Profesión peligro: cinco profesores sindicalizados han sido asesinados este año

La noche del pasado 26 de marzo, cuatro hombres armados y encapuchados llegaron hasta la casa del profesor Roberto Mejía y tumbaron la puerta principal, en la vereda Juan y Medio, en zona rural del sur de Riohacha. Ya adentro, sacaron a la víctima de su cuarto y lo llevaron hasta el patio. Allí le dispararon en varias ocasiones.

Mejía, de 47 años, era docente de la Institución Educativa Sierra Nevada. Los asesinos también robaron las pertenencias a un familiar del profesor que se encontraba en la casa. Después, según relataron testigos, pasaron por un local comercial del pueblo a buscar a otra persona, pero no la encontraron.

El de Mejía fue el quinto homicidio de un docente en lo que va del año en el país. La trágica lista la completan Guillermo Otero, miembro del sindicato de educadores del Magdalena (Edumag); Eliécer Guevara, sindicalista de Aducesar; Efrén de Jesús Zapata Elorza, de Ademacor, y Luis Alfredo Leones, miembro de Sudeb.

El caso es uno más de la lista de asesinatos, atentados y amenazas ocurrido en contra de maestros pertenecientes a sindicatos en varias zonas del país. Esto ha convertido su profesión y su activismo en un trabajo muy peligroso, tanto para ellos como para sus familias, debido a la situación de orden público y a los conflictos generados por distintos grupos armados.

Juan y Medio está ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, una zona en la que se presentan disputas entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Estos hechos, según las comunidades, tienen a los líderes locales, entre estos los profesores, en riesgo inminente.

Roberto Mejía, apasionado por la geografía y la física, era hermano de Yohanis Mejía, una reconocida líder social de las comunidades negras en la zona, por lo que no se descartan móviles políticos o sociales en el crimen.

El caso de Luis Leones, otra de las víctimas, se conoció el sábado 20 de abril, cuando un hijo del profesor llegó hasta su casa, en el centro del municipio de San Jacinto (Bolívar), porque le extrañaba que durante largas horas no se había comunicado con nadie. Al ingresar a la vivienda, en compañía de un amigo, encontró el cuerpo de Luis con los pies atados y una venda en la boca.

Leones, quien era licenciado en ciencias sociales y abogado de profesión, trabajó como rector de la Institución Educativa León XIII por más de 25 años. En el municipio destacaron su labor como líder educativo, por su calidad humana y su compromiso con las tradiciones folclóricas de San Jacinto.

Como reacción a la muerte del profesor Leones, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, convocó un consejo de seguridad en San Jacinto para tratar de esclarecer el crimen. Al final, se ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes brinden información decisiva que conduzca a la captura de los responsables. Hasta ahora no hay respuestas.

El coronel Javier Lemus, comandante (e) de Policía de Bolívar, por su parte, dijo que hay dos hipótesis sobre el crimen y que en próximos días habría un pronunciamiento. Fuentes del municipio le dijeron a CAMBIO que, en las últimas horas, se determinó que habían sido hurtados algunos objetos de la casa de Leones, incluyendo un computador portátil y algunas joyas.

San Jacinto también está en una zona delicada de orden público. Según la Alerta Temprana 033 de 2022 de la Defensoría del Pueblo, en la subregión de Montes de María hay un riesgo significativo contra la población civil debido a la expansión territorial y presencia de diferentes actores armados al margen de la ley, teniendo como población en riesgo a los docentes.

Entre otras cosas, el documento recomendó a las autoridades nacionales y locales coordinar jornadas para la formulación y/o actualización de los Planes Integrales de Prevención del Reclutamiento y la Utilización Ilícita de niños, niñas y adolescentes, destinando los recursos necesarios para la protección de sus derechos y contemplar acciones que no generen riesgos adicionales sobre comunidades docentes y educativas.

Más casos

Otro de los casos recientes de ataques mortales contra docentes ocurrió en el municipio de Fundación, cuando el pasado 12 de marzo fue asesinado a bala Guillermo Otero Martínez, en la puerta de su casa. Otero fue atacado cuando regresaba después de su jornada laboral. Los asesinos aprovecharon que este se quedó un rato hablando con su esposa, mientras acomodaba su motocicleta.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) rechazó el asesinato y destacó que Otero se dedicó por más de 20 años a la docencia en la Institución Educativa Euclides Lizarazo, en el municipio de El Retén.

“Repudiamos este atentado y exigimos a las autoridades investigaciones prontas. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, a su comunidad y allegados. ¡No más violencia contra los docentes! La escuela es territorio de paz”, señaló el gremio de los maestros.

Para Fecode y Edumag, el sindicato de maestros, el caso de la seguridad en el Magdalena es un asunto de urgencia. Más allá de los crímenes, otros docentes han sido víctimas de atentados, amenazas e intimidaciones. En Ciénaga, por ejemplo, el profesor Juan Pablo Tofiño, docente en la institución educativa Carlos García Mayorca del corregimiento de Cordobita, fue atacado a bala; y el 7 de marzo hombres armados ingresaron a la Institución Rosa Cortina de Apure, en donde intimidaron a la comunidad educativa e indicaron que incidirían sobre el nombramiento de los profesores en la sede.

A la triste lista se sumó el nombre de Eliécer Guevara Rojas, cuyo cuerpo fue hallado el 25 de febrero, amordazado y sin vida en su casa de Valledupar de la cual fueron robados diferentes objetos. Guevara trabajaba en el Colegio Técnico La Esperanza de la capital del departamento del Cesar. Aunque las razones del crimen aparentan ser por motivos económicos, Fecode solicitó a las autoridades no descartar otras causas y señaló que este homicidio evidencia y eleva significativamente el riesgo que se puede generar contra otros docentes.

Esa misma semana, los cinco docentes de la Institución Educativa Técnico Empresarial del Norte de Casanare, sede Luis Carlos Galán Sarmiento, que funciona en la vereda Caño Chiquito del municipio de Paz de Ariporo, fueron amenazados con llamadas y mensajes intimidatorios por personas que se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, indicando información personal de cada docente. Los mismos autores de las llamadas manifestaron que uno de los docentes sería asesinado. Por estas amenazas se suspendieron todas las actividades.

Hace dos semanas, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) solicitó garantías de seguridad para que los docentes de la zona rural del municipio de Jamundí pudieran desarrollar su trabajo, ya que estos eran obligados a ingresar a zonas con fuertes alteraciones de orden público so pena de la apertura de procesos disciplinarios.

La racha de muertes de profesores se registra desde hace varios meses, y aunque en algunos casos no se trata de ataques directos, las muertes son consecuencia de su labor en esas zonas de alto riesgo.

Uno de los casos más recordados de 2023 fue el de la profesora Luz Estela Balanta, quien murió el 20 de septiembre a causa de una bomba puesta en la subestación de Policía del corregimiento de Timba en Buenos Aires, municipio caucano vecino a Jamundí. El grupo armado Estado Mayor Central se atribuyó el atentado por medio de un comunicado público. Días después, una bomba contra la Subestación de Policía del corregimiento Potrerito, en Jamundí, afectó gravemente la infraestructura de la IE Alfonso López Pumarejo.

Según el informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Fecode, entre 1986 y 2016, 990 profesores sindicalizados fueron asesinados en Colombia. Estas muertes hicieron parte de las, al menos, 6.119 violaciones de derechos contra los maestros, dentro de las que también figuran 3.170 amenazas, 78 desapariciones forzadas,1.549 desplazamientos, 124 detenciones arbitrarias, 89 hostigamientos, 40 secuestros, 22 casos de tortura, siete allanamientos ilegales y 49 atentados.

Ante los hechos recientes, Fecode se manifestó y señaló que que estas cifras muestran hechos de décadas, de persecución, estigmatización y violencia antisindical contra la federación. "Y que reclamamos que la escuela sea respetada por los actores del conflicto, y sea un territorio de paz. Además que se haga una reparación colectiva a las víctimas, se priorice y acredite a Fecode en este proceso de reparación", dijo Édgarr Romero, miembro del sindicato y encargado de temas de derechos humanos.