servicios públicos, entre otras. 

Y, por otra vía, desde la bancada antioqueña en el Congreso vienen haciendo una serie de recomendaciones para el Gobierno, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. 

Para el Gobierno, la bancada propone medidas como el reconocimiento de los recursos invertidos en regionalización en municipios PDET, actualización del cálculo actuarial del pago pensional y aumento de la frecuencia de pagos. También, acceso o a créditos blandos por parte de la Nación, buscar otras fuentes de financiación para la educación pública y garantizar los recursos correspondientes a los cinco puntos adicionales al IPC.  

Para la Gobernación, los congresistas recomiendan: financiación con el IPC más cinco, que es una medida que viene implementando el Gobierno; y sugieren una devolución del recaudo del impuesto Especial por Obras.  

Por último, la bancada dice que la Alcaldía de Medellín podría aportar a mejorar la situación financiera de la UdeA si hace: una inversión a la base presupuestal, permite una exención del impuesto predial de la universidad y crea una tarifa diferencial para el pago de servicios públicos. 

Por otro lado, en el Congreso sigue su trámite el proyecto de ley que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que le apuestan a mejorar los recursos que llegan a las instituciones públicas. Esto, para limitar la desfinanciación que se viene acumulando.

Para muchos, esta es una de las soluciones de fondo, pero como bien lo dijo el representante Daniel Carvalho, esta apuesta toma tiempo: el trámite en el Congreso, la sanción presidencial y su puesta en marcha. Por eso, mientras se logra, es necesario que el Gobierno y los entes territoriales “sumen acciones para mejorar la situación”. Todos han dicho que sí están dispuestos. Pero, ¿qué se va a poner en marcha?