¿Qué hay en el fondo de las recurrentes mingas embera en Bogotá?

Rosa Edilia Santacaizal pela un puñado de papas pastusas con sus manos gruesas y cortas. Las coge una a una y las pasa por una pequeña taza de agua ya oscurecida por la tierra que sueltan al entrar en contacto con el líquido. Viste una blusa roja adornada por okamas, o collares, y una paruma verde que se confunde con el césped y que funciona como mesón improvisado de cocina y silla al mismo tiempo. Cada vez que habla, sonríe con los finos labios pintados también de rojo, pero las palabras en español se le dificultan: los artículos no concuerdan muchas veces, ni en el género ni el número, con los sustantivos o verbos que usa. Su lengua nativa es el embera chamí.

A un metro está sentada su familiar Delba Rosa y a dos pasos hay una pequeña estufa a gas medio cubierta con una bolsa negra, convertida en una barrera improvisada para evitar que el viento y la llovizna apaguen las llamas. Una olla de arroz blanco burbujea y el pollo, inánime, espera para ser despresado.

Las dos mujeres hacen parte de los más de 4.000 indígenas embera chamí que instalaron esta semana una minga en el edificio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y en los parqueaderos, pasillos y algunos otros edificios del Centro Administrativo Nacional (CAN), en el costado norte de la Avenida calle 26, en Bogotá.

La presencia de miembros del pueblo embera en la capital se ha vuelto frecuente desde hace varios años. En algunas esquinas se les ve vendiendo artesanías y caminando con sus pequeños hijos y, en otros casos, pidiendo limosna en las aceras. Este numeroso grupo que llegó al CAN proveniente de Risaralda no pertenece a las mismas comunidades que ocuparon el Parque Nacional hasta hace unos meses, como se especuló con su llegada. Ni lo hicieron por algún incumplimiento reciente del Gobierno nacional, según afirma su líder, Marco Fidel Gusarava, a quien todos reconocen como la autoridad principal o cabildo mayor de la movilización.

En los últimos años, las dos mingas más grandes realizadas por los embera en Bogotá tuvieron como punto de concentración el Parque Nacional. La primera ocurrió entre septiembre de 2021 y los últimos días de 2022, cuando se disolvió porque la mayoría regresó a sus resguardos. Unos meses después, otro grupo grande volvió a ocupar el parque y se quedaron allí hasta el pasado mes de septiembre, cuando firmaron acuerdos con el Gobierno 11 meses después de llegar a la ciudad. 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que está la mayoría de los embera en sus territorios, esta, seguramente, no será la última minga que organicen en la capital. Eso deja en el aire varias preguntas: ¿qué motiva que cada cierto tiempo un buen número de estos resguardos tenga que llegar hasta ciudades como Bogotá, Medellín o Cali para hacer sus reclamos?, ¿a qué se refieren cuando hablan de la deuda histórica del Estado?, y ¿quiénes son, de dónde vienen y cuál es su valor para Colombia?

Indígenas de territorio, gente de montaña

Las primeras 30 busetas que movilizaron a la minga liderada por Gusarava salieron de sus resguardos el pasado lunes 25 de noviembre por la tarde, y cada uno de los indígenas tuvo que pagar 160.000 pesos por el transporte.

Rosa Edilia y Delba Rosa llegaron al CAN a la una de la mañana del martes 26, en medio de un frío que, afirman, “daba ganas de llorar”. Ellas pertenecen al resguardo embera chamí del río San Juan, situado en una zona rural montañosa de Puerto Rico, Risaralda. Su grupo familiar es de 35 personas, quienes se acomodaron en diez carpas instaladas donde habitualmente parquean sus vehículos los funcionarios de entidades públicas del CAN.

El total de carpas era difícil de contar, al estar desparramadas a lo largo y ancho del complejo administrativo. Mientras las autoridades de los 18 cabildos presentes negociaban con los representantes del Gobierno nacional, los jóvenes caminaban distraídos o jugaban en sus teléfonos, mientras las mujeres se encargaban de la comida y los hombres de la organización. Los vendedores ambulantes aprovechaban la romería. Por todos lados estaban los miembros de la guardia indígena, con sus camisetas o pañoletas rojas y verdes, los bastones de mando y los radioteléfonos en su cintura. Eran los encargados de que las órdenes del cabildo mayor se cumplieran: por ejemplo, no se podía entrar, filmar o dar declaraciones, sin su permiso. Tal cual como ocurre en sus resguardos.

Embera significa “gente o ser humano” y chamí, “montaña o cordillera”. Los embera son un pueblo indígena constituido por cinco subgrupos dialectales: emberá dóbida, embera katío, embera eyábida, emberá chamí y los eperara siapidaara. Su población ronda las 300.000 personas, según datos del Dane de 2018, y están distribuidos en tres países. Cerca del 80 por ciento está en Colombia, el 21 por ciento en Panamá y una parte mínima en Ecuador.

En Colombia habitan 18 departamentos y 140 municipios, con 186 resguardos legalmente constituidos. Sin embargo, sus territorios tradicionales están en el Pacifico colombiano y su diseminación a otras regiones es consecuencia, en su gran mayoría, del conflicto armado.

Reconocido por su carácter de resistencia y organización, el embera o chocó, como era conocido desde la época de la colonia española, es uno de los pueblos más golpeados por el accionar de los grupos violentos. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 hasta mayo de 2024, 89.484 emberas habían sido afectados por hechos como confinamiento, desplazamiento, omisión del Estado y reclutamiento forzado. Los principales victimarios son los grupos paramilitares, así como grupos no identificados, disidencias de Farc y las propias Fuerzas Militares. Chocó, Antioquia, Bogotá, Córdoba, Valle del Cauca y Risaralda concentran la mayoría de las víctimas, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

En el mismo periodo, la Unidad para las Víctimas registró que la población embera ha sufrido 78.270 confinamientos, 62.360 desplazamientos forzados, 11.737 amenazas, 844 homicidios de líderes, 593 hostigamientos, 306 accidentes de minas antipersona, 299 desapariciones forzadas, 198 delitos contra la integridad sexual, 141 secuestros y 198 niñas y niños fueron reclutados. A esto hay que sumarle que son el pueblo con los mayores índices de suicidios en adolescentes y mujeres indígenas, y con grandes secuelas como la mendicidad en algunas familias.

Por los cumplimientos

Las cifras son alarmantes y explican, según Amanda Tascón Panchi, dirigente de la Confederación nacional Embera –que agremia a los 18 departamentos–, uno de los principales motivos por los cuales su pueblo se ve obligado a buscar refugio en las grandes ciudades o a estar en constante movilización. De ahí que la Corte Constitucional haya declarado, por medio del auto 004 de 2009, que los pueblos embera estaban en grave riesgo de exterminio físico y cultural.

Tascón cree, a pesar de eso, que no se ha cumplido nada de lo dicho por la Corte, ni de lo que quedó consignado para los pueblos indígenas en el Acuerdo de Paz. “Teníamos mucha esperanza, pero el Gobierno no ha cumplido con lo pactado. Nosotros creímos también en el proyecto del presidente Gustavo Petro, pero no vemos el cambio. Es triste decirlo, pero nos toca movilizarnos para reclamar nuestros derechos porque primero somos pueblos indígenas, pero también ciudadanos colombianos”, señala.

Tascón reitera el reclamo por lo que llaman la deuda histórica del Estado, por la guerra y por muchas otras situaciones coyunturales que han vivido. Por eso, insiste, han perdido una gran cantidad de territorio y los que tienen no son aptos para los cultivos, lo que causa enfermedades y hambruna.

Esta era la cuarta vez que Rosa Edilia visitaba Bogotá, pero no le gusta. Dice que es muy difícil de andar, que en el campo está más tranquila y todo lo consigue ahí mismo. Para preparar la comida de estos días tuvo que ir a comprar hasta el centro y todo le pareció muy caro. En su resguardo solo tiene que preocuparse por buscar leña y coger los “primitivos”, como llaman a los plátanos verdes. "La papa allá casi no se consigue", cuenta medio en chiste. Para llegar hasta el CAN se gastaron los poquitos ahorros que tenía la familia, pero cree que vale la pena, “porque estamos luchando por salud y educación, para tener más profesores, para que las mujeres embarazadas puedan dar a luz”.

Su casa está a más de cinco horas del centro urbano de Puerto Rico. Tiene cinco hijos, y mientras ella no está, sus padres los vigilan y la hija mayor se ocupa de los pequeños. En el resguardo se dedican a tejer artesanías, como los collares o karusos (gargantillas) que lleva puestos. El rojo simboliza la sangre, el azul el espacio, el amarillo el sol o la riqueza y el verde la naturaleza o el poder de sus queridas montañas. Una buena pieza puede tomar hasta tres semanas de trabajo. Se queja de que las chaquiras, mostacillas y el hilo que usan cada día están más caros.

Al contrario de lo que afirman algunas versiones difundidas, Marco Fidel dice que no vinieron a Bogotá a pelear con el presidente Petro, sino que “le reafirmaron el respaldo de los indígenas de Risaralda”. Agregan que llegaron por iniciativa propia para dar a conocer las necesidades prioritarias del departamento y comentan que no tenían la intención de quedarse porque son indígenas que aman y cuidan su territorio. “Vinimos a manifestar nuestras necesidades en los cinco principios básicos: salud, educación, territorio, cultura y agua potable”, advierte.

Las conversaciones con el Gobierno empezaron en la tarde del mismo miércoles y se extendieron hasta las tres de la mañana del jueves. El viernes en la madrugada, el diálogo se cerró con un balance positivo. Rodrigo Toro, vocero de la ANT, dice que lo primero que hay que entender del pueblo embera es el contexto de abandono histórico estatal que ha tenido por años. “Este Gobierno es indiferente y no responde con violencia, ni con gases, sino con garantías”, afirma, y aprovecha para enviar un mensaje político.

El vocero piensa que hay que aprovechar estos diálogos con los indígenas para tratar de mejorar sus condiciones de vida, potenciar sus proyectos productivos y respetar su ancestralidad en temas claves como la cultura y la construcción de viviendas.

“No somos ciudadanos de segunda”

En ciudades como Bogotá suelen escucharse constantes cuestionamientos cada vez que la minga hace presencia. Muchos son motivados por el desconocimiento, el racismo o el clasismo, según explica Tascón. Que “quieren todo gratis”, que “quieren quedarse con la tierra”, son algunos de los que se oyen.

Pero la representante embera cree que “los colombianos tienen que entender que la época de la colonización ya pasó”, que los indígenas “no somos ciudadanos de segunda sino originarios de este territorio” y que “no estamos invadiendo ningún centro urbano, sino reclamando lo que nos pertenece”.

Tascón agrega que Colombia tiene todavía una población discriminadora, por lo que también su pueblo reclama respeto y dignidad. “Aquí todos tienen algo de los ancestros que fueron nuestros abuelos y tatarabuelos. Hay una conciencia errónea. Nosotros también hemos ayudado a construir lo que es hoy Colombia”, añade.

Tascón y Gusarava coinciden, finalmente, en que nadie quiere quedarse a dormir en un parque y que, si algunas familias lo hacen, es porque no hay otra alternativa. Agregan que, como a cualquier ciudadano, el Estado debe garantizar los derechos de esas familias. “No nos pueden ofrecer unos acuerdos como si fuéramos un niño al que le dan una chupeta, y después no cumplirnos, porque tenemos la organización y la fuerza para seguir en pie de lucha y en minga”, remata Tascón.

Después de dos jornadas de conversaciones, lideradas por el propio director de la ANT, Felipe Harman, los representantes de los embera de Risaralda, liderados por Gusarava, firmaron un acuerdo en puntos claves como tierras, territorios, atención en salud, servicios de educación y proyectos productivos. "Con ellos esperan que les transformen la vida”, explica Harman. Así, la situación fue resuelta más rápido de lo esperado y por encima de la habitual disputa de responsabilidades sobre el problema entre el Gobierno y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

A algunos de los paisanos de Rosa Edilia y Delba Rosa les esperaban viajes de hasta 18 horas para regresar a sus resguardos en la zona montañosa de Risaralda. Antes tenían que recoger todo lo que trajeron y compraron en el camino, como la pequeña estufa y el cilindro de gas en los que invirtieron 220.000 pesos para poder cocinar el pollo, el arroz y las papas.

En el resguardo las esperan sus hijos y el tambo de techo alto de paja, que nada tiene que ver con la estrechez de estas noches en las que durmieron bajo las frías y pequeñas carpas. “Aquí aburrido: casa más lindo y tranquilo”, dice Rosa en su español embera.