Imagen aérea de la explotación minera denunciada por habitantes de Toluviejo.
Crédito: Cortesía
La Procuraduría pidió a la Alcaldía de Toluviejo intervenir la minería ilegal en el cerro La Mena
La acción administrativa se da en respuesta a la investigación publicada por CAMBIO, en la que la comunidad denunció la explotación ilegal y la afectación ambiental en esta zona del municipio de Sucre.
Por: Rainiero Patiño M.
La Procuraduría le pidió a la Alcaldía del municipio de Toluviejo, en Sucre, tomar acciones inmediatas en contra de la explotación minera ilegal registrada en las inmediaciones del cerro La Mena, que ha sido denunciada por la comunidad y publicada en una investigación de CAMBIO.
En la publicación, habitantes de Toluviejo denuncian que "un proyecto de venta de lotes se está usando como fachada para extraer materiales". Y el exalcalde de Sincelejo Jacobo Quessep, señalado de hacer parte del negocio, negó cualquier vínculo y dijo que detrás de los señalamientos están los terratenientes mineros, quienes no quieren que los mineros artesanales se formalicen.
La petición a la Alcaldía del municipio fue enviada por Gloria del Socorro Flórez, procuradora 19 Judicial Ambiental y Agraria, quien, en representación del Ministerio Público, alertó a la administración municipal de la posible afectación ambiental y solicitó información y acciones concretas.
La solicitud, según la procuradora Flórez, fue hecha en atención a las reiteradas denuncias respecto a la extracción clandestina de piedra caliza en La Mena, ubicada en el margen izquierdo de la vía Sincelejo -Toluviejo, como lo develó el artículo de CAMBIO.
“Según informaciones a través de medios de comunicación y denuncias comunitarias, la explotación minera ilegal ha estado en curso por al menos cuatro años sin que se observe una respuesta contundente por parte de las autoridades responsables. (...)Y la actividad no cuenta con los títulos mineros ni la licencia ambiental requerida, lo que ha derivado en un impacto ambiental significativo que amenaza la biodiversidad y la estabilidad ecológica del cerro La Mena”, puntualizó la procuradora.
En su comunicación, Flórez hace referencia a las imágenes aéreas publicadas en el informe, que evidencian la magnitud del daño ambiental que se estaría causando, mostrando un cráter de gran extensión y la presencia constante de maquinaria pesada, como buldóceres, retroexcavadoras y volquetas de gran capacidad.
Según las denuncias de la comunidad, este proyecto inmobiliario tampoco contaría con licencia urbanística ni permisos ambientales, lo que indica una expansión incontrolada de las actividades mineras ilegales en áreas protegidas. La comunidad también ha vinculado estos hechos con el exalcalde de Sincelejo Jacobo Quessep, quien ha negado cualquier relación con la explotación minera, aunque han surgido evidencias que lo vincularían con el traslado de maquinaria a otros sectores mineros ilegales en Toluviejo.
El Ministerio Público señaló que a pesar de las reiteradas denuncias y la apertura del expediente N.º 623 en 2019, donde Carsucre, la autoridad ambiental departamental, decretó en 2023 el cese de actividades mineras ilegales y la tala de árboles en la zona, los denunciantes han manifestado que estas disposiciones no han sido cumplidas.
“La inacción de las autoridades locales y nacionales, incluida la Policía Nacional y la Alcaldía de Toluviejo, ha permitido la continuación de la explotación minera clandestina sin restricciones", destacó la procuradora.
La funcionaria de la entidad señaló que el daño ambiental en el cerro La Mena es preocupante, si se considera que la zona alberga flora y fauna de gran importancia para el equilibrio ecológico. Además, se refirió al impacto ambiental, causado.
“La explotación minera ilegal representa una pérdida económica para el Estado, ya que genera ingresos millonarios sin cumplir con las obligaciones tributarias y sin garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de explotación minera”, indicó.
La Procuraduría les recordó a las autoridades que, según la Constitución Política, es el alcalde quien debe exigir el cumplimiento de las normas ambientales y, como primera autoridad del municipio, puede ordenar a la Policía Nacional su aplicación.
Las solicitudes a la Alcaldía
La procuradora catalogó la situación como “grave”, por lo que pidió al actual alcalde cuatro acciones inmediatas. En primera medida, le pidió un informe detallado sobre las acciones emprendidas por la Alcaldía de Toluviejo para hacer cumplir la orden de cese de actividades decretada por Carsucre en 2023. Además, las medidas de control y seguimiento implementadas por su administración para prevenir y sancionar la extracción ilegal de recursos mineros en el municipio.
El Ministerio Público también solicitó a la Alcaldía hacer coordinar de manera interinstitucional con Carsucre y la Policía Nacional para garantizar la suspensión inmediata de las actividades en la explotación ilegal; garantizar la protección a los denunciantes ante las amenazas recibidas por parte de personas vinculadas a la explotación minera ilegal; y hacer un plan de acción municipal para la restauración ambiental del cerro La Mena y la mitigación del impacto ocasionado.
“Dado el grave impacto ambiental y social de esta situación, se requiere una respuesta formal en los términos legales establecidos, adjuntando los soportes documentales correspondientes”, agregó la procuradora.
